Las organizaciones pertenecientes a la Redhnna proponen 14 focos de acción legislativa para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes
Redacción La Razón
“A los políticos les encantan los niños para las fotos de campaña, pero no para crear políticas públicas que los protejan», comenta Carla Serrano, socióloga perteneciente a la Red por los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y encargada de presentar una propuesta legislativa que permita la protección y atención integral de los menores.
Un 33% de la población nacional está formada por niños, niñas y adolescentes (8.937.456 menores según los datos del Censo nacional 2011), pero históricamente han quedado desatendidos en los programas legislativos y electorales, explican los voceros de la Redhnna.
Esta red de organizaciones ha emprendido una campaña para hacer llegar a los candidatos a diputados las necesidades de este sector de la población. La han definido como la creación de una Asamblea Nacional «PANA« (Parlamentarios Amigos de la Niñez y Adolescencia).
«REFORMAS DE LA LOPNNA HAN DEBILITADO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES»
«Tenemos el poder de elegir diputados que de verdad estén unidos con los derechos y garantías del sector del población que no puede votar», asegura Serrano.
Reformar y fortalecer la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) es el primero de los 14 puntos del plan de acción. Los especialistas coinciden en la preocupación por las anteriores reformas legales (la primera del año 2007 y la segunda en julio de 2015) que consideran «no fueron lo suficientemente pensadas ni diagnosticadas».
«Han sido reformas regresivas y han tenido un impacto negativo que ha debilitado el sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal que se habían concebido originalmente», señala Carla Serrano.
Otro de los problemas que precisan es la ausencia de una autoridad responsable de los niños y adolescentes, aunque sí existe un ente encargado. El Ministerio del Despacho de la Presidencia a través del Viceministerio para la Suprema Felicidad es quien debe emitir las políticas nacionales en niñez y adolescencia.
Pero los voceros de la Redhnna consideran que se ha perdido la institucionalidad en el tema de los infantes y que no hay directrices claras que unifiquen las acciones de los Consejos Municipales de Derecho.
«El que existan ordenanzas municipales aisladas que prohiban a los niños hacer colas para productos regulados o circular sin supervisión después de cierta hora es una muestra de esta falta de institucionalidad», explica Abel Saraiba, miembro directivo de Cecodap.
Otras de los aspectos que contiene el plan de acción van enfocados al acceso de bienes y servicios para los niños, niñas y adolescentes, garantizar el derecho a la salud y fortalecer el sistema de protección de los menores en condiciones más vulnerables.
Saraiba también cree importante elevar el nivel de la cultura jurídica en el tema, tanto en los electores como en los propios jóvenes. Según los datos de la Encuesta de la Juventud Venezolana 2013, solo un 39% de los adolescentes juzga importante votar en elecciones legislativas, siendo calificada como la menos importante de todas las formas de representación.
«No se está conteniendo el fenómeno de la violencia»
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por Cecodap, los casos de adolescentes involucrados en hechos delictivos se han incrementado en 22,5% entre enero y junio de este año. Al respecto la Redhnna plantean una mayor supervisión para el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las adolescentes por parte de la Asamblea Nacional.
Los voceros explican que les compete a los diputados verificar el funcionamiento de la institucionalidad y de la aplicación de la justicia especializada en los casos de adolescentes que cometen delitos.
«Hace falta la creación de programas socioeducativos adecuada y suficientemente dotados, porque en este momento no se está actuando para contener el fenómeno de la violencia», señala Carla Serrano.
La socióloga agrega que «la frecuencia y magnitud de hechos de violencia que afectan a los niños y adolescentes hace rato que amerita una respuesta de las autoridades».
Para las organizaciones existe una grave omisión del Estado venezolano en la ausencia de una política pública destinada a prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil.
