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Amnistía Internacional asegura haber recibido denuncias de grupos familiares de colombianos que han sido separados en la frontera luego de los operativos realizados por los oficiales venezolanos
Redacción La Razón
Amnistía Internacional (AI) expresó este miércoles su gran preocupación por las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra ciudadanos colombianos en Venezuela, en el marco del Estado de Excepción Constitucional decretado en la frontera del Táchira con Colombia por el presidente Nicolás Maduro el pasado 21 de agosto.
Desde entonces más de 1000 colombianos, que vivían en localizaciones fronterizas en Táchira, han sido deportados por el Estado venezolano.
La crisis en la frontera empezó el 19 de agosto, cuando el gobierno venezolano cerró por 72 horas el cruce que comparten los municipios de Táchira junto con el departamento colombiano del Norte de Santander.
El cierre fronterizo se produjo tras el asesinato de tres oficiales de la FANB. El gobierno venezolano responsabilizó por el crimen a presuntos paramilitares colombianos que operan en la zona.
Sobre el desplazamiento de colombianos, AI emitió un comunicado en el que se lee que han recibido denuncias por maltratos durante las detenciones, desalojos forzosos y demolición de casas «sin ningún tipo de respeto de garantías».
Amnistía Internacional reconoce que el Estado venezolano debe mantener la seguridad y el orden público, pero sin que resulten en violaciones de derechos humanos.
El comunicado a continuación:
