La dinámica de la economía capitalista sólo admite una intervención del Estado que favorezca o facilite su funcionamiento inherente
Oscar Battaglini
La economía capitalista, como es sabido, está regida por la ley de la maximización de los beneficios; lo que hace que la sociedad esté sometida a una permanente alza de precios de todos los bienes y servicios, lo que es percibido entre la población como algo “normal”, hasta el momento en el que aparece el fenómeno de la inflación, que no sólo pone fin coyunturalmente al crecimiento “normal” de los precios al imponer una nueva dinámica que los empuja al alza de manera exorbitante e incontrolada, (ni siquiera exponencial como es de esperar en una economía sin graves trastornos) distorsionando por completo el funcionamiento de la economía en su conjunto y afectando por ende a la población en general.
El precio de los bienes transables vendría a ser entonces el mecanismo mediante el cual se materializa la realización plena de esa ley y, en particular, de la ganancia capitalista como resultado final de la circulación general del capital. En relación con esto conviene agregar que el precio de los bienes y servicios en esta economía está constituido por la sumatoria del costo de producción de bienes y servicios más la ganancia, que si bien se genera en el proceso productivo directo, es en el mercado donde finalmente se fija o establece. “Si la mercancía –como plantea Marx en “El Capital”- se vende por debajo de su precio de costo, los elementos del capital productivo que se hayan consumido no podrán reponerse íntegramente a base del precio de venta. Y si este proceso persiste llegará a desaparecer el valor capital desembolsado” (C.M. El Capital, tomo III, México, FCE, 1968, p 54).
De lo planteado hasta aquí, se deduce muy claramente que la dinámica de la economía capitalista sólo admite una intervención del Estado que favorezca o facilite su funcionamiento inherente. En caso contrario se generan perturbaciones que terminan afectando tanto el curso normal de esa dinámica, como a la economía en sí misma. Esta es la razón por la que el liberalismo económico se ha opuesto intransigentemente a cualquier intervención estadal que bloquee el libre desenvolvimiento del capital.
El hecho cierto de que el chavismo oficial haya actuado en el ejercicio del poder al margen o a espaldas de los elementos económicos antes descritos, es lo que fundamentalmente explica la situación de deterioro extremo que hoy exhibe la economía nacional. En efecto, son la serie de medidas restrictivas de la actividad económica privada puestas en práctica por el chavismo gubernamental, las determinaciones básicas de ese hecho, entre ellas encontramos: un rígido y absurdo control de precios, severas sanciones a la actividad productiva, expropiaciones, restricciones en el suministro de productos (como en el caso del papel para los periódicos), excesivas limitaciones y trámites burocráticos en la asignación de dólares para la importación de insumos, etcétera.
Lo insólito es que eso ocurra en una economía capitalista como la venezolana donde, estructuralmente, nada cambia a lo interno, y lo único que hace es provocar graves daños no sólo a la economía en particular sino a la sociedad venezolana en general.
En el caso de los productores privados, en un número considerable y en resguardo de sus intereses, se han visto obligados a recortar sus operaciones, abandonarlas del todo, e incluso, emigrar buscando mejores condiciones en otros países, de allí la dramática desindustrialización por la que atraviesa el país. A eso es lo que el chavismo oficial ha dado en llamar o calificar de “guerra económica”; señalamiento que tiene todos los visos de ser un chantaje con el cual se pretende forzar a los productores y al empresariado privado Nacional a operar con pequeños márgenes de ganancia –y en muchos casos por debajo de los costos de producción- establecidos burocrática y arbitrariamente por el Estado. Sin embargo es necesario considerar que pese a la falsedad de este señalamiento, es indudable que la descomunal caída de la producción agrícola e industrial manufacturera del país, representa uno de los factores principales de la espiral inflacionaria y de la gran escasez de bienes de todo tipo, particularmente de alimentos y medicinas, lo que afecta gravemente a la población en general, sobre todo a los sectores más pobres. Es tan grave la situación que el BCV y el INE, se han negado -violando la ley y la normativa vigente- a publicar las cifras sobre la inflación y la escasez que se han venido registrando durante los últimos meses. Esto obedece a que el saldo que arrojan esas cifras es de tal magnitud que ni siquiera maquilladas se atreven a publicarlas. No obstante, se conoce por medio de los organismos no gubernamentales y por profesionales de la ciencia económica muy atentos al curso de la economía nacional, que la inflación, que el año pasado fue de 57%, al final de este año se ubicará en aproximadamente un 135%. Se sabe, de igual modo, que la inflación del año pasado sólo en alimentos fue de 96%, y que lo más probable es que este año se coloque en un 160%. Se sabe, por último, que el año pasado se produjo una caída del poder adquisitivo de la población venezolana (cuya mayoría invierte más del 45% de sus ingresos en alimentos, medicinas y transporte) de un 12%; se estima que este año será de un 18%.
El aumento de un 30% sobre el salario mínimo actual (Bs.5.622), como los anteriores, en nada contribuye a resolver esa problemática. El sólo hecho de que ese “aumento” eleve el salario mínimo diario de Bs.200 a Bs.260, confirma nuestra apreciación. Esos Bs.60 de aumento diario no alcanzan ni para comprar, por ejemplo, dos (2) panes campesinos, que en la vertiginosa actualidad de los precios tienen un importe de Bs.35 c/u. Como puede verse, se trata de una nueva engañifa con la cual el chavismo oficial intenta –sin conseguirlo- apaciguar el enorme descontento que se viene acumulando en el seno de la clase trabajadora, y de la inmensa mayoría de los profesionales del país que dependen de un ingreso mensual fijo que cada día se envilece más por efecto de la desatada e incontenible inflación, sin que el chavismo oficial –por negligencia, por incapacidad congénita, por ineptitud o por lo que sea- atine a hacer algo para contrarrestarla. Todo parece indicar que la “Ley de Precios Justos” fue hecha más para castigar al empobrecido privado (productor y no productor) que para proteger real y efectivamente al también cada vez más empobrecido consumidor venezolano. El resultado de este sinsentido no puede ser más fallido y desastroso: con la aplicación que se ha hecho de esa ley no se ha producido ningún efecto realmente beneficioso para la sociedad venezolana. El aumento de los precios y la escasez continúan su marcha destructiva, como si nada. Su aplicación, antes que haberse constituido en un estímulo para el desarrollo de la capacidad productiva distintos al petróleo, ha operado más bien como un factor perturbador y destructivo de los pocos polos de crecimiento económico-productivo que existían en el país.
El desastre ocurrido con las empresas básicas de Guayana, es el mejor ejemplo negativo de esto que, por supuesto, se anexa al extenso inventario de cuentas por cobrar que están pendientes.
