No basta con que los gobiernos sean elegidos por el voto popular para describirse como democráticos, porque democracia es garantía de que todos los derechos sean para todas las personas.
Tamara Suju Roa
Las organizaciones de derechos humanos son creadas para servir a la sociedad. Promueven y defienden los derechos humanos y en las democracias más avanzadas, los gobiernos no sólo se preocupan en solucionar las denuncias que ellas hacen, sino que las invitan a que aporten soluciones y a que estén vigilantes de que la situación denunciada sea solventada. Claro, esto sucede cuando el Estado es sólido, es educado, respetuoso de los derechos individuales y colectivos, y cuyas Instituciones están al servicio de la comunidad, para progresar y brindar bienestar social. Un ejemplo de esto son Finlandia y Noruega. La protección de los derechos humanos es la espina dorsal de los sistemas democráticos. No basta con que los gobiernos sean elegidos democráticamente, porque democracia es también la separación e independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión, el imperio de la ley y el estado de derecho, el pluralismo político, entre otros. Lamentablemente, en Latinoamérica los últimos años ha habido una perversidad especial de sus gobernantes de hacerse elegir democráticamente para luego conculcar los derechos humanos, engañando a sus electores y utilizando esas mismas instituciones que le permitieron ser elegido, para destruir el estado de derecho, y realizar cambios profundos en su sociedad y en su sistema legal con el objetivo de someter a la gente y secuestrar las Instituciones. Prácticamente en un absolutismo o dictadura moderna, a quienes algunos han empezado a llamar “dictocracia” porque no terminan de implantar un totalitarismo tal y como se han implantado en otros países o en otros tiempos, porque el mundo moderno, las relaciones comerciales y la globalización no se lo permiten. Venezuela es la cabeza de este ejemplo en Latinoamérica. El gobierno represor tolera de algún modo a la oposición y disidencia y permite la existencia de otros partidos políticos, a los que les da algunos espacios, como curules en la Asamblea Nacional, alcaldías y algunas gobernaciones, para lavarse la cara internacionalmente. Pero el control sobre todos los poderes del Estado y sus instituciones, lo tiene el Régimen. Todos son apéndices del Ejecutivo, sin independencia y además se ha impuesto la militarización de las instituciones y de la sociedad civil. Ante esto, la importancia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En Venezuela, existen múltiples organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando, cada una de ellas en su tema específico, y que en los últimos años nos han servido de referencia para conocer por ejemplo la situación carcelaria, la situación social, la situación en el sistema de salud, en la educación, el empobrecimiento, el crecimiento de la violencia, el aumento de la represión, todas trabajando bajo los estándares que sobre derechos humanos, mantienen los organismos internacionales de protección. A ellas acuden los ciudadanos para denunciar violaciones a sus derechos, cuando no consiguen en las Instituciones respuestas a sus denuncias. Pero la labor más ardua es la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo cuando ocurren de forma masiva, como la violencia carcelaria y la represión de las manifestaciones. El año pasado, estas dos categorías fueron protagonistas. Todos conocemos los hechos. A raíz del arduo trabajo de las ONG, para asistir, defender y recopilar los testimonios de miles de personas que sufrieron los excesos policiales, que fueron víctimas de torturas y tratos crueles, o cualquier forma en la que se puede manifestar la represión, bien sea en contra de la libertad de información y de expresión o en contra de quienes asistieron médicamente a los heridos por ejemplo, el régimen se ha dedicado a criminalizarlas, persiguiendo a sus directivos y miembros, a quienes tilda de desestabilizadores y acusa de «mal poner al gobierno en el exterior» o bien, de trabajar para el «imperio» o recibir fondos del mismo. Los funcionarios del régimen que han despilfarrado el dinero de todos los venezolanos, han recorrido el mundo para mostrarse como falsas víctimas, porque según ellos, la oposición democrática -que ahora suma el 80% de la población, que no tiene armas, que tiene hambre, que está en la calle exigiendo seguridad, servicios públicos que funcionen, medicinas y asistencia hospitalaria- les está exigiendo que dejen la demagogia y se pongan a trabajar. Son estos 15 años de «revolución» los que han provocado la violencia. Ellos se aferran al voto que los llevo al poder, en una votación por cierto bien cuestionada y cuyos resultados todavía esperan respuestas por ejemplo, de la impugnación presentada ante CIDH, para imponer su proyecto de poder, violando la Constitución Nacional en todos sus artículos, conculcando los Derechos Humanos y secuestrando los poderes y las Instituciones públicas. Como dije al principio, no basta con que los gobiernos sean elegidos por el voto popular para describirse como democráticos, porque democracia es, para empezar, la garantía de que todos los derechos sean para todas las personas, sin discriminación. El régimen venezolano no necesita que nadie lo “mal ponga” internacionalmente. Ellos, con todas las violaciones de derechos humanos que han cometido, con todas las denuncias que han salido a la luz pública sobre lavado de capitales, corrupción, narcotráfico, y fabricación de pasaportes para personas en el extranjero ligadas a grupos extremistas, son los que se mal ponen ante la comunidad internacional. Las ONG lo que hacen es una invalorable, valiente e inagotable labor para, de alguna forma , proteger con sus denuncias a todos los venezolanos que se sienten vulnerables o han sido víctimas de violación de sus derechos humanos y que no confían y no creen en unas Instituciones que no garantizan sus derechos. El trabajo de éstas organizaciones hará que la la historia no olvide lo que sucedió en estos años de un nefasto proyecto de poder, que terminó convertido en una mezcla de todo lo malo que arrastran los sistemas no democráticos del mundo. El respeto y trato de los gobiernos hacia sus adversarios políticos, hacia aquellos que reclaman sus derechos, a los presos, y a las ONG de DDHH es directamente proporcional al talante democrático o antidemocrático que exhiben.
