Humberto González Briceño
Venezuela ha alcanzado otro récord mundial: tener el salario mínimo más bajo del planeta, ajustado al tipo de cambio oficial.
Humberto González Briceño
Un dólar mensual. No es una cifra simbólica ni un titular amarillista. Es el saldo —casi literal— de un proyecto político que hizo de la pobreza una estrategia de dominación, y de la ruina social, un sistema de control.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo se fijó en 130 bolívares. En aquel momento, eso equivalía a unos 30 dólares. Hoy, dos años después, con el dólar oficial superando los 130 bolívares, el mismo salario se traduce en un dólar exacto. Un dólar que, en cualquier parte del mundo, no compra más que una botella de agua o una golosina importada. En Venezuela, representa el ingreso legal mensual de millones. Un insulto cronometrado.
Y como el salario mínimo sí incide en el cálculo de utilidades, vacaciones y prestaciones sociales, la maniobra chavista ha sido simple y perversa: pulverizarlo, mantenerlo congelado, y crear un sistema paralelo de bonos discrecionales —fuera de toda protección laboral— que simulan complementar el ingreso de los trabajadores públicos. 160 dólares de dádivas digitales, repartidas entre un «bono de alimentación» y el surrealista «bono de guerra económica». Una ficción monetaria que no cotiza ni derechos ni futuro.
Esto no es un error técnico, ni un descuido macroeconómico. Es una política deliberada. El chavismo no improvisa cuando se trata de empobrecer con método. Lleva años afinando su maquinaria de depredación salarial, convencido de que una población ocupada en sobrevivir no tendrá tiempo ni fuerzas para rebelarse. Y hasta ahora, les ha funcionado.
La consecuencia es un país donde el trabajo ha sido vaciado de contenido. Profesores universitarios ganando entre 1 y 4 dólares mensuales, según denuncia la APUCV. Profesionales calificados condenados a la mendicidad. Técnicos, médicos, investigadores, obreros, todos empujados al exilio o a la economía informal. Cendas calculó recientemente la canasta básica en más de 500 dólares mensuales. Es decir, 500 veces el salario mínimo. Ni los griegos antiguos imaginaron una proporción tan brutal entre lo necesario para vivir y lo que el Estado paga para sobrevivir.
Aquí no hay milagro que valga. Ni «emprendimientos», ni deliverys nocturnos, ni remesas que cubran el abismo. Lo que hay es una tragedia estructural: una nación condenada al trabajo basura, sin derechos ni horizonte, donde la pobreza ya no es un estado transitorio, sino una trampa generacional.
El chavismo, que se jactaba de ser el gobierno de los pobres, ha logrado algo más radical: convertir a casi todos en pobres sin retorno. Ha destruido no solo el ingreso, sino la dignidad asociada al esfuerzo productivo. Y al hacerlo, ha desmantelado uno de los pilares de cualquier democracia: la clase media como sujeto político. Lo que queda es un archipiélago de sobrevivientes, unos mendigando bonos en la plataforma patria, otros lavando pocetas en el extranjero. Pero todos, igualmente rotos.
Podría decirse que esta es la verdadera «guerra económica»: una guerra declarada contra el trabajo digno, contra el profesional que no se arrodilla, contra el joven que no milita, contra el viejo que no emigra. Una guerra que no deja escombros visibles, pero sí cicatrices profundas. Y que, como toda guerra bien diseñada, tiene un objetivo: que nadie crea que es posible otro país.
Por eso, la destrucción del salario no es una consecuencia más del chavismo. Es su columna vertebral. Sin ella, no hay clientelismo que funcione, ni represión que se sostenga, ni fraude electoral que importe. Porque mientras el ciudadano esté ocupado en ver cómo compra un cartón de huevos, no preguntará por el cartón electoral.Tal vez ese sea el punto más siniestro de todo esto: no se trata solo de pobreza. Se trata de control. Y no hay control más eficaz que el hambre dosificada.-
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
