Ya los minipoderes que se desparraman a lo largo y ancho de la geografía nacional no tienen porque estar adscritos a la estructura gubernamental oficial
Manuel Malaver
La teoría del caos versa, en su acepción más simple, sobre sistemas complejos y dinámicos propensos a admitir cambios muy sensibles en sus condiciones iniciales, lo cual hace difícil, -sino imposible-, toda predictibilidad sobre su comportamiento futuro.
En ese sentido, el socialismo en general, pero sobre todo, el socialismo real, puede tomarse como un ejemplo de la teoría del caos, pues si bien, tan rápido como se establece su inviabilidad impone cambios en las condiciones iniciales, la introducción de la dictadura política logra que tamaña monstruosidad, no solo persista, sino que encuentre réplicas.
Quiere decir que, una prueba cabal de la teoría del caos, socialmente hablando, no vino a encontrarse sino en la variante de socialismo que empieza a conocerse como narcosocialismo, el cual diluye, licúa el tradicionalmente aplastante poder político central en minúsculos, disímiles, múltiples y móviles poderes locales, los cuales, tienen toda la independencia que necesitan para operar, siempre que no se aparten del objetivo fundamental, que no es otro que servir al caudillo, comandante en jefe, dictador, héroe máximo o mandamás.
Lo verdaderamente innovador y “creativo” en el narcosocialismo, es que ya los minipoderes que se desparraman a lo largo y ancho de la geografía nacional no tienen porque estar adscritos a la estructura gubernamental oficial, se llamen gobernaciones, alcaldías, o poderes comunales, tampoco a las instancias del partido oficial, si no que, su origen, naturaleza y destino pueden estar al margen de la burocracia establecida que, incluso, llega a oponérsele en oportunidades, si bien, en general, todas las instancias o piezas trabajan por el bien común del poder compartido.
Tal fragmentación del poder genera dos beneficios o ventajas: 1) Ya la comisión de los delitos, tanto políticos, como ordinarios, no tiene autor, pues puede ser atribuida a cualquiera de los disímiles mini poderes innominados que operan en el país. 2) Se presta idealmente para que el estado, o parte del estado, se involucre en negocios superrentables, pero no permisados por el ordenamiento jurídico internacional, como pueden ser el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando, cubriéndole la fachada legal a lo que no es sino pura y simplemente un “estado forajido”.
Que Venezuela sea actualmente un país tomado por miles de bandas de criminales no perturbadas por el poder central, regional ni local, que, en muchos estados, se atribuyan la recaudación de impuestos a través de vacunas, y que presten protección a ciudadanos, comerciantes, profesionales y empresarios a cambio del cobro de un servicio, es ya una realidad presente en toda Venezuela y que nos habla de prácticas ya habituales en las FARC de Colombia, pero no desde el Estado, sino de un poder rebelde.
En una columna pasada contamos como el Estados Guárico se lo reparten dos bandas feroces, la de “El Picure” y “El Juvenal”, que se pelean el territorio, cobran impuestos y hasta administran “justicia”, y solo muy ocasionalmente, se tropiezan con otro poder marginal, sobreviviente, el del gobernador, Ramón Rodríguez Chacín.
Durante los días 13 y 14 de mayo pasados, Venezuela se informó aterrada, través de las redes sociales, paginas web, y los pocos periódicos y emisoras independientes que aun persisten (el resto de los medios está férreamente controlados) que un operativo de casi 1500 agentes policiales había tomado el barrio San Vicente de Maracay, en busca de los pranes y jefes de bandas: “Johan Petrica”, “Larry Changa”, “El Niño Guerrero” y “Carlitos Breker”.
Se trataba de un “Cuarteto del Crimen” que desde hacía casi un año azotaba la población de Maracay y ciudades aledañas con el cobro de vacunas y extorsión a sus comerciantes y empresarios.
Por cierto, que esta ciudad de Maracay que, al igual que santuario de pranes y bandas, es sede de algunas de las instalaciones militares más importantes del país, fue escenario hace cuatro días, el miércoles, de uno de los hechos de violencia más vergonzosos y siniestro de los últimos tiempos, como fue que, una turba innominada, pero de inspiración oficialista, asaltó la sede de la única alcaldía opositora del estado, y luego de arrasar con todo cuanto encontró, hirió 20 personas, y lanzó desde un segundo piso a un periodista y camarógrafo que hacía tomas de tan sangrientos sucesos.
