Humberto González Briceño
El trabajador cobra hoy, pero pierde mañana. Es una lógica de presente perpetuo, funcional a un régimen que necesita mano de obra barata, desprotegida y agradecida por sobrevivir.
Humberto González Briceño
Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, los bonos pagados en moneda extranjera dejan de considerarse salario. Dicho así, en seco, suena técnico, casi administrativo. Pero detrás de esa frase hay una operación política precisa: amputar el salario real de los trabajadores venezolanos sin tocar —al menos en el papel— el discurso oficial que dice “defenderlos”.
Conviene empezar por lo básico. El salario no es una palabra bonita ni un gesto de buena voluntad del empleador. Es una relación social concreta: la forma en que el trabajador recibe una parte del producto social a cambio de su trabajo. Cuando una porción regular y sistemática del ingreso —en este caso, los bonos en divisas— se separa artificialmente del salario, lo que ocurre no es una aclaratoria jurídica, sino una degradación material del trabajador.
El TSJ no está “interpretando” la ley laboral. Está redefiniendo qué cuenta como trabajo pagado y qué no. Y lo hace en un contexto muy específico: una economía donde el salario mínimo en bolívares es prácticamente simbólico, y donde los ingresos reales dependen, en gran medida, de pagos complementarios en dólares. Decir que esos pagos “no son salario” equivale a decir que el trabajador vive de algo que jurídicamente no existe.
El truco es viejo. Si no es salario, entonces no genera prestaciones, no incide en vacaciones, no cuenta para utilidades, ni para indemnizaciones. El trabajador cobra hoy, pero pierde mañana. Es una lógica de presente perpetuo, funcional a un régimen que necesita mano de obra barata, desprotegida y agradecida por sobrevivir.
Aquí aparece la contradicción central. Un poder político que se autoproclama “obrero”, “popular” y “anti-explotación” es el mismo que institucionaliza una figura salarial fragmentada, opaca y jurídicamente débil. Se defiende al trabajador en el discurso, pero se le desarma en la práctica. No es un error: es un diseño.
El fallo del TSJ no responde a una preocupación por la seguridad jurídica. Responde a una necesidad fiscal y política. Reconocer esos bonos como salario implicaría mayores pasivos laborales para el Estado —el mayor empleador del país— y para un sector privado ya asfixiado por regulaciones arbitrarias. La solución no es mejorar el salario real, sino redefinirlo hacia abajo.
Se trata, además, de una pedagogía del acostumbramiento. El trabajador aprende que su ingreso principal no genera derechos; que debe aceptar pagos “especiales”, “extraordinarios”, “no salariales” como si fueran favores. Se rompe así el vínculo entre trabajo y derecho, sustituyéndolo por una relación de dependencia discrecional.
Desde el punto de vista sindical, esta decisión es devastadora. Vacía de contenido la negociación colectiva, porque lo negociado puede pagarse en formas que no consolidan derechos. Convierte al contrato en una cáscara y al sindicato en un gestor de excepciones. No se elimina el salario: se lo pulveriza en fragmentos administrables.
Lo más grave es que esta operación se presenta como neutral, técnica, casi inevitable. Pero no lo es. Es una toma de partido clara en la lucha por la distribución del ingreso. El TSJ actúa aquí como un órgano de orden económico, no como árbitro jurídico. Define qué parte del ingreso cuenta y cuál se desvanece.
En una economía donde el salario formal ya no alcanza para reproducir la vida material del trabajador, separar el ingreso real de su reconocimiento legal es una forma sofisticada de expropiación. No se quita el pan de la mesa hoy; se quita la posibilidad de estabilidad mañana.
Por eso, esta decisión no es solo una agresión jurídica. Es una declaración política contra los trabajadores venezolanos. Y desmonta, sin necesidad de consignas opositoras, la falacia central del régimen: que gobierna en nombre de quienes viven de su trabajo. Gobernar contra el salario es gobernar contra el trabajador, aunque se haga en nombre del pueblo.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
