Los magistrados de la Sala Constitucional han pisoteado la Constitución alegando su defensa, por lo que nos han llevado a un indeseable estadio de “golpe constitucional”
Manuel Isidro Molina
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le acaba de dar palo a la lámpara con su “Sentencia que interpreta los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001) y declara que el Decreto n.° 2.184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario, del 14 de enero de 2016 que declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental”.
Los magistrados Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta de la Sala y del TSJ, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo han dejado huella infame en la historia jurídica de la nación, afincados en el sectarismo político que los anima como piezas de un tinglado de poder feneciente –históricamente hablando- que se resiste a aceptar el pronunciamiento político definitivo del pueblo venezolano el 6 de diciembre de 2015: ¡No más autocratismo monopartidista!
Dicha sentencia expone la voluntad de los cófrades del poder declinante, de disminuir las facultades constitucionales que competen a la Asamblea Nacional como integrante del pentágono constitucional del Poder Público Nacional frente a los otro cuatro componentes dominados por la tendencia oficial: Ejecutivo, Ciudadano, Electoral y Judicial.
La calificación judicial que corresponde a la Sala Constitucional no disminuye el control político que sobre las medidas excepcionales del Ejecutivo corresponde realizar al Legislativo. Si bien el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Nicolás Maduro cumple con las exigencias constitucionales –independientemente de sus antecedentes y propósitos- al ser rechazado por la Asamblea Nacional, cesan sus efectos. Si no fuese así, no tendría sentido la obligatoriedad constitucional de enviarlo a la AN para su consideración y aprobación (o desaprobación, como ocurrió).
Los magistrados de la Sala Constitucional han pisoteado la Constitución alegando su defensa, por lo que nos han llevado a un indeseable estadio de “golpe constitucional” en contra del Poder Legislativo y en connivencia con un Poder Ejecutivo empeñado en hacer nugatorio todo tipo de control parlamentario. Con ese propósito, a finales de 2015, el gobierno promovió la rocambolesca escogencia de 13 magistrados para cubrir igual número de “vacantes” provocadas bajo presión insólita y vulgar mediante jubilaciones prematuras.
El prestigio nacional e internacional del gobierno sigue cayendo y nadie puede racionalmente demostrar cuánto les queda al presidente Nicolás Maduro y al Psuv del 41 por ciento que obtuvieron en las parlamentarias del 6D. Creen que actuando desde las sombras con autoritarismo y subterfugios “jurídicos” van a detener la caída. Se equivocan.
Terminarán dando lástima, en medio de la más profunda y pasmosa crisis económica, social y política de los últimos 80 años, contados a partir de la muerte del dictador, torturador, asesino y ladrón Juan Vicente Gómez. El colapso es inminente.
EL CONFESIONARIO
LA LIQUIDACIÓN DEL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA ordenada por el gobierno, no puede servir como manto de impunidad para la larga lista de pillos que lo llevaron a la quiebra. Pronto se conocerá cómo, por qué y quiénes acabaron con esa entidad bancaria pública.
CAPÍTULO ESPECIAL A SER INVESTIGADO en el desastre del BIV es el balance del BANCO INDUSTRIAL VENEZUELA-CUBA cuya operación, fondos y estadio actual han sido un gran secreto al más alto nivel durante los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro y de Raúl Castro y Nicolás Maduro. Ni la directiva del BIV era informada de su filial en La Habana, contrario a lo que sí operaba con las de Nueva York, Miami y Curazao.
VIVE EN “LA LAGUNITA”, fue juez, casó con jueza, goza de la protección de Maikel y hace gala de su “poder” (en realidad, tráfico de influencias) político, económico y judicial. Son conocidas sus aficiones al lujo, las motos de alta cilindrada, lanchas y carros de altos costos. Entre abogados litigantes y jueces comentan sus andanzas prepotentes y hasta pendencieras, prevalido de sus “conexiones” en el TSJ. Su meteórica riqueza llama la atención y está siendo investigado en Costa Rica.
LOS CLANES DE “BOLICHICOS” Y “BOLIBURGUESES” son variopintos y a la hora de hacer negocios con los dineros públicos, se entrelazan festivamente. Los hay nuevos ricos “chavistas” como Andrade y Dieguito, y también ricos de cuna nacidos en hogares del Opus Dei como Luis Oberto, quien se ha especializado en el manejo de bonos de Pdvsa y de la República “en combinación con funcionarios del gobierno, entre ellos Nervis Villalobos, y empresas como Welka Holding Limited y Violet Advisor que movieron millones de dólares a paraísos fiscales como Andorra, España, San Vicente y Panamá”. Quienes lo conocen aseguran que “ese bon vivant se divierte en su mansión caribeña, mientras el pueblo venezolano sufre las consecuencias de ese expolio”.
BALANCE DE FRONTERA: “Aproximadamente, 1.100 pequeñas y medianas empresas han bajado sus santamarías generando unos 17.000 despidos por inactividad o colapso económico en el estado Táchira, por el cierre de fronteras impuesto por el gobierno venezolano”.
MIEMBROS DE LA GNB, EJÉRCITO Y FUNCIONARIOS policiales y administrativos corrompidos “se enriquecen con el cobro de ‘vacunas’ a los contrabandistas que pasan productos de todo tipo a Colombia”, dicen empresarios de San Antonio y Ureña. “El gobierno hundió al país, la producción, el bolívar y a los pueblos fronterizos”.
PARECE QUE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA le va a entrar duro a Osorio y todos los desmanes que bajo su administración ocurrieron en MinAlimentación, CASA y MERCAL. Igual harán con los expolios en Pdval y los centenares de contenedores con alimentos podridos en los patios de Puerto Cabello, Guanta y Jose.
TAMBIÉN PARECE QUE LE METERAN OJO al gigantesco entramado de importaciones de alimentos con triangulaciones especulativas, sobreprecios y comisiones mil millonarias desde Brasil, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Ecuador, entre otros países con gobiernos aliados del chavismo.
LA ESCASEZ DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS de consumo masivo sigue en aumento, como lo habíamos anunciado en esta columna con base en informaciones serias de varios sectores productivos. Cada día son más visibles las enormes colas, así como las expresiones de descontento popular, pequeños altercados, discusiones airadas e intentos de saqueo, hasta ahora controlados por la población que no quiere violencia, los propietarios y empleados de los establecimientos comerciales y funcionarios policiales y militares. El nivel de frustración popular va en aumento. Tic tac…
LA EXPECTATIVA POSITIVA GENERADA por la intervención del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz en conversaciones con empresarios de diversas ramas productivas, va en descenso. “No se concreta nada, sube el telón y hay las conversaciones, baja el telón y nada”, comentó un amigo. Les asombra el inmovilismo gubernamental, que “sigue profundizando la crisis”.
