El chavismo ha masificado la pobreza, no solo por su ineficiencia, sino por convicción.
Humberto González Briceño
Cuando la mitad de un país trabaja en la informalidad, la estadística ya no es un dato: es una sentencia. No de muerte, porque el venezolano siempre encuentra maneras de sobrevivir. Pero sí de quiebra. Quiebra del sistema productivo, del contrato social, del modelo económico y, sobre todo, del relato chavista. Porque si algo prueba que la revolución ha fracasado —más allá del colapso institucional, del éxodo masivo o de la hiperinflación convertida en costumbre— es que más del 50% del empleo en Venezuela ocurre fuera de la legalidad.
No se trata de un fenómeno marginal o circunstancial. Es estructural. Entre 2014 y 2021, el empleo informal pasó del 36% al 51%, desplazando al empleo formal como principal forma de ocupación. Una mutación social que no se explica solamente por la crisis económica, sino por el diseño ideológico que la provocó.
El chavismo, en su versión más estatista y populista, destruyó la columna vertebral de la economía nacional: el sector privado. A fuerza de expropiaciones, controles, amenazas y asfixia tributaria, convirtió al empresario en sospechoso, al trabajador en esclavo del salario mínimo y al comerciante informal en héroe de la resistencia cotidiana. En vez de promover el crecimiento y la inversión, erigió un Estado parasitario, improductivo, que terminó por devorar su propia base material.
El resultado: un país donde cada vez hay menos empresas, más pequeñas, con menos empleados y más precariedad. Donde la manufactura —símbolo del desarrollo industrial— se desploma mientras prosperan los oficios de subsistencia: peluquerías, servicios personales, reparaciones menores. Actividades dignas, sin duda, pero insuficientes para sostener una economía moderna. El chavismo logró lo que el neoliberalismo extremo solo soñó: una economía sin sindicatos, sin seguridad social, sin reglas, sin futuro.
La expansión del empleo informal no es una elección, es una condena. Lo elige quien no tiene otra opción. Lo practica quien ha sido expulsado del mercado formal por un entorno hostil, por regulaciones absurdas, por la falta de crédito, por un Estado que cobra sin dar nada a cambio. Y lo tolera un régimen que se beneficia del caos: la informalidad es inmedible, incontrolable, intributable. Es el territorio ideal para el clientelismo, la cooptación y la economía paralela.
En este contexto, hablar de “emprendimiento” como estrategia de superación es una burla. El microemprendimiento —ese eufemismo elegante para disfrazar la miseria— se ha convertido en el nuevo rostro del fracaso revolucionario. No hay Silicon Valley bolivariano, ni unicornio tropical: hay bodegones sin divisas propias, ferias de pacotilla y vendedores ambulantes que escapan a toda estadística oficial. Hay un país que sobrevive al margen del Estado… y a veces contra él.
Cuando la informalidad supera a la formalidad, lo que está en juego no es solo la economía, sino el pacto de ciudadanía. Quien trabaja fuera del sistema, también queda fuera del sistema de protección, de justicia, de derechos. No cotiza, no cobra pensión, no tiene acceso al crédito ni a los beneficios laborales. Y, paradójicamente, es la mayoría. Es la nueva normalidad de un país anómalo.
Eso no es resiliencia. Es abandono.
Y si aún quedan tecnócratas que se preguntan por qué Venezuela no crece, la respuesta está ahí: no se puede construir un país sobre la base de la informalidad. Tampoco se puede reconstruir desde el mismo modelo que lo destruyó.
El chavismo ha masificado la pobreza, no solo por su ineficiencia, sino por convicción. Su modelo no busca riqueza compartida, sino control extendido. En un país empobrecido, el poder se reparte en bolsas CLAP, en bonos digitales, en microconcesiones arbitrarias. El hambre como instrumento de dominación. El trabajo informal como simulacro de libertad.

EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.


