El atraso político y la concepción espontaneista y mesiánica que caracteriza al gobierno, les impide ver que la situación política del país cambió radicalmente
Oscar Battaglini
La forma como estos ciudadanos fueron investidos de la condición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), trae a la memoria el modo como la mafia siciliana se estableció y se condujo en los Estados Unidos durante las décadas correspondientes a los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Bajo su imperio todo se hacía fuera de la ley sin reparar en lo retorcidos que pudieran ser los procedimientos aplicados para alcanzar sus fines y los daños que estos produjeran a la sociedad en su conjunto. Fue así como la mafia de ese país llegó a disponer de un enorme poder mediante el que ejerció gran influencia en todas las instancias institucionales, policiales, jurídicas y políticas, desde alcaldías y gobernaciones de estado hasta la elección de mismísimo presidente de la república. Esa era la manera como se designaban los jueces que integrarían luego los tribunales de justicia, desde donde les eran de una gran utilidad cada vez que algún miembro importante de la organización mafiosa se veía envuelto en un asunto de tipo legal.
En nuestro caso, se está ante una burocracia oficial que en el ejercicio del poder actúa de manera semejante. Esto se observa, en primer lugar en la fuerte y arraigada tendencia que tiene de conducirse políticamente al margen de la ley o de cualquier normativa que regule el desempeño normal y ordinario de la sociedad venezolana. Ello explica la sistemática violación que esa burocracia ha hecho de la Constitución Nacional, la cual, sin exageración, pudiera analogarse a las constituciones gomecistas que “fueron convertidas por el dictador en un librito amarillo que se reformaba todos los años y se violaba todos los días”, según la opinión de un notable rector de la Universidad Central de Venezuela de la época.
Y en segundo lugar, en la manifiesta propensión a controlarlo todo al mejor estilo mafioso, es decir, sin que nada que tenga que ver con los poderes públicos y sus funciones, haya dejado de estar bajo su control, por lo demás anómalo.
Así ha ocurrido con la Asamblea Nacional, mientras esta estuvo bajo el poder del capitán Diosdado Cabello; con el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo de Justicia que acaba de ser remozado con la presencia de 13 nuevos magistrados de última hora comprometidos a darle continuidad al papel que esa institución ha venido cumpliendo a favor del régimen imperante y, sobre todo en la tarea de cooperar con el ejecutivo en el bloqueo de las resoluciones que emanen de la nueva Asamblea Nacional.
La maniobra de provocar la renuncia de 13 magistrados del TSJ sin que se hubiese agotado su período de permanencia al frente de a institución, expresa no sólo esa intencionalidad, sino que además estuvo dirigida a impedir que fuera la nueva Asamblea la que los eligiera, para de ese modo, seguir disponiendo el chavismo oficial, de un instrumento legal (institucional) que le permita a voluntad y de acuerdo a lo establecido en la formalidad constitucional, bloquear, como se ha dicho, cualquier decisión legislativa o medida política que vaya en contra de sus intereses o implique la modificación del actual estado de cosas.
La impugnación que el TSJ ha hecho de unos diputados de oposición electos en la reciente consulta comicial del 6D, no es sino la primera muestra de lo que será la orientación política de la burocracia gubernamental chavista y el inicio de un conflicto entre poderes del cual no conocemos su desenlace.
El atraso político y la concepción espontaneista y mesiánica que caracteriza al gobierno, les impide ver que la situación política del país cambió radicalmente, haciendo que la hegemonía política-ideológica se trasladara de sus manos a manos de la oposición. Sin embargo, esa burocracia, que no termina de internalizar esta nueva realidad, sigue conduciéndose en el ejercicio del poder, como si nada hubiese ocurrido, como si se tratara de un acontecimiento menor sin ninguna trascendencia política. Sobre todo no termina de darse cuenta que el tremendo golpe recibido, no se lo dio directamente la oposición, sino la inmensa mayoría del pueblo venezolano que, llevado al límite de su capacidad de aguante, ya no la soporta ni un día más.
Resulta curioso y hasta risible observar que, después de lo ocurrido en las elecciones parlamentarias, el chavismo oficial continúe haciendo discursos en los que se reconoce y se tiene como referencia a la categoría “pueblo”, es decir, el pueblo que no sólo acaba de asestarle una derrota contundente y humillante, sino que ha terminado arrojándolos definitivamente de su seno. Esta es otra de las cosas que el chavismo oficial tampoco ha sabido asimilar. Por eso es por lo que viven haciendo cálculos sobre lo que será su pronta recuperación. En su delirio, algunos han llegado incluso -tal es el caso de la señora Cilia Flores, a afirmar que los ocho (8) millones de venezolanos que masivamente votaron en contra de las opciones chavistas, ya se habían arrepentido de haberlo hecho. Imagina la señora que el pueblo venezolano es un pueblo en minoría de edad, inconsecuente y tornadizo. No logra percibir la determinación y los alcances reales implícitos en esa acción popular, ni el hecho de que la misma no sólo se ha hecho irreversible, ni que se haya propuesto no cejar hasta que se produzca la completa expulsión del chavismo de los espacios que todavía ocupa en el entramado del poder político en Venezuela.
Por lo pronto ya se dispone de una nueva Asamblea Nacional, la cual finalmente pudo instalarse sin mayores sobresaltos y en medio del conflicto político irreconciliable que recorre a la sociedad venezolana.
Siendo objetivos, y dado el grado de conflictividad reinante, podría afirmarse que hemos entrado en una situación en la que no obstante las buenas intenciones que puedan existir en algunos sectores sociales y políticos con respecto a un eventual acuerdo entre el gobierno y la oposición para comenzar a enfrentar y resolver los problemas más graves y urgentes, no parece que tal cosa sea posible. Porque para eso se requiere de un clima y unas condiciones que actualmente no existen. Lo previsible entonces es que se produzca una mayor agudización del conflicto político en desarrollo, y que como consecuencia de ello, se agrave más aún la situación.
Pero al mismo tiempo, se espera que todo eso contribuya a poner término definitivamente a la presencia chavista en el poder. Esa es la condición “sine qua non” para que comience a darse un proceso de reversión de la desastrosa crisis que nos ha sido impuesta por esa infausta presencia.
