“Existe persecución penal a opositores e impunidad por los graves abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante protestas de 2014”, aseveró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
Carlos Díaz
“Venezuela enfrenta hoy una grave crisis de derechos humanos”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en entrevista con “La Razón”. “Esta situación incluye persecución penal de opositores políticos e impunidad por los graves abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante las protestas a inicios de 2014”, destacó.
Señaló que en estos temas existe responsabilidad directa del gobierno venezolano porque se han violado derechos fundamentales previstos en tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento para Venezuela. “Además, existe concentración de poder, carencia de independencia judicial y falta de acceso a medicinas e insumos básicos”, agregó.
Indicó que, asimismo, se ha utilizado de manera abusiva el sistema judicial para detener y perseguir penalmente de forma arbitraria a importantes opositores políticos. “Se han violado las garantías básicas de debido proceso y no se han aportado evidencias creíbles que vinculen a los acusados con la comisión de algún delito”, dijo.
¿Qué información tiene sobre la situación de los estudiantes que permanecen detenidos por haber protestado en febrero de 2014? ¿Cómo analiza la situación de los presos políticos?
Consideramos como grave y arbitrario el encarcelamiento de opositores políticos y la ausencia de rendición de cuentas por abusos sistemáticos cometidos en contra de manifestantes pacíficos. El gobierno del presidente Maduro debe disponer la liberación inmediata e incondicional de todos los opositores políticos y otras personas que estén siendo perseguidas penalmente de manera arbitraria.
¿Con el desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas, corrupción de altos funcionarios e inseguridad también son violados los derechos humanos?
En visitas realizadas recientemente a Venezuela advertimos la falta de medicamentos para tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había también escasez de jeringas, gasas y agujas, y debido a la falta de insumos los hospitales no podían realizar análisis básicos de laboratorio. La falta de acceso a medicamentos e insumos básicos en el país, tanto en el sistema público de salud como en el privado, pone en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de venezolanos.
¿Han monitoreado los casos de los exalcaldes Leopoldo López y Daniel Ceballos?
Hemos revisado exhaustivamente los expedientes judiciales en los casos de López y Ceballos y no hemos encontrado ninguna evidencia de que hayan cometido ningún delito. Por el contrario, la información en los expedientes muestra que ambos se encuentran arbitrariamente detenidos. Resulta sumamente preocupante que para protestar esta grave situación ambos se encuentren en una huelga de hambre que está poniendo en grave riesgo su salud. Instamos a las autoridades venezolanas a asegurar que sean atendidos por médicos de su confianza.
¿Hay uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares en las manifestaciones públicas?
En el informe “Castigados por protestar”, HRW documentó 45 casos, que afectaban a más de 150 víctimas, de uso ilegítimo de la fuerza por parte de miembros de diversas fuerzas de seguridad venezolanas –incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados– ocurridos entre febrero y abril de 2014. Esta agresión fue sistemática a manifestantes no violentos y a transeúntes en diferentes lugares de país. El gobierno venezolano debe llevar ante la justicia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de abusos contra manifestantes pacíficos.
¿Por qué asegura que no existe independencia en el Poder Judicial?
El fallecido presidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un monopolio político del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde entonces, el Poder Judicial ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradas veces fallaron a favor de este, avalando así la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.
¿Es violada la libertad de expresión en Venezuela?
Sin duda, la libertad de expresión es uno de los derechos más amenazados en Venezuela. La intolerancia a la expresión crítica de las autoridades venezolanas es notable, y va de mal en peor. El año pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestaciones críticas del gobierno, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional ha iniciado procesos penales contra periodistas y medios de comunicación por publicar información de interés público. Los niveles de autocensura en los medios son cada vez más alarmantes.
¿De dónde provienen los recursos que financian a HRW? El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el Cartel de Sinaloa de México financia a HRW, ¿esto es cierto?
Las acusaciones de Correa sobre que HRW recibe financiación del Cartel de Sinaloa son un disparate total, típico de un gobierno autoritario que busca distraer la atención de las críticas a su pobre récord en derechos humanos fabricando un escándalo. HRW se financia exclusivamente sobre la base de donaciones privadas, y no recibimos fondos ni directa ni indirectamente de ningún gobierno ni entidad estatal.
