Humberto González Briceño
Humberto González Briceño
En la Venezuela del chavismo eterno, las emergencias no se declaran: se heredan. Lo que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez llaman estado de emergencia económica no es más que la institucionalización de la excepción como forma de gobierno.
Humberto González Briceño
Hace unos días, Rodríguez anunció la extensión por 60 días del decreto que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo para “defender la economía nacional” frente a una supuesta guerra arancelaria impulsada por Washington. En otras latitudes, los estados de excepción son recursos temporales para situaciones límite; aquí son la respiración asistida de un régimen que se asfixia en su propia incompetencia.
El texto del decreto es un menú de facultades absolutas: suspender impuestos, centralizar la recaudación, modificar regulaciones, flexibilizar el endeudamiento, estimular la producción “nacional” y sustituir importaciones. En papel suena a plan de rescate; en la práctica es un cheque en blanco para administrar la quiebra con el mismo instrumental que la provocó. La Asamblea Nacional chavista lo aprueba sin pestañear, el Tribunal Supremo lo bendice, y los militares —accionistas mayoritarios del Estado— lo ejecutan. La economía queda así bajo control quirúrgico, sin contrapesos, sin transparencia y, sobre todo, sin resultados que beneficien a la mayoría.
Desde 2016, Venezuela vive bajo un ciclo interminable de prórrogas de emergencia económica. La excusa ha mutado: ayer fue la caída de los precios del petróleo, luego las sanciones, ahora la “guerra arancelaria” de Trump. El enemigo externo es indispensable; permite justificar la concentración de poder y distraer de la tragedia interna: salarios mínimos que apenas alcanzan para un kilo de queso, hiperinflación que licúa cualquier aumento, y una informalidad laboral que ya es la norma.
Para los trabajadores venezolanos, el decreto significa lo de siempre: promesas de protección que jamás se cumplen y una mayor dependencia del capricho político. El Ejecutivo se reserva la capacidad de “estimular” la producción, pero en un país donde el 60% del empleo es informal, el estímulo termina siendo limosna condicionada a lealtades. Los asalariados del sector público siguen atados a bonos discrecionales en vez de salarios dignos, y en el sector privado la incertidumbre regulatoria congela inversiones y empleo formal.
En el fondo, la extensión del decreto no es una medida económica: es un movimiento de control político. El chavismo administra la penuria como un recurso estratégico. Una población ocupada en sobrevivir difícilmente se organiza para exigir cambios estructurales. La emergencia perpetua permite gobernar sin presupuestos transparentes, sin rendición de cuentas y con la discrecionalidad de un monarca absoluto.
No es exagerado decir que en Venezuela la excepción es la regla. El decreto prorrogado no busca resolver la crisis; busca que la crisis siga siendo el pretexto perfecto para perpetuar un modelo que ha hecho del colapso su zona de confort. Y mientras el país se acostumbra a vivir en esta penumbra institucional, los trabajadores continúan pagando el precio más alto: ser las piezas desechables de una maquinaria que, en nombre de protegerlos, les ha arrebatado hasta la esperanza.
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
