La condición de la mujer en la sociedad venezolana se encuentra atada a una discriminación de género invisibilizada y racionada. Las diferencias salariales entre los géneros, la feminización de la pobreza o la insustancial participación política de las mujeres son problemas sin resolver
Mónica Duarte
El tercer objetivo del milenio busca “promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”. Los indicadores que se usan para esta medición incluyen el igual acceso a la educación, el empleo en el sector no agrícola y la proporción femenina en escaños parlamentarios.
Según La organización Social Watch, en su informe de inequidad 2012, Venezuela tiene un índice de equidad de género promedio de 64 puntos, número que comparte con países como Colombia, México, China, Bielorusia, Angola, Azerbaiyán y Guyana.
Sonia Sgambatti, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, asegura que la igualdad de género aún se mantiene como una aspiración en Venezuela. “El hombre es el que mantiene todas las posiciones de poder y decisión, estamos absolutamente lejos de lograr la equidad”.
En 1975 la ONU a través de Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebra la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México. 20 años después la misma conferencia, instalada en Beijing, China, elaboró una plataforma de acción en 12 áreas que sentó las bases para la inclusión del tópico femenino en los objetivos del milenio desarrollados en el año 2000. Con ello se introduce por primera vez el factor poder y toma de decisiones como un obstáculo estructural.
La inclusión de un objetivo dedicado al empoderamiento de la mujer es una victoria de los movimientos feministas del mundo. Esta tercera meta está dedicada a eliminar las desigualdades entre los sexos, especialmente en el área educativa y laboral.
[quote_center]Mujeres con educación básica aprobada ganan 30% menos que los hombres en el mismo rango[/quote_center]
En Venezuela la posición social de las mujeres se encuentra reducida a cargos directivos de bajo nivel, fenómeno denominado “techo de cristal” según Adicea Castillo, Coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV. Solo 7% de las empresas tienen una junta con más de tres mujeres miembros, según el trabajo “Mujeres Gerentes en la Venezuela de hoy” publicado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. La proporción de mujeres en las juntas directivas de empresas nacionales se vislumbra en los cargos suplentes.
De las organizaciones políticas más representativas de Venezuela, solo dos partidos tienen cuotas internas para mujeres (PSUV y AD). Sin embargo, el liderazgo de las mujeres en estos no aparece con significación, explica Sonia Sgambatti.
Adicea Castillo explica que, para conocer las posiciones de minusvalía o mejoramiento del sector y hacer diagnósticos específicos de discriminación, todos los objetivos deberían ser atravesados por la visión de género. “Se debe utilizar la variable sexo en todos los indicadores, los que lo hemos hecho sabemos que sí existe segregación”.
Desde la óptica estadal, la presencia en las políticas nacionales ha sido dirigida por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, a partir su creación en 2009. Junto con esta plataforma se han desarrollado proyectos de asistencia económica que incluyen a la Misión Madres del Barrio y la Gran Misión Hijos de Venezuela.
Estos programas también tienen sus detractoras. Para Sonia Sgambatti estancan el rol femenino y la obligan a mantenerse en dependencia económica del estado. “Han incentivado la maternidad peligrosa sin planificación familiar. Y suelen tener una respuesta partidista que no le llega al espectro general de la mujer sino a sectores ocupados por grupos políticos”, señala.
Participación política minoritaria
En su artículo 21 la Constitución Nacional señala la importancia de medidas positivas para grupos discriminados, incluidas las mujeres. De esto sólo existía un ejemplo en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997, en el artículo 144, con la cuota de paridad electoral femenina de 30%.
La participación en cargos de elección pública estaba medida por una cantidad que debía ser cumplida para garantizar la igualdad de oportunidades en contra de la discriminación. Pero su aplicación fue efímera. En el año 2000 el Consejo Nacional Electoral la derogó porque “creaba una ventaja inadmisible de las mujeres sobre los varones”.
Como resultado hoy tenemos solo 17% de representación femenina en la Asamblea Nacional, cuatro gobernadoras y 52 alcaldesas, menos del 16% del total de puestos. Mientras que el informe “Mujeres más allá del 2015” del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres contabiliza la representación parlamentaria media de América Latina para 2013 en 24,5% y la mundial de un 20%.
