Humberto González Briceño
En otros tiempos, el salario mínimo fue símbolo de justicia social. Hoy es el recordatorio grotesco de un país donde lo mínimo ya no existe. Ni salario, ni justicia, ni país.
Humberto González Briceño
El salario mínimo en Venezuela llegó a un dólar. No por hora, ni por día: por mes. Este no es un dato de la oposición extremista ni un desliz de algún opinador amargado, es la constatación oficial —vergonzosamente oficial— publicada por el propio Banco Central de Venezuela. El salario mínimo mensual de 130 bolívares, que alguna vez aspiró a equivaler a 30 dólares en 2022, hoy apenas compra una empanada y media en el centro de Caracas. Es decir, ha sido pulverizado. O mejor dicho, ha sido deliberadamente aniquilado por el régimen chavista.
Y no hay nada accidental en esta demolición. Se trata de un plan meticuloso, ejecutado con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Bajo el disfraz de una economía asediada por la “guerra económica” y las sanciones, el chavismo ha instaurado un modelo de sobrevivencia clientelar, donde el salario ya no cumple su función básica de remuneración, sino que ha sido reemplazado por un sistema de bonos *ex machina*, tan arbitrarios como opacos, que no generan derechos laborales, ni seguridad, ni futuro. Solo dependencia. Solo sumisión.
El régimen ofrece ahora una limosna digital de 160 dólares mensuales, dividida en dos componentes: un bono de alimentación de 40 dólares y otro, de nombre tragicómico, llamado “bono de guerra económica” de 120. Ambos se pagan con la regularidad de una ruleta rusa y se esfuman con la volatilidad del tipo de cambio impuesto por el propio BCV. No son salario, no cuentan para prestaciones, vacaciones ni jubilaciones. Son el chantaje moderno, la migaja transaccional con la que se mantiene en pie un aparato estatal arruinado.
En esta estructura perversa, los trabajadores no cobran por su trabajo, sino por su obediencia. Los profesores universitarios ganan entre 1 y 4 dólares al mes, como denunció recientemente la APUCV. Y con ello se pretende que instruyan, investiguen, formen generaciones. ¿Qué puede esperarse de un país que trata así a su academia? Nada, salvo el silencio o el exilio.
Por supuesto, la Constitución venezolana sigue diciendo, en su artículo 91, que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Pero ese artículo no se aplica. Como tantos otros, es apenas una ruina legal, un fósil de lo que alguna vez fue un país.
La canasta alimentaria básica —según Cendas-FVM— se ubicó en más de 500 dólares mensuales. Es decir, un venezolano necesita 500 veces su salario mínimo solo para comer. Ni hablemos de salud, vivienda, transporte o educación. Vivimos en un sistema donde trabajar empobrece, donde el esfuerzo no es recompensado y donde la pobreza es política de Estado.
El exgobernador Andrés Velásquez lo dijo sin metáfora: el salario mínimo ha desaparecido. Es el “umbral del infierno”. En rigor, Venezuela ha cruzado ese umbral hace rato. Pero lo que estamos presenciando ahora no es solo el colapso de un indicador económico: es la negación misma del trabajo como dignidad. El chavismo ha convertido al trabajador venezolano en un mendigo institucional.
Y lo más trágico de todo es que esto no escandaliza a nadie en el poder. Maduro y sus ministros celebran sus logros en foros internacionales, mientras los docentes venden tortas en las esquinas, los médicos emigran a pie y los militares emprenden en delitos para “completar el salario”. La distopía es total: quienes deberían garantizar el salario digno lo han eliminado de facto. Y quienes deberían denunciarlo, lo administran como una política pública.
En otros tiempos, el salario mínimo fue símbolo de justicia social. Hoy es el recordatorio grotesco de un país donde lo mínimo ya no existe. Ni salario, ni justicia, ni país.
Solo queda una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una nación sin remuneración? Porque un país sin salario es, en esencia, un país sin contrato social. Y un país sin contrato social solo puede sostenerse mediante el miedo, la propaganda o la fuerza. Justo lo que hay.
EL AUTOR es abogado y analista político, con maestría en Negociación y Conflicto en California State University.
