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El Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 no logró resolver el conflicto limítrofe que data desde la ocupación del Esequibo en la colonia; su constante violación por intereses económicos ha aumentado las tensiones entre ambos países
Mónica Duarte
El artículo 10 de la Constitución Nacional establece:
“El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
A este principio se le conoce como el Uti Possidetis Iuris, fue invocado por Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826. La referencia para su aplicación toma los límites correspondientes a las provincias de Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida, Trujillo, Maracaibo y Guayana, incluyendo el territorio Esequibo.
El conflicto limítrofe data desde esta época colonial, cuando en 1821 Simón Bolívar giró instrucciones para protestar ante la Corona Inglesa por incursiones de británicos más allá de los límites de Guyana. Para aclarar esto, en 1834 la Sociedad Geográfica de Londres designa al explorador prusiano Robert Schomburgk como comisionado para explorar y delimitar las antiguas posesiones holandesas cedidas a Inglaterra.
El explorador elaboró un mapa reconociendo a Venezuela la frontera del Esequibo. La primera línea solo concedía a la Guyana británica 4.920 kilómetros del territorio venezolano. Sin embargo, se publicaron líneas sucesivas (1840 y 1887) donde se les cedía cada vez más espacio a los ingleses.
La tercera línea pretendía 203.310 kilómetros de Venezuela, e incluía El Callao, Guasipati, El Dorado y llegaba cerca de Upata. Esta decisión llevó al gobierno de Antonio Guzmán Blanco a romper relaciones con Inglaterra.
Los procedimientos internacionales para solucionar la disputa comenzaron en 1899 con el conocido Laudo Arbitral de París. Un tribunal, donde Venezuela estuvo representada por dos magistrados estadounidenses, dictó que Gran Bretaña se quedaba prácticamente con todo el territorio disputado.
Esta decisión es la que Guyana hoy sigue tomando como válida para delimitar su frontera, mientras que Venezuela la declaró en nulidad. En 1949, por el memorando de Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados que representó a Venezuela, se supo que el juez ruso que participó en el Laudo amenazó con entregar las Bocas del Orinoco si no se aceptaba la decisión.
Seis décadas después se firmó el Acuerdo de Ginebra (1966), con el cual Venezuela considera nulo el Laudo Arbitral de 1899 y Guyana se independiza pero pide demostrar dicha nulidad. Este acuerdo establece que ambas partes deben buscar una solución práctica y mutuamente satisfactoria.
El acuerdo se fijó un plazo de cuatro años para delimitar las fronteras, una vez culminado el plazo, en 1970, se firmó el Protocolo de Puerto España que congelaba las negociaciones por 12 años. En 1983, ambos países volvieron a reunirse y decidieron acudir a la figura del buen oficiante. Y es en 1989 cuando se designa al primero, el granadino Alister McIntyre. Es sustituido a los 10 años por Oliver Jackman, de Barbados, fallecido en 2007. Fue sucedido por Norman Girvan, de Jamaica, desde 2010. Estuvo hasta abril del año pasado porque también falleció.
Aún no se tiene un nuevo designado, ni se conoce ningún informe realizado por estos buenos oficiantes. Mientras tanto, los conflictos con respecto a la incursión en el territorio disputado siguen presentes.
En 1999, Guyana trazó una línea arbitraria sobre la proyección de la zona en reclamación, delimitó espacios marítimos ubicados entre la cuenca de la Guayana Esequiba y la cuenca del Delta del Orinoco y años después entregó concesiones a trasnacionales.
Venezuela no se pronunció contra esto. Por el contrario, en 2004 el presidente Hugo Chávez, desde Georgetown, capital de Guyana, dio el visto bueno a desarrollos económicos en el Esequibo que favorecieran a la población local.
Pero Guayana no ha sido la única en violar el Acuerdo de Ginebra. En 2010, la ex colonia británica firmó un acuerdo con el gobierno de Brasil para realizar un estudio en la zona del Alto Mazaruni, para determinar el potencial hidroeléctrico en el área y construir una represa que logre abastecer a empresas mineras. Este proyecto había sido descartado en la década de 1970 por comprender la inundación de los pueblos indígenas Akawaio y Akeruna.
En septiembre del 2011, Guyana pidió a la Comisión de Límites de la ONU ampliar su espacio marítimo de 200 a 350 millas en la plataforma continental, tomando una parte del territorio reclamado por Venezuela.
Una incursión de la Armada Venezolana en las aguas del Esequibo por labores vigilancia aumentaron la tensión en octubre de 2013, cuando se llevaron detenidos 36 tripulantes del navío Perdana, que realizaba prospecciones geológicas en el denominado “Bloque Roraima” por cuenta del Gobierno de Guyana. Acto calificado por éste de amenaza.
Para 2012, Guyana ya se encontraba reactivando las concesiones otorgadas sobre la fachada atlántica venezolana en 1999, zona que hoy se reconoce como la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explotar.
Si quieres contactar al autor de esta historia escribe a monica@larazon.net
