Aún hay heridas abiertas por lo ocurrido el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989. No hay ni un responsable, ni un detenido por los hechos del Caracazo tras 26 años
Por Patricia Marcano
El anuncio sobre la aplicación del llamado “paquetazo”, necesario para que el Fondo Monetario Internacional financiara al país para salir de la crisis económica de entonces, se hizo días antes, el 16 de febrero.
Contemplaba 20 medidas que iban desde un control de cambio, liberación de las importaciones y de las tasas de interés, aumento de los servicios públicos (50% promedio para electricidad y teléfono) así como de todos los productos (excepto 18 que recibiría subsidios por ser de la canasta básica), hasta el incremento de 30% del pasaje de transporte público, el aumento de la gasolina (100%) y congelar los cargos de la administración pública, entre otros.
Once días después, el lunes 27 de febrero de 1989, entraba en vigencia el aumento del pasaje y el descontento de los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas prendió el estallido. La gente, molesta por la nueva tarifa (medios reseñaron ese día que el pasaje subió de Bs 7 a Bs 10 pero algunos transportistas empezaron a cobrarlo en 12 y hasta 15 bolívares), comenzó a protestar, quemar cauchos y autobuses, y poco a poco lo que se inició en Guarenas, en un terminal, se extendió con saqueos a comercios, abastos y supermercados de esa zona y de Caracas, así como a varias ciudades del país.
“Ese 27 de febrero estábamos todos en la casa, supuestamente estaba pasando algo pero el Gobierno decía que todo estaba en calma y que la gente podía ir a trabajar. Nosotros no entendíamos qué pasaba pero decidimos no salir a los trabajos y nos quedamos en la casa”, recuerda Maritza Romero. Su hermano, Fidel Orlando Romero Castro, fue uno de los fallecidos de ese día.
El informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, de la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), correspondiente al año 1989, se refiere a los hechos ocurridos durante el 27 y 28 de febrero como una poblada, «un fenómeno masivo de protesta popular inédito por su alcance nacional”, y que contó con tres etapas.
La primera fue el 27-F. La gente originó y se sumó a la protesta de manera espontánea, no hubo conducción política y por ello, dice el informe, derivó en saqueos y hechos vandálicos por algunos grupos minoritarios “que desvirtuaron la legítima protesta popular”.
La segunda se registra el 28-F, con la suspensión de las garantías constitucionales ese martes en la tarde, junto a un toque de queda, y la decisión de la Fuerza Armada tomara el control para frenar los saqueos, que siguieron por segundo día y afectaron a todo tipo de comercios. Así, entre el 28-F y el 1º de marzo llegan a la capital unos 10 mil militares para controlar el orden público.
El documento indica que en los dos primeros días se reportaron entre 60 y 80 muertos; y luego de esta decisión de sacar a los militares a la calle “se producen serias violaciones a los derechos humanos” y el número de muertos asciende a 276, según datos oficiales de ese entonces (parlamentarios de la época hablaban de 379).
Y la tercera etapa que identifica Provea se presentó a partir del 6 de marzo, cuando también de manera espontánea los familiares que acudían a la morgue de Bello Monte a buscar a sus deudos empezaron a organizarse y surgieron varios comités para dedicarse a las investigaciones y procesar denuncias sobre desaparecidos, ejecutados y demás violaciones a los derechos humanos.
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“pasaba la guardia disparando, nos tirábamos al piso, eso fue horrible”
Sin rastro
El caso de Fidel Orlando Romero Castro es una muestra de las arbitrariedades que se cometieron durante esa semana. Maritza, su hermana, relata que ese 27-F Fidel salió como a las 6 pm, pese a haber toque de queda, para hacer una llamada telefónica a su trabajo. En esos años eran pocas las familias que tenían teléfono en sus hogares, por lo que era común ir a las “cabinas” de teléfonos públicos.
Una hora después vecinos comienzan a decir que había un cadáver en la avenida. Ellos vivían en Baruta y la avenida era Los Guayabitos. Para allá fue Fidel. “Subimos a ver y cuando llegamos vimos que era mi hermano”. Tenía una herida de FAL (Fusil Automático Liviano) en el estómago.
Les costó llevarlo aun centro de salud porque no había gente en la calle, solo policías y militares pero estos no daban ayuda. Un vecino sacó su carro y allí lo trasladaron hasta el hospital Pérez de León, en Petare. Le hicieron una operación que duró 9 horas, recuerda Maritza, y les dijeron que estaba fuera de peligro. Al día siguiente, el 1º de marzo, falleció a las 11am; su mamá lo acompañó en esas horas. Fidel Orlando tenía 24 años y era albañil.
La familia, numerosa, se dividió para hacer lo que correspondía: ir al hospital a acompañar a la mamá y hacer los trámites, buscar una funeraria, ir al cementerio y a la morgue. En el Pérez de León les informaron que enviarían el cuerpo a Bello Monte. Un hermano de Maritza va el 2 de marzo a la morgue y le dicen que ese cadáver no ha llegado.
