La Fiscalía General de Colombia evalúa las deportaciones derivadas del cierre de la frontera en Táchira porque hay casos que pueden considerarse como presuntos crímenes de lesa humanidad
EFE
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que la Fiscalía de su país está «considerando seriamente» denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos «crímenes de lesa humanidad», a raíz de la deportación de centenares de colombianos
«La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana», declaró Santos en una alocución al país este martes en la noche.
El gobernante explicó que la querella de la Fiscalía sería contra «miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma».
Entre esos delitos mencionó «la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional».
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerró hace 13 días el principal punto fronterizo con Colombia dentro de una ofensiva para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares en la región.
Una misión de las Naciones Unidas reveló este lunes que de Venezuela han sido deportados 1.100 colombianos, mientras que otros 10.000 han optado por abandonar ese país.
Santos subrayó que su Gobierno irá a todas las instancias internacionales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los colombianos afectados.
«Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible», afirmó el jefe de Estado.
Lamentó que pese a que organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) se conformaron para preservar la paz basada en el respeto a los derechos humanos, Colombia no logró el respaldo para convocar a una reunión de cancilleres de la región para debatir el tema de la frontera con Venezuela.
«Infortunadamente pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. ¡Es triste constatarlo, pero fue así!», dijo Santos, quien reconoció el revés político pero señaló que no se sienten «derrotados».
En ese sentido, anticipó que los reclamos los hará la Cancillería colombiana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Al referirse a las decisiones de Venezuela, Santos admitió que tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad, pero advirtió que «la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites: no puede violar el derecho internacional».
Opinó que las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad y tampoco pueden ser «masivas ni arbitrarias».
«Deben ser individuales previa la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades», sentenció Santos.