Este indicador es el más alejado del ideal propuesto por la ONU para el año 2015. La ausencia de una regulación a favor de la paridad con alterabilidad de candidaturas femeninas ha frenado las posibilidades de una representación significante de diputadas.
El empoderamiento económico no se encuentra. En noviembre de 2014 el presidente Nicolás Maduro ordenó la fusión del Banco Bicentenario con el Banco de la Mujer y Banco del Pueblo para la conformación del Banco Bicentenario de la Clase Obrera, de la Mujer y de las Comunas. De esta forma, se eliminó uno de los puntos de acceso a créditos y financiamientos que beneficiaban directamente a las mujeres desde 2001.
El salario no coincide con el nivel de educación
El mejor ejemplo positivo en lograr la igualdad de oportunidades es la categoría educativa que han alcanzado las mujeres al incorporarse a niveles de instrucción mayores.
Entre 1990 y 1999, el número de mujeres con estudios universitarios aumentó en 103,6%. El último informe oficial que envió el Gobierno Nacional “Cumpliendo las metas del milenio 2012”, indica que el índice de participación en la educación superior ha presentado un aumento de 1,21 a 1,64 en 14 años. Mientras que en la enseñanza primaria y secundaria se ha descendido en comparación al número de hombres en estos grados.
Para el año 2000 la enseñanza primaria que se encontraba en un índice de relación de 0,98, pero en inicios del 2012 bajó a 0,94 por la incorporación de más niñas a la educación. En la secundaria también ha disminuido el índice, de 1,21 a 1,06, aunque la cantidad de adolescentes femeninas incorporadas al sistema no alcanza aún la cantidad de varones.
Si bien las mujeres venezolanas han ingresado masivamente al mercado laboral, lo han hecho en áreas de menores niveles de productividad y remuneración.
El porcentaje de empleo no agrícola se ubica en el 98% para las mujeres y de 88% para los hombres. El último Boletín de Indicadores de Género 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, muestra como predominantemente masculinos a los sectores de la construcción, el de manufactura, el de transporte y el de comunicación. Por su parte, el comercio, los restaurantes hoteles y servicios comunales y personales son de ocupación femenina.
Los datos del INE muestran que las trabajadoras perciben ingresos más bajos por la misma labor. Reciben una remuneración promedio inferior a la de los hombres en más de 18%. Esto se relaciona con el desplazamiento de la fuerza de trabajo femenina al sector informal de la economía.
Sin embargo la brecha es constante: mujeres con educación básica aprobada ganan 30% menos que los hombres en el mismo rango, aunque la diferencia logra acortarse a 17% cuando hay nivel universitario.
Estas cifras revelan que la participación en el sistema educativo no disminuye la inequidad de género en la remuneración justa, aún cuando la brecha incrementa a menor escolaridad.
También existe una diferencia entre ambos sexos en cuanto a la dedicación exclusiva al hogar. Un grupo de 3.071.881 de mujeres contra apenas 64.000 hombres. Este factor ha mermado la oportunidad de las mujeres de ingresar al mercado laboral y por tanto lograr cierta autonomía económica.
Rosa Paredes, especialista en el área ha realizado diversos estudios demostrando que, a diferencia de los hombres, la mujer debe ocuparse de responsabilidades domésticas, administración del hogar, la atención de la familia y labores comunitarias, además de participar actividades remuneradas para poder subsistir. “Las mujeres viven la pobreza con mayores desventajas”.
Igualmente lo afirma la economista Adicea Castillo, quien habla de la “feminización de la pobreza”. Un fenómeno que afecta universalmente a todas las sociedades y que debe cambiar con la acción ciudadana que exija mayores oportunidades.
Las cifras de los informes oficiales no han sido renovadas desde hace tres años. Sin embargo, los especialistas del área señalan que la tendencia sigue en aumento y la situación difícilmente cambiará de no tomarse las medidas necesarias desde el Ministerio de la mujer.
Otro de los elementos que aún preocupa a escala mundial es la dificultad en la aplicación de leyes contra la violencia de género. En Venezuela se logró la aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia en 2006 y se ha creado la Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres. Pero en la práctica falta un reglamento con los procedimientos específicos de aplicación de la ley, así como capacitación sistemática a funcionarios que procesan las denuncias. Este apartado fue excluido como indiciador para el objetivo inicial propuesto por la ONU.
Si quieres contactar al autor de esta historia escribe a: monica@larazon.net