“Él logra entrar y ve que hay pilas y pilas de cadáveres. Empezó a buscar a nuestro hermano y lo encontró. Lo puso sobre la mesa de autopsias pero como eran casi las 6 de la tarde le dijeron que se fuera, que iba a empezar el toque de queda y que ellos al terminar la autopsia lo enviarían a la funeraria”.
Pero nunca llegó. Maritza Romero recuerda que esa noche estuvieron esperando que llegara el cuerpo y nada, “pasaba la guardia disparando, nos tirábamos al piso, eso fue horrible”. Vuelven a ir al día siguiente a la morgue de Bello Monte y se consiguen con decenas de familiares que estaban pasando por la misma situación, no aparecían los cuerpos. Los cadáveres que vio su hermano el día anterior ya no estaban en la medicatura forense.
“Decían que los habían desaparecido, otros comentaban que habían enterrado a varios en una fosa común, en el Cementerio General del Sur, en la noche”. El lugar es el que se conoce como La Peste. Fueron hasta el camposanto y vieron tierra removida en ese sector. “Desde entonces empezamos con la lucha para conseguir a mi hermano. Mi mamá quería que apareciera el cuerpo para darle cristiana sepultura, ya teníamos el lugar donde lo íbamos a enterrar».
Dentro de su casa
Wolfang Quintana tenía 20 años. El 2 de marzo de 1989 fue a trabajar y regresó a su casa, ubicada en El Guarataro, temprano en la tarde. “Estábamos conversando dentro de la casa, cerca de un ventanal desde donde se veía la avenida San Martín. Él tenía a mi hija de tres meses en sus brazos. Yo le pregunto la hora, me dice que son más de las 6, y le digo que nos retiremos, por el toque de queda. Cuando me retiro escucho un disparo. Le dieron un tiro que le entró por el pecho y salió por el costado. Era una bala de FAL. Eran como las 6:20 de la tarde”, cuenta Yris Medina, su esposa.
“la táctica militar en zonas populares era el tiroteo indiscriminado hacia apartamentos y viviendas, en respuesta a un mínimo de francotiradores”
Wolfang pudo dejar a la bebé en su coche y caminó hasta la puerta de la casa, donde se desplomó.
“Pudimos sacarlo y lo llevamos a una clínica en la avenida José Ángel Lamas, pero llegó sin signos vitales. Nos dijeron que por la situación del país teníamos que llevarlo nosotros a la morgue. Cuando íbamos en camino por la avenida Baralt, frente a la plaza Miranda, nos paran unos militares y nos dicen que no podemos circular, que dejemos el cuerpo ahí y que ellos se encargaban de llevarlo a Bello Monte, y que lo buscáramos al día siguiente. No queríamos dejarlo allí pero no nos permitieron circular”, narra Yris.
Lograron rescatar el cadáver de Wolfang el 4 de marzo en la tarde, en la morgue. Lo velaron muy pocas horas y lo enterraron, todo rápido porque los cementerios cerraban al mediodía.
“Esos días nos cayeron por sorpresa. No entendíamos qué pasaba en el país, no teníamos respuestas para esa situación que nunca habíamos vivido. Fue difícil aceptar la pérdida, aceptar que lo mataron dentro de la casa, en el lugar que se supone es seguro para tu familia, donde te sientes seguro. Era difícil entender que en esos días no respondían por tu vida y te mataban en la calle”, dice Yris, quien en ese momento tenía 19 años.
La familia no quería denunciar el hecho, Yris se convenció después de recibir la visita de Liliana Ortega en su casa, quien le informa que hay un grupo de familiares denunciando los casos y le pregunta si quería hacer lo mismo.
“Me daba miedo, me parecía difícil porque no sabía quién le disparó a Wolfang, solo sabía que eran militares los que estaban en la avenida apuntando hacia los edificios y las casas, pero me dijo que sí se podía hacer algo, que el Estado debía proteger al pueblo y no hacer disparos indiscriminadamente. Decidí denunciar y asumí la responsabilidad”.
El informe de Provea del año 1989 indica que la mayoría de las muertes en esos días ocurrieron por heridas de bala, alojadas de la cintura hacia arriba y en horas del toque de queda; “la táctica militar en zonas populares era el tiroteo indiscriminado hacia apartamentos y viviendas, en respuesta a un mínimo de francotiradores”. También hubo ejecuciones y allanamientos.
Las garantías constitucionales que estuvieron suspendidas fueron las de inviolabilidad del hogar, libre tránsito, libertad individual, libertad de expresión y los derechos de reunión pública y manifestación pacífica.
Nadie ha sido condenado
Durante esos primeros días de marzo del 89, decenas de familiares de víctimas coinciden a las puertas de la medicatura forense de Bello Monte. Buscaban lo mismo, a sus seres queridos, muchos desaparecidos. Y es así como surge Cofavic, el Comité de Familiares y Víctimas del 27 y 28 de febrero.
