Aparentemente Ledezma se habría valido de su cargo público, su partido y su presencia en los medios para convocar las movilizaciones violentas de 2014
Jesús Silva R.
Desde nuestra trinchera de chavistas de a pie y permanentes estudiosos de la Constitución, hemos efectuado un categórico llamado a que se respeten los derechos humanos de Antonio Ledezma y el debido proceso, consagrado en el artículo 49 constitucional. Ahora bien, los delitos imputados al Alcalde no parecen descabellados porque existe la apariencia de que los servicios de inteligencia del Estado y la Fiscalía habrían recopilado indicios que lo vinculan con tales infracciones a partir de su actuación como promotor de las guarimbas conocidas como “La Salida” y comunicados en prensa donde ha llama a sustituir el gobierno fuera del marco constitucional.
Sólo un juicio penal dirá si es culpable o inocente, por ahora sólo podemos expresar un criterio académico como juristas y es que revisando el artículo 132 del Código Penal encontramos los supuestos fácticos del delito de conspiración: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana (…)” De seguidas dice el mismo artículo: “el llamado a poderes extranjeros a intervenir en asuntos de Venezuela’”.
Entonces, aparentemente Ledezma se habría valido de su cargo público, su partido y su presencia en los medios para convocar las movilizaciones violentas de 2014, con el fin de instalar un caos nacional que forzara a Maduro a dejar Miraflores. Ledezma procuró apoyo internacional con viajes, reuniones y lobby exhaustivo para fortalecer las guarimbas y derrocar al gobierno.
Habrá que ver el desarrollo del respectivo juicio pero sin duda que si en vez de ser Maduro el presidente atacado, lo fuera Rómulo Betancourt, ese inmisericorde tirano adeco habría ordenado a policías y militares aplicar, sin juicio previo, su doctrina criminal contra los alzados: “Disparen primero y averigüen después”.
Sectas de opositores enfermos de odio no descansan y en represalia contra este revolucionario (que dicen ellos aparece hasta en la sopa opinando) pusieron a circular en Twitter una foto descontextualizada de quien suscribe al lado de una avioneta y afirmaron que la misma es de mi propiedad. 1600 tweets se prestaron para tan cobarde falacia de otras muchas que circulan en contra obreros revolucionarios que predicamos verdades en defensa de una patria igualitaria.
Hoy preguntamos para qué deben ser usados los medios y parte de la respuesta pudiera nacer de la Constitución, cuyo artículo 108 dice que “los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana”, esto es un mandato de corresponsabilidad social entre autoridades del poder público y el poder popular.
Niños, niñas y adolescentes son receptores susceptibles a la influencia mediática. De allí que usar la TV para fomentar odio en nombre del entretenimiento libre o la diversión sin censura, es una sofisticada manera de delinquir con fines políticos y debe ser erradicada; principalmente en resguardo del derecho de la infantoadolescencia a recibir una información adecuada para su desarrollo integral como lo dicta el artículo 58 constitucional.
Por tal motivo, corporaciones que lucran con programas ruines deben ser examinadas, ya que es una vulneración contra los intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano, cuando impunemente se difunden descontextualizadas escenas de crímenes, asesinatos, violaciones, torturas físicas o psicológicas, narcotráfico, prostitución, trata de personas y cosificación sexual. Contra la basura mediática, el Estado debe accionar constitucionalmente.
Aprovecho esta tribuna para hacer un llamado al Presidente Nicolás Maduro y a su ministro de educación universitaria, como profesor de la UCV, conozco desde adentro que los grupos que allí gobiernan en escuelas y facultades persiguen a los revolucionarios mediante fascismo académico. Ocurre que recientemente un tribunal dictó amparo constitucional en defensa de mi estabilidad como profesor pero la escuela de estudios políticos y administrativos (EEPA) comete desacato contra el tribunal.
Todo nace de una mafia liderada por un oportunista camaleónico conocido como “El diablo”, quien en los pasillos excita el anticomunismo de sus ortodoxos colegas ucevistas para desacatar la orden del tribunal y excluirme de la programación académica como represalia fascista contra mi labor de abogado constitucionalista, profesor universitario desde 1998 y permanente opinador socialista en prensa, radio y tv dentro y fuera de Venezuela.
Presidente Maduro: Restituya la pluralidad en la UCV, dicte decreto estableciendo la estabilidad laboral absoluta de quienes en la UCV somos docentes contratados por más de 2 años y tenemos derechos conquistados como lo manda la cláusula 42 del Acta Convenio de la APUCV. Presidente, no permita más procedimientos administrativos fraudulentos como arma de destrucción política contra los docentes de izquierda que diariamente damos la cara públicamente por esta revolución.
