Con el paso de los años la burocracia en el poder continúa perfeccionando técnicas de segregación
EDE
El amedrentamiento es una política recurrente dentro de los organismos del Estado. Los trabajadores son amenazados y en muchos casos humillados por disentir. El más reciente caso de esta práctica fascista ha llegado con las famosas firmas contra el decreto de Obama. Si ya la coacción para que los empleados firmaran la petición era algo grave, las secuelas que comienza a mostrar este episodio son alarmantes. Personas que no quisieron firmar ahora son humilladas y muchas veces segregadas por haber “traicionado a los que le dan de comer”. Estas acciones antidemocráticas por parte de los jefes inmediatos no hacen más que atropellar los derechos de los venezolanos. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben estar alertas ante estas situaciones contrarias a las garantías constitucionales. Nadie tiene el derecho de presionar o vejar a un trabajador que piense distinto. Nadie puede amenazar el bienestar de una familia al condicionar beneficios o créditos del Estado a la “lealtad” con la revolución. La tentación autoritaria se ha permeado en los rangos medios de la administración pública, con el aval de los más poderosos, reeditando los bochornosos episodios de la lista Tascón.