La automatización de las votaciones es sólo la última parte del régimen electoral y es a esa parte que se refieren Carter, Maduro y Lucena
Luis Fuenmayor Toro
Tanto la Presidenta del CNE como el Presidente Maduro han señalado con altanería que nuestro sistema electoral es “el mejor sistema del mundo” y que “es perfecto”, sin explicar en qué basan esas erradas aseveraciones. Lo mismo ha dicho el ex Presidente estadounidense Carter, a quien el régimen acude en búsqueda de respaldo cada vez que hay elecciones, pese a haber sido el jefe del imperio más poderoso del mundo, enemigo jurado del gobierno venezolano. Lo primero que tendría que decir es que difícilmente un sistema político tan imperfecto como el nuestro pueda llegar a tener algo perfecto; el desarrollo de los procesos mantiene cierta coherencia interna que evita ese tipo de hallazgos. Pero no sólo esa apreciación general puede conformarnos, por lo que trataré de resumir las principales, algunas muy graves, imperfecciones del sistema electoral venezolano, que nos permiten decir que tenemos un régimen electoral muy defectuoso, que debe ser modificado.
El proceso electoral no es el sistema automatizado utilizado para emitir, contar y dar resultados rápidamente. La automatización de las votaciones es sólo la última parte del régimen electoral y es a esa parte que se refieren Carter, Maduro y Lucena. No voy a discutir en este trabajo esas opiniones, pues es mucho más importante referirnos al resto del proceso electoral, el que se desarrolla desde antes incluso de la convocatoria de las elecciones, pues rige permanentemente la conducta y posibilidades electorales de los venezolanos. La ausencia de la proporcionalidad y nominalidad, ordenada por la Constitución en su artículo 63, es la primera gran falla de carácter delictivo y el primer gran fraude de nuestras elecciones. El sistema mayoritario actual es inconstitucional, antidemocrático, injusto y excluyente, por lo que vicia los resultados electorales bajo su tutela. Ya con esto bastaría para desmentir a quienes lo consideran perfecto.
La ausencia de financiamiento oficial de los procesos electorales crea una iniquidad gigantesca entre los participantes, pues hay quienes tienen todos los recursos, en su mayoría de origen fraudulento, y hay quienes no disponen de los mismos. Este ventajismo de quienes tienen el dinero se ve claramente en las campañas, sobre todo en la propaganda televisiva, donde el Gobierno, utilizando recursos del presupuesto nacional, copa todo el tiempo televisivo con una diversidad de cuñas electorales que sobre pasa el tiempo estipulado por el CNE, violando de nuevo descaradamente leyes, reglamentos y normas. Otro tanto hacen quienes polarizan con el partido gubernamental, invisibilizando a las otras opciones. La constitución anterior garantizaba el financiamiento, no en forma perfecta pero era más equitativa en este sentido que la actual. Fue Chávez quien ordenó la eliminación del financiamiento, para asegurarse, con el uso delictivo de los recursos públicos, un ventajismo obsceno.
Nuestro sistema electoral basa la escogencia de diputados a los Consejo Legislativos regionales y a la Asamblea Nacional, en las mismas divisiones que eligen a las juntas parroquiales, los alcaldes y los concejos municipales, las cuales ya tiene sus organismos de representación popular. Es absurdo que los diputados a la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, sean escogidos sobre una base similar a la de los concejales. La base de escogencia de los consejos legislativos regionales debería ser la totalidad del estado de que se trate en un único circuito o, a lo sumo, en dos grandes divisiones cuando la extensión o la naturaleza geográfica y social del estado así lo requieran. Me refiero por ejemplo a estados como Apure, Zulia, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas. Los candidatos serían presentados en listas abiertas que permitan la nominalidad del voto y la representación proporcional de los participantes.
En el caso de la Asamblea Nacional, Venezuela podría ser dividida en 5, 6 ó 7 regiones electorales agrupadas según sus similitudes económicas y sociales, así como de sus problemas y retos: andina, que incluiría localidades del piedemonte independientemente que sean de estados mayoritariamente incorporados en otra región; llanera, guayanesa, centro norte costera, oriental e insular, Golfo de Venezuela y Lago de Maracaibo, que incorporaría a Zulia y Falcón. Se elegiría entonces un número grande de diputados según la base poblacional de las nuevas y más extensas circunscripciones que, presentados en forma de listas abiertas que permiten el voto personalizado, garantizarían la representación proporcional de todos los partidos o grupos participantes, expresando entonces la gran diversidad y pluralidad política del país y acabando con la marginación actual de grupos de nuestra población, que con el sistema actual se quedan sin representación en la Asamblea.
La reelección permanente de presidentes, gobernadores y alcaldes, y de los integrantes de los cuerpos deliberantes, es también un serio defecto de nuestro sistema electoral, pues congela el liderazgo, que deja de trabajar en lo que su comunidad realmente necesita, para dedicarse a invertir en su reelección, prácticamente desde el día siguiente de ser electo. Además, impide el ascenso de personas mejor formadas y preparadas y vicia las contiendas en forma grave, pues los candidatos a la reelección aprovechan el poder y los recursos que poseen, para garantizar sus reelecciones y las de quienes forman parte de la misma mafia gubernamental o partidista. Esta característica le imprime un carácter netamente delictivo y mafioso a los procesos electorales.
La falta de independencia del poder electoral, otra perversión, puede enfrentarse eligiendo sus miembros por voto directo de toda la población del país en un único circuito y elevando discretamente su número para que la representación proporcional opere en forma efectiva. La nueva Asamblea debería discutir estas propuestas y así hacer mucho más adecuado a nuestro pobre sistema electoral.
Por último, hay que instaurar la doble vuelta electoral para los cargos ejecutivos, de manera que sean electos con más dela mitad de los votos válidos efectivos; hacer obligatorio el voto e incluir la posibilidad de votar en blanco.