Organizados, comienzan a exigir que aparezcan los cadáveres ante distintas instancias. No hubo respuestas en el primer año. En abril de 1990, un grupo de familiares se encadenó en Miraflores, entre ellos la mamá de Fidel y Maritza, e Yris, insistiendo en que se exhumaran los cuerpos que estaban en La Peste. Siete meses después, la Fiscalía General de la República falla a favor y fija la exhumación para el 26 de noviembre.
«Todavía estamos esperando que se investiguen los hechos del Caracazo”
Maritza explica que la investigación estuvo a cargo de un equipo de antropología forense de Argentina. Los familiares los acompañaron hasta el Cementerio del Sur y constataron la existencia de fosas comunes. “Comenzaron a excavar y hallaron 68 cuerpos del Caracazo. Ahí comprobaron que hubo violación de derechos humanos porque la mayoría de los cuerpos tenían tiros en la cabeza”.
Después de casi dos años “instaladas” en el sector La Peste, cuidando los restos mientras se analizaban, tuvieron que irse por la inseguridad y porque cambiaron al juez del caso; el sustituto dejó decaer la investigación. Al final lograron identificar a tres cuerpos y los entregaron a sus familiares; los otros 65 fueron colocados en nichos. “Mi hermano nunca apareció”, dice Maritza.
Ante la falta de acciones en Venezuela, Cofavic preparó el expediente de 45 casos del Caracazo, los más documentados, y con aprobación de las familias los presentó en 1995 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguieron cuatro años más de trámites e investigaciones y en 1999 la Comisión presenta la demanda ante la Corte Interamericana. Meses después se dicta sentencia y en 2002 fijó las indemnizaciones para esos 45 casos.
“Esa la única sentencia que hay sobre el Caracazo, pero hasta ahora el Estado con lo único que cumplió fue con las indemnizaciones. No hay ni un responsable de los hechos, no hay ni un detenido. Estamos en etapa inicial después de 26 años. Todavía estamos esperando que se investiguen los hechos del Caracazo”, señaló Yris Medina.
La sentencia de la CIDH pide al Estado venezolano investigar, identificar y sancionar a los responsables; exhumar los restos para hallar a los desaparecidos y entregárselos a sus familiares, correr con los gastos funerarios, adoptar planes de seguridad que garanticen los Derechos Humanos en casos similares al Caracazo, entre otras.
Maritza e Yris recuerdan que en 2009 se hizo otra exhumación de los cuerpos que estaban en los nichos, pero en lugar de 65 hallaron 125 osamentas. Ambas se preguntan por qué si en la primera dejaron menos, y de dónde salieron los demás. Trasladaron los restos a Fuerte Tiuna, hecho con el que no están de acuerdo porque todo indica que los responsables de las violaciones de derechos humanos fueron los militares. “Eso es ir para atrás, pero no nos escucharon. A Cofavic no la toman en cuenta”.
En esa ocasión llamaron a familiares para pedirles pruebas de ADN y al final se identificaron otros tres cuerpos, ninguno era del grupo de Cofavic que llegó a la CIDH. En los últimos seis años tampoco ha habido información sobre esa investigación ni los dejan revisar los expedientes.
El Ministerio Público tiene 336 investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos el 27 y 28 de febrero de 1989
Rechazan que se conmemore políticamente esa fecha y las etiquetas que ha le han dado a las víctimas. “Wolfang no era un mártir, él no quería morir, él tenía 20 años, estaba empezando una familia, quería vivir. Su muerte no fue justa”, dice tajante Yris. Además, Mairtza acota que es una fecha de la que no hay nada que celebrar, porque los casos “están en impunidad total”.
Ambas trabajan desde hace 26 años en Cofavic (son fundadoras). Comenzaron exigiendo justicia para sus familiares y ahora son activistas y defensoras de los derechos humanos.
“Mi mamá sigue esperando justicia. Yo creo que después de 26 años no voy a recuperar a mi hermano, ni voy a saber qué le pasó ni quiénes fueron los culpables, pero me queda la satisfacción de haber aprendido muchísimo sobre derechos humanos y estar ayudando a otros para que no pasen por lo que yo pasé. Fidel nunca se imaginó que yo terminaría trabajando en esto”, comenta Maritza.
El año pasado, la fiscal Luisa Ortega informó, en un acto por los 25 años del Caracazo, que el Ministerio Público tiene 336 investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos el 27 y 28 de febrero de 1989, y que han acusado a nueve personas por el delito de homicidio intencional calificado en grado de cómplice necesario, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, siete de ellas se encuentran en fase de juicio. Ayer, el presidente Nicolás Maduro dijo en cadena nacional que en el Caracazo hubo «más de 6 mil víctimas».
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
