“Transitamos hacia una cosa que todavía no sabemos qué es, estamos en un período que algunos llaman poschavismo”, dice el sociólogo y activista de los derechos humanos, Rafael Uzcátegui
Patricia Marcano
“El carácter de la crisis que experimenta el país es de una profundidad y una extensión que comprende diferentes aspectos de la sociedad venezolana, en lo social, económico y político. Creemos que no es una crisis de corto alcance, una crisis coyuntural superable en el corto plazo, sino que constituye una crisis estructural que se agudizó desde hace una década”.
Así comienza el informe titulado «Situación de los Derechos Humanos en Venezuela», del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Una observación ajustada a la realidad actual, pero que no fue planteada este año ni en 2014.
Corresponde al primer informe anual presentado por la ONG en 1989. “Tú lees ese y los primeros informes de Provea y te dan ganas de llorar. Estamos igual que hace 26 años”, señala Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización.
Frente a un contexto país que algunos han señalado ser igual o peor al existente en 1989, y que derivó en el estallido social bautizado como “El Caracazo”, Uzcátegui aclara que hay similitudes y diferencias, pero siempre debe tenerse en cuenta que los procesos históricos no se repiten nunca de la misma manera.
«Estamos igual que hace 26 años»
“Provea, en 1989, decía que el gobierno estaba cargando en hombros de las personas menos favorecidas una serie de errores en materia económica y que había una crisis de legitimidad del sistema político. Hablábamos de que se estaba aplicando un paquete que tenía tres dimensiones: un paquete económico, uno judicial y otro represivo”.
En el económico, explica, había un proceso de devaluación de la moneda, pérdida del poder adquisitivo, una alta inflación, dificultad de acceso a los productos (en ese momento era por acaparamiento, en espera para subir los precios), y una serie de políticas económicas que intentaban reducir el déficit fiscal aumentando los impuestos, la gasolina, el pasaje y servicios básicos.
El caso de Kluiverth Roa
El asesinato del liceísta de 14 años Kluiverth Roa, el martes 24 de febrero en San Cristóbal, tras recibir un disparo en la cabeza por policía nacional bolivariano, no puede manejarse como una consecuencia de la Resolución 8610, que le da competencia a las Fuerzas Armadas para intervenir en manifestaciones pública y usar armas de fuego.
“Creemos que Kluiverth Roa es una víctima de ese discurso que plantea que el conflicto venezolano es un conflicto de guerra. Esa es una visión errada que desde provea rechazamos”, dice Rafael Uzcátegui, coordinador general de esta ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Aclara que Roa no fue víctima de la Resolución 8610 porque quien actuó fue un PNB, y la normativa regula a la FANB. “Pero tanto la resolución como este joven asesinado son consecuencias de la política de militarización del país, donde el Ejecutivo dice que las personas que protestan en la calle forman parte de una conspiración. Eso es grave porque el mensaje que están dando a los cuerpos de seguridad es que no van a enfrentarse a ciudadanos que exigen derechos y demandas sociales o políticas, sino a personas que tienen un plan conspirativo, manipulado por fuerzas extranjeras, y por tanto es un enemigo que debe ser neutralizado”. Insistió en que esta resolución es inconstitucional, contraria a lo establecido en los artículos 329 y 68 de la Carta Magna.
“En el 89 teníamos por lo menos 10 años de desgaste del modelo político, donde el catalizador fue el viernes negro. Pero en la Venezuela reciente, ese hecho catalizador sería la muerte del presidente Hugo Chávez»
“Ese paquete del 89 tiene similitudes con lo que se está anunciando ahora, aunque se está haciendo de manera progresiva. En ese momento se anunció todo de una vez. Ahora en camino el aumento de la gasolina, tenemos una alta inflación y hay problemas para conseguir productos aunque es más que todo por escasez, el acaparamiento es en menor medida. Pero también hay un par de diferencias y es que en el 89 se intentaba reducir el tamaño del Estado para poder recibir el financiamiento bajo las reglas neoliberales y ahora se ha agigantado. Además, en ese momento se intentaban diversificar las exportaciones y actualmente se está profundizando el modelo petrolero y minero, al entregar esos recursos a compañías trasnacionales a través de empresas mixtas”.
En lo judicial, recuerda que hace 26 años se reclamaba que no había voluntad política para garantizar los derechos contemplados en la Constitución, la falta de independencia del poder judicial y la partidización. “Todo esto es similar a lo que pasa ahora, tenemos leyes muy positivas en materia de derechos humanos, incluyendo la Carta Magna, pero no se cumplen”.
Y detalla que también hay hechos que afianzan la represión, como la criminalización de la protesta, la militarización del orden público y la creación de un estado parapolicial con la aprobación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3). “Es decir, se está privilegiando la respuesta represiva a una situación de malestar de la ciudadanía, que debería ser canalizada por mecanismos democráticos”.
Pero la vigencia de las tres dimensiones presentes hace 26 años no implican que los mismos hechos de febrero y marzo de 1989 estén por ocurrir, aclara Uzcátegui. Lo dice por una variable que, considera, no está presente ahora.