De larga data –o no de larga, de agosto del 2010, cuando el empresario oficialista y presunto narcotraficante, Walid Mackled, es detenido en Cúcuta por autoridades colombianas, y de abril del 2012, cuando el exmagistrado, Eladio Aponte Aponte, deserta a los Estados Unidos y se acoge al programa de protección de testigos de la DEA-vienen los señalamientos de que el Estado Aragua, y su capital, Maracay, son también santuarios del narcotráfico, un territorio de paso de las flotas de cocaína que viene de Colombia rumbo a las playas de Oriente, o de pistas de aterrizaje que entran o salen del país con droga hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
Pero testigos más recientes, como el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, y el capitán de Corbeta, Leamsy Salazar, también marcan en sus mapas que, aparte de pranes y bandas delictivas, también hay en Maracay, mafias del narcotráfico y hasta grupos terroristas como Hizbolá, los cuales mantienen operadores en una entidad regional que también es encrucijada de acceso al Oriente, Sur y Occidente del país.
Sucesos extraños, singularísimos, perturbadores, pocas veces suscritos ni en aun en los capítulos más lejanos y oscuros de la historia pasada y reciente del país, tengo frente a mi, y tan ilustrativos como para que no los incluya en el catálogo en que quiero comprobar que caos y narcosocialismo se retroalimentan, complementan y forman parte de uno y el mismo fenómeno.
Fíjense si no, en el caso del presunto narcotraficante, Richard Canmarano (46), acusado por tribunales de Caracas durante los años 2010 y 2012 de ser responsable del envío de 470 kilos de cocaína al exterior y de tener encaletados en una quinta de su propiedad en Prados del Este, 1200 kilos de cocaína.
Pues bien, este Canmarano, que pasa tres años tratando de convencer a los jueces de que no es un narcotraficante, sino un empresario de blindados exitosísimo, con mucho real, que por tal, es extorsionado por un comisario del Cicpc, Roger Graterol, quien es, nada más y nada menos, que jefe de la División de Capturas de la entidad policial, se escapa de Venezuela un día, en el 2013, y se va a Portugal, con su familia, donde se convierte en propietario de un restaurant, que, al parecer, es otra mina de hacer billetes
Lo que no se explica en la trama del thriller, es por qué, Canmarano, decide regresar al país en abril de este año, dice una hija suya, Betsy Esusi Araujo, y que, a comprobar su inocencia, acusar a Graterol de extorsionador y que, al efecto, trae un cargamento de videos, fotografías, grabaciones y documentos que no dejan dudas de la infamia de que es objeto.
Pero más extraño resulta que Canmarano ingresa al país el 23 de abril por el aeropuerto Internacional, Simón Bolívar, y ninguna autoridad de inmigración se da cuenta que es un narco solicitado por dos tribunales, el 12 y el 18 de Control de Caracas.
Desaparece el empresario de los blindados y la gastronomía por un mes en Caracas, nadie sabe con quién se reúne, ni que pasó con el cargamento de pruebas, y las próximas noticias suyas las trae un portal de internet (para los medios controlados, tarifados y censurados venezolanos estos sucesos no existen), runrún.es, el cual informa que el sábado 23 de mayo, a las 10 de la noche, en Maiquetía, cuando trataba de abordar un vuelo rumbo Portugal, Canamarano es detenido, pero acompañado de una poderosa exmagistrada, Mirian Morandy, de su asistente, Tibisay Pacheco, y de un funcionario del Saime, Aponte, quienes trataban de ayudarlo a obviar los trámites de inmigración.
Escándalo mayúsculo, sin parangón y posiblemente irrepetible hasta que se digieran estos u otros escándalos, una densa niebla cubriendo una información que debía ser del dominio público, silencio sobre el paraderos de los detenidos, hasta que el martes 31 mayo, el diario “2001” informa que Canmarano ha sido privado de libertad por el delito de tráfico de drogas, mientras sus acompañantes en el viaje, las señoras, Morandy e Pacheco, y el señor, Aponte, desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra.
Las preguntas de atropellan: Bueno, ¿y el cargamento de pruebas donde fueron a parar, alguien lo conoció, fue víctima Canmarano de una celada donde participaron la Morandy, la Pacheco y Aponte? ¿Y Roger Graterol, dónde está Roger Graterol, fue acusado, se defendió, que hable, que responda?
Imposible que lo haga, porque desde noviembre del 2014 es un fugitivo de la justicia, acusado, imputado y buscado por un tribunal de Caracas, el 7 de Control, de haber participado en aquella matanza del edificio Manfredir, de la esquina de Glorieta de Caracas, donde 5 miembros del Colectivo “5 de Marzo”, su jefe, José Miguel Odremán, y se dice que otros 20 ciudadanos, fueron masacrados por una pandilla de asesinos que comandaba Graterol.
Doloroso, pero inevitable final, en consecuencia, para un artículo que trata de demostrar que la teoría del caos y la práctica del narcosocialismo son una y la misma cosa.
