El incremento salarial no compensa el agobiante alto costo de la vida que afecta a los venezolanos
José Rafael López Padrino
Contrariamente al falaz discurso obrerista del exdiscípulo de Sai Baba, su régimen militarista adelanta un modelo económico capitalista-neoliberal-dependiente maquillado con una retórica revolucionaria. Dentro de este contexto el régimen viene aplicando una política que violenta los derechos sociales de los trabajadores, lo cual ha afectado la calidad de vida, la salud, el salario real, las prestaciones y beneficios sociales de los asalariados.
Producto de la agobiante crisis económica y como parte de una estrategia electorera el iletrado de Maduro anunció en días pasados un aumento de 30% del salario mínimo, el cual será de 9.649 BsF a partir del 1/11. Este pírrico aumento no representa un alza general de sueldos y salarios, sino un incremento insuficiente y demagógico del salario mínimo, lo cual contribuye a deformar la ya maltrecha escala salarial existente.
Este incremento salarial no compensa el agobiante alto costo de la vida que afecta a los venezolanos. El costo de la Canasta Básica Familiar es de 78.611,65 BsF (CENDAS-FVM), así que se necesitan 8 salarios mínimos para adquirirla. Ello aunado a una inflación anualizada que llega según los expertos al 150%, ya que el régimen se niega a publicar las cifras oficiales y unos niveles de escasez general que rozan el 75% en algunas regiones del país.
«La revolución bonita profundiza la explotación de los trabajadores y cercena los derechos y conquistas laborales de los trabajadores, en su afán por desarticular a la clase obrera»
Además, dicha medida constituye una violación del Art. 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la obligatoriedad por parte de las autoridades de discutir la política salarial con los trabajadores; la misma no fue consultada y mucho menos discutida, fue el producto de conciliábulos a puerta cerrada de la cúpulas corruptas del régimen y algunos sargentones al servicio del proyecto que se autocalifican de representantes de los trabajadores.
Es importante aclarar que el derecho al salario mínimo no es una obra de esta falsa revolución o parte del legado del insepulto comandante galáctico como han dado a entender algunos dicharacheros gobierneros.
El salario mínimo se estableció por primera vez en el Estado australiano de Victoria (1894), luego de una serie de levantamientos obreros que reclamaban un salario mínimo a percibir por el trabajo realizado.
Pero además el perverso proyecto mesiánico fachochavista se ha impuesto como meta estratégica la desarticulación de la clase obrera. En nombre de una falsa revolución, el régimen ha eliminado, modificado o ignorado leyes consagradas a la defensa de los derechos de los trabajadores, ha intervenido los sindicatos y propiciado el paralelismo sindical, criminalizando y judicializando las luchas sindicales.
Cientos de trabajadores ha sido víctimas de medidas judiciales-represivas impuestas por jueces complacientes y genuflexos al servicio del inquilino de Miraflores. Gracias a su mayoría abyecta en la Asamblea Nacional el oficialismo ha aprobado normativas que han desmejorado las conquistas de los trabajadores (Ley sobre el Estatuto de la Función Publica) y penalizado el derecho a la protesta y a la huelga como instrumento de lucha (Art. 283 y 506 del Código Penal).
«La precarización de la fuerza de trabajo es el paradigma de la política laboral del régimen»
Abusando del control legislativo, derogaron en el año 2002 la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Publica y la Ley del Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral.
Una consideración especial merece la precarización del mercado laboral como expresión de la política neoliberal del gobierno. Mediante la creación de empleos precarios (puestos temporales, trabajo a domicilio, misiones sociales, cooperativas, cogestión) los trabajadores han sido sujeto a una superexplotación. Latrocinio evidenciado por el pago de salarios viles, la eliminación de sus derechos laborales (a la sindicalización, libertad sindical) y la desaparición de muchas de sus conquistas reivindicativas (bonos vacacionales, caja de ahorro, aguinaldos, prestaciones sociales, seguros de cirugía maternidad y hospitalización, etc).
El régimen aplica rigurosamente los libretos flexibilizadores sugeridos por los organismos financieros internacionales, los mismos que cuestionaron muchos de los que hoy ocupan cargos de gobierno. Créase o no, la precarización de la fuerza de trabajo es el paradigma de la política laboral del régimen.
Este régimen autoritario y falaz en nombre de un siniestro Nacional-Socialismo del siglo XXI, entiéndase revolución bonita y humanista bolivariana, profundiza la explotación de los trabajadores, y cercena los derechos y conquistas laborales de los trabajadores en su afán por desarticular a la clase obrera.
