El periódico The Wall Street Journal (WSJ) informó sobre una investigación de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami sobre funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en tráfico de cocaína y lavado de dinero
Redacción La Razón
El general Luis Motta Alfredo Domínguez fue designado como presidente de Corpoelec a través del decreto Nº 1.914 del Ministerio de Energía Eléctrica que circuló en la Gaceta Oficial 40.714 el lunes 3 de agosto. Esta medida dejaría destituido a Jesse Chacón, tras dos años al mando de la estatal.
Actualmente, el general Motta Domínguez estaría también al frente de la Empresa Socialista Carreteras de Aragua, encargada de los asuntos de vialidad en el estado. Entre otros cargos, fue ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) de la región Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda Vargas, Yaracuy y Distrito Capital y presidente del Instituto Nacional de Tierras en 2012.
Sin embargo, el dato más transcendental que se ha conocido hasta ahora sobre el general está relacionado con un artículo divulgado el 18 de mayo por el periódico The Wall Street Journal (WSJ) en el que se informa sobre una investigación que realiza una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en los estados de Nueva York y Miami de Estados Unidos (EEUU).
La noticia expone que la unidad se encuentra investigando a varios funcionarios venezolanos, entre ellos Motta Domínguez, por estar «bajo sospecha» de convertir al país «en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero«.
Los otros funcionarios citados por el artículo son el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami; el ex director general de Contrainteligencia Militar, Hugo “El Pollo” Carvajal; el comandante de la GNB, Néstor Reverol; y el presidente del Seniat y ministro de Industrias, José David Cabello.
La nota, firmada por los periodistas Juan Forero y José de Córdoba, reseña que antiguos traficantes de droga e informantes que han sido cercanos a altos funcionarios del Gobierno o de militares venezolanos son las fuentes de información de la investigación, aunque no refieren los nombres.
El presidente de la Asamblea Nacional desestimó las denuncias que lo involucran a él y al resto de las autoridades. Afirmó que se trataría de «una campaña de EEUU para desestabilizar el gobierno de Venezuela».
En respuesta, el jefe de redacción para Surámerica del WSJ, Juan Forero ofreció declaraciones a La Razón en las que aseguró que las investigaciones citan fuentes oficiales «y también otra gente que sabe de las investigaciones y detalle de las investigaciones, y ahí sale en el artículo con quién hablamos, con qué tipo de personas hablamos».
«No hubiésemos publicado esto si no creyéramos que es verdad», relató Forero en sus declaraciones, en las que también informó que el caso es de vieja data y que involucra a muchos otros funcionarios de Venezuela.
