La Asamblea Nacional y, cuando hablamos de ella, nos referimos a los miembros que la integran: diputados y diputadas, son unos mamarrachos de parlamentarios que causan pena ajena
Absalón Méndez Cegarra
El proceso electoral que permitirá renovar en señal de esperanza y confianza electoral, los miembros de la Asamblea Nacional, previsto para el año en curso, sigue sin que el Poder Electoral se digne establecer su fecha de realización. Seguramente, está esperando que se den las condiciones objetivas que garanticen un triunfo gubernamental, por cuanto, hasta ahora, todo indica que las elecciones las pierde el partido de gobierno debido al desastre y destrucción de la vida nacional, en todos sus ámbitos. No tardará en aparecer los corderitos del gobierno y de la oposición, eternos funcionarios del CNE, con sus discursos enaltecedores de las bondades del Poder Electoral, de su independencia y del blindaje y seguridad que tiene y caracteriza las elecciones en Venezuela, vitrina electoral de todos los países del mundo. Este discurso precede el acto electoral, porque, luego que se conocen los resultados, salen los supuestos representantes de la oposición, sin pena alguna, a develar las fallas del sistema electoral, con actitud que raya en la irresponsabilidad y falta de seriedad.
La Asamblea Nacional se ha revelado como un Poder inútil, incompetente y, además, oneroso para el Tesoro Nacional. El Parlamento ha sido castrado por el Ejecutivo Nacional y, en la actualidad, luce como un órgano parasitario, integrado por miembros carentes de capacidad para ocupar los cargos para los que fueron electos y para ejercer, nada más y nada menos, la representación popular.
La Asamblea Nacional no representa a nadie, ni siquiera al partido de gobierno, toda vez que ha renunciado al ejercicio de las dos o tres funciones importantes que la Constitución de la República, le establece, razón de ser de su existencia: legislar, autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional y ejercer el control sobre los actos de gobierno. La Asamblea Nacional y, cuando hablamos de ella, nos referimos a los miembros que la integran: diputados y diputadas, son unos mamarrachos de parlamentarios que causan pena ajena.
Ante el anuncio de elecciones parlamentarias, aun sin fecha definida para que tenga lugar el acto electoral, se han puesto en movimiento las distintas facciones políticas, autodenominadas gobierno u oficialista y de oposición, con miras a presentar a sus respectivos candidatos. Una y otra tolda pretenden engañar a la población con supuestas elecciones primarias y la selección de candidatos por consenso, inclusive, se habla, de los actuales diputados que repetirán como candidatos. Tal situación produce un desánimo total. Ni uno sólo de los actuales diputados tiene autoridad moral para ser postulado nuevamente. Si los diputados en ejercicio o los partidos políticos que los promueven, tuviesen un mínimo de vergüenza, saldrían del Parlamento por la puerta trasera, sin hacer bulla, para no llamar la atención, tal ha sido su deplorable actuación.
[quote_right]“El Parlamento ha sido castrado por el Ejecutivo Nacional”[/quote_right]
Igual situación de franco y abierto irrespeto con el electorado venezolano ocurre con los llamados candidatos por consenso. ¿Consenso de quién o de quiénes? ¿De la sopa de letras que integra la famosa MUD o el Polo Patriótico? ¿Puede, en verdad, un grupo de organizaciones políticas, total y absolutamente deslegitimado y desacreditado, subrogarse y usurpar la voluntad popular para postular como candidatos por consenso a algunas personas de su particular interés y presentarlos al país electoral como candidatos que gozan del favoritismo de la gente? Esta es una actitud, sin duda alguna, irrespetuosa e irresponsable, negadora de la democracia y de la participación ciudadana en los asuntos de interés nacional.
Compartimos la tesis que postula la creación de un gran polo político de las “fuerzas del cambio”, más allá de banderías político-partidistas o, con ellas, si se comprometen a cambiar el actual estado de cosas que reina en Venezuela.
Estas “fuerzas del cambio” son las que deben presentar o postular candidatos a diputados o apoyar a candidatos previamente seleccionados, siempre y cuando, ellos se comprometan solemnemente, a reivindicar el Poder Legislativo, como la rama orgánica del Poder Público Nacional más importante de la organización y funcionamiento de un Estado “de derecho, social, democrático y de justicia”, como denomina la Constitución de la República al Estado venezolano. La Asamblea Nacional, los diputados, representan al pueblo; es falso, por consiguiente, que son el pueblo en su totalidad, ellos, los diputados, constituyen, sólo, su representación.
El proceso electoral parlamentario motiva muy poco al electorado y, en las actuales condiciones que vive Venezuela y el espectáculo deprimente que están presentando las organizaciones políticas y el mismo parlamento, lo animan menos.
El venezolano, común y corriente, no se siente estimulado por unas elecciones para elegir los miembros de una Asamblea Nacional como la que tenemos en el presente, dirigida por un capataz de hacienda, que trata a sus colegas parlamentarios con un mazo.
La única manera de estimular este proceso electoral, a nuestra manera de ver las cosas, es proponiéndole al electorado una agenda parlamentaria, que contemple, entre otros, el siguiente compromiso: Reforma inmediata de la Constitución de la República, según lo establecido en el artículo 342, de manera que permita lo siguiente: a) reducción del período constitucional de gobierno a cuatro (4) años, sin reelección inmediata; b) fortalecimiento de la descentralización como forma de gobierno, mediante la revitalización de las entidades de la unión y los municipios, que permitan avanzar hacia un verdadero federalismo; c) eliminación de la forma de designación de los titulares de los poderes públicos distintos al Ejecutivo (magistrados, rectores, contralor, fiscal, defensor), sustituyéndolo por un proceso de elección popular, directa y secreta, que coincida con la elección del Presidente de la República o de los miembros de la Asamblea Nacional; y, d) eliminación de la competencia atribuida al Poder Electoral, artículo 293, numeral 6, que le permite “organizar” las elecciones de sindicatos, gremios profesionales, etcétera, por contravenir el artículo 52 constitucional, el cual garantiza la libertad de asociación con fines lícitos. Otra cosa es bisutería parlamentaria.