“En el 89 teníamos por lo menos 10 años de desgaste del modelo político, donde el catalizador fue el viernes negro. Pero en la Venezuela reciente, ese hecho catalizador sería la muerte del presidente Hugo Chávez. La persona que representaba y aglutinaba el modelo ya no existe, se está viviendo una crisis económica que Chávez no vivió y el modelo que construyó es imposible sostenerlo en su ausencia. Por eso, como sociólogos, hablamos de que estamos en una transición hacia un modelo de gobierno diferente porque ya no está la persona que lo sostenía. Estamos transitando hacia una cosa que todavía no sabemos qué es, y estamos en un período que algunos llaman poschavismo. En definitiva, tenemos dos años de desgaste abierto, no ha pasado tanto tiempo como en el 89″.
Las protestas se alejan de Caracas
Ante la pregunta de si es posible o no que ocurra otro “Caracazo”, Uzcátegui recuerda que este gobierno nació al calor de esa explosión social y la ha usado como elemento simbólico. Por tanto, señala, hay temor y se actúa con cuidado para que esos hechos no se repitan.
Recuerda que lo ocurrido durante el 27 y 28 de febrero, así como en los primeros días de marzo de 1989, fueron hechos sin precedentes.
“En el 89 la mayor cantidad de personas muertas no ocurrieron en las jornadas de saqueos sino durante el horario del toque de queda, los militares patrullaban y argumentaban que les disparaban desde algunos edificios y por ello respondían de forma indiscriminada. La suspensión de garantías y el toque de queda fueron situaciones inéditas. Desde entonces en Caracas hemos vivido a la sombra del ‘Caracazo’. Nadie quiere que pase de nuevo, por eso hay que tener cuidado con los términos», apunta el sociólogo.
A su juicio, una de las medidas que se han implementado para evitar otro “sacudón” es el incremento de la presencia militar en las calles, recientemente en las colas de los establecimientos. “Buscan que la gente se inhiba y se invisibilicen los problemas. En Caracas hay temor por esa presencia militar porque la gente entiende que eso no es normal”.
“Estamos transitando hacia una cosa que todavía no sabemos qué es»
No obstante, asegura que es previsible que frente a una situación de crisis económica como la existente, la gente salga a protestar. “Y si la respuesta del gobierno va a ser similar a la que hemos visto en los últimos días, lo que está haciendo es alimentando la indignación y elevando los niveles de conflictividad. Una de las cosas que alertamos desde Provea es que si tú dificultas, obstaculizas o prohíbes la manifestación pacífica estás estimulando la protesta violenta”.
Además de alertar sobre ese aumento de la conflictividad, alimentado por decisiones represivas y de índole militar, el coordinador general de Provea destaca que actualmente se está viendo un cambio en las protestas. Un hecho que denomina “descentralización de la movilización”.
Mientras en 2004, otro año de crisis, los venezolanos viajaban del interior del país a Caracas para protestar, y la capital del país era el epicentro de las movilizaciones, desde el año pasado han notado un cambio. La protesta del 12 de febrero tuvo sus orígenes en manifestaciones efectuadas en Táchira semanas anteriores.
“El 12 de febrero estábamos desconcertados por lo que veíamos a la 1 de la tarde. En ese momento había 12 movilizaciones en 12 ciudades del país, todas tan importantes como la que se estaba dando en Caracas. Esta semana, por ejemplo, no se registraron grandes situaciones en Caracas, pero en el interior sí. En los estados tienen años con varios problemas acumulados, en cambio en Caracas la escasez se está viendo ahora. Además la represión se mantuvo en distintos puntos del país. Podríamos hablar de una escalada de la conflictividad que puede ser diferente al 89, porque hay otros elementos en juego y que pareciera se va a registrar en diferentes puntos del país”.
“Todavía no somos testigos del peor momento de la crisis venezolana”
Frente a estos escenarios, Uzcátegui advierte que la conjunción de la crisis económica y de legitimidad política es preocupante. En el 89 se determinó que no hubo partido político que pudiera canalizar ni frenar esas protestas espontáneas y posteriores saqueos.
Actualmente ni gobierno ni oposición tienen la misma capacidad de convocatoria por una crisis de representatividad en ambos, detalla el sociólogo. Por ende, la gente puede estar buscando nuevos referentes y en el camino pueden encontrar figuras positivas y democráticas o figuras negativas que lleven a una situación indeseada.
“Desde Provea creemos que hace falta un diálogo, siempre hemos apostado a eso. Hoy el presidente Maduro tiene la posibilidad de disminuir las tensiones convocando a un proceso de diálogo de manera genuina y honesta. Estamos en presencia de una crisis estructural que no se va a solucionar mágicamente si el Presidente se va o se queda; el problema es mucho más complejo que eso y para superarlo tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos. Además, creo que todavía no somos testigos del peor momento de la crisis venezolana”.
Ni violencia ni impunidad
El Comité de Familiares y Víctimas del “Caracazo” (Cofavic), emitió un comunicado tras cumplirse el viernes 26 años de esos sucesos. “En el ‘Caracazo’ existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos. La historia de los jóvenes de nuestras fuerzas de seguridad que dispararon hace 26 años contra el pueblo, no puede seguir repitiéndose con los jóvenes policías o militares de hoy, reprimiendo a otros jóvenes de nuestro pueblo. Nuestro país merece que a 26 años del Caracazo no se repita la historia de violencia y de impunidad y esa tarea principalmente está ahora en manos del Gobierno y de las autoridades con competencia en materia de derechos humanos. A esa tarea debemos sumarnos todos sin dilaciones”.
Exigen que acabe la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos, así como derogar la Resolución 8610, entre otras medidas.
A 26 años del Caracazo, Cofavic reclama que “no se haya establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad”. Además piden publicar los nombres de las víctimas.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
