El Gobierno está inaugurando una práctica muy perniciosa, que no recuerdo ocurriera con esa intensidad en el pasado adecocopeyano.
Luis Fuenmayor Toro
Es más que despreciable y cobarde la actitud gubernamental de perseguir a los venezolanos por el simple hecho de emitir una opinión, que a los oídos hipersensibles del Gobierno pudiera sonar como una crítica a su gestión. Se trata además de una acción totalmente inconstitucional, ilegal y contraria a la democracia, producto de regímenes dictatoriales, que se apoya en utilizar todo el poder que significa el control del aparato del Estado, para amedrentar y yugular toda protesta social. En muchos casos, incluso, se embiste contra ciudadanos comunes, preocupados por el país, interesados sólo en que se les oiga y se evite de esa manera la ocurrencia de una serie de contratiempos, que agravarían las condiciones de vida y profundizarían la desdicha de los venezolanos todos.
Hemos sido testigos de casos diversos, en los que una opinión experta es tomada inmediatamente como un intento desestabilizador y golpista sin ninguna prueba real, y los involucrados detenidos de inmediato por la policía política del régimen, privados de su libertad, imputados y sometidos a un proceso judicial penal absurdo y totalmente ilegal, que descubre nacional e internacionalmente al Gobierno como un régimen de carácter dictatorial. Pareciera que el desasosiego gubernamental, a raíz de los resultados obtenidos en las encuestas de opinión, ha alcanzado niveles muy elevados, que lo están llevando a asumir posiciones muy peligrosas para la salud de la nación venezolana; nada genera mayor riesgo que un gobierno enloquecido, víctima de una paranoia que lo hace sentir terror ante el pronunciamiento negativo de cualquier ciudadano.
Son varios los casos concretos que saltan a nuestra mente y que nos han dejado perplejos en su momento. El Presidente del Colegio de Médicos de un estado del centro del país, ante la ocurrencia de seis muertes en un hospital oficial, luego de una fulminante enfermedad febril de causa no diagnosticada, y ante el temor del desencadenamiento de una epidemia de causa desconocida, denuncia públicamente lo ocurrido y es inmediatamente acusado de aterrorizar a la población con propósito desestabilizador, por lo que se ordena su detención. El gobierno regional de la entidad inmediatamente desmiente la versión del galeno, mediante una simple visita del hospital señalado y una conversación con médicos afectos políticamente. Las pesquisas posteriores del sistema de salud revelaron que la denuncia era cierta: las muertes sí habían ocurrido y se trataba de cuatro casos de chikungunya y uno de dengue.
Otro caso emblemático es el de un ingeniero larense especialista del área eléctrica, quien recientemente se refirió a la prolongación de la sequía y el peligro que pudiera significar para el funcionamiento del Guri, pues si el nivel del agua cae por debajo de la cota mínima habría que paralizar la generación de hidro electricidad por parte de dicha planta, con las graves consecuencias derivadas para un país cuya electricidad proviene en casi un 70 por ciento de la fuerza hídrica del estado Bolívar. Inmediatamente el ingeniero es localizado por el SEBIN, quien lo lleva detenido a su sede, es imputado más tarde por el Ministerio Público y llevado a un tribunal de control, que le abre un procedimiento penal por “información falsa”. Problemas del Guri con la sequía se vieron hace unos años, cuando la falta de lluvias hizo descender el agua hasta niveles peligrosos, lo que fue advertido públicamente por el propio Chávez.
En ninguno de los dos casos hubo ni siquiera un señalamiento de culpabilidad contra el Gobierno, que de haberlo habido tampoco constituiría ningún delito, pues repito en forma enfática en Venezuela la gente es libre de opinar lo que quiera; no existe el delito de opinión en nuestra legislación y no se debe permitir que se lo cree. El Gobierno está inaugurando una práctica muy perniciosa, que no recuerdo ocurriera con esa intensidad en el pasado adecocopeyano. Esa debe ser una de las diferencias revolucionarias con el pasado. En relación con las dos denuncias señaladas, cualquiera puede considerar al Gobierno como culpable de las consecuencias de las situaciones denunciadas, al no haber tomado las medidas preventivas del caso, a pesar de estar informado desde hace tiempo de la situación de vulnerabilidad existente, tanto en el caso de la chikungunya y el dengue como en el del Guri y la producción de electricidad.
Tenemos un gobierno con la conciencia sucia, que enloquece cada vez que se ve fuera del poder, lo que lo hace tomar medidas extremas y muy dañinas.
