La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) genera dudas sobre su propósito y desempeño. Desde varios sectores se cuestiona su constitucionalidad y se advierte sobre la corrupción y manejos ocultos que pueda tener, tomando como referencia a otras empresas bajo dominio de la Fanb
Patricia Marcano
El anuncio fue hecho vía decreto (exactamente el Nº 2.231), en la Gaceta Oficial 40.845 del 10 de febrero de 2016. La Presidencia de la República autorizó la creación de “una empresa del Estado, bajo la forma de compañía anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa”.
La precisión está en la Gaceta, sustentada en cuatro “considerando” y explicada en 12 artículos donde se puede leer que la nueva empresa, con funciones similares a las de Pdvsa, surgió al ser un “deber del Gobierno Nacional promover la creación de empresas del Estado que se ajusten al nuevo modelo de gestión, conforme a las directrices y políticas esenciales de la Revolución Bolivariana”, y porque además “el Estado debe garantizar un modelo económico productivo y ecosocialista” que permita “incrementar el desarrollo de las tecnologías propias de nuestra industria militar”.
Sus competencias están definidas en el artículo 3, en una larga lista donde textualmente dice que Camimpeg tendrá por objeto social efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y de explotación minera en general, “sin que esto implique limitación alguna”.
«Chávez, por razones que nunca explicó, nunca le quiso dar Pdvsa a los militares»
“Se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas”, contratará a personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos, prestará servicios de apoyo logístico a las instalaciones y servicios generales a las empresas en todas sus variantes, así como también efectuará la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, como desengrasantes, solventes aromáticos, disolventes, surfactantes, entre otros.
Son más de 25 competencias que también incluyen facultades para ejecutar obras civiles, eléctricas y mecánicas, dar asesorías y descontaminar cuerpos de agua afectados por desechos derivados de la minería, petróleo y gas.
Se trataría entonces de una gran corporación en manos de militares, producto de una decisión sin precedentes, irregular y que plantea diversos escenarios en el panorama político actual, a juicio de varias fuentes vinculadas al tema militar y petrolero consultadas por La Razón.
“Modelo de derecha, militarizado”
Una de las lecturas sobre Camimpeg centra el foco en la táctica y estrategia que hay detrás de la decisión y a ello se refiere Roland Denis, integrante de la Asamblea de Militantes y exviceministro de Planificación de Hugo Chávez.
Recuerda que desde los tiempos del general Raúl Baduel los militares siempre quisieron meterle mano a Pdvsa pero Chávez, “por razones que nunca explicó, nunca le quiso dar Pdvsa a los militares, prefirió guardarla dentro de un cuadro civil por los propios equilibrios de poder que él mismo manejó y creo que en este caso fue acertado, aunque los personajes civiles que metió en Pdvsa no lo fueron”, dice refiriéndose a Rafael Ramírez.
Pero en los últimos años, sostiene Denis, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha afianzado su poder corporativo y ha pasado a competir con grandes corporaciones del Estado como Pdvsa (la principal), la CVG, Casa y otras, trazándose una estrategia que se materializa con el desarrollo de varias empresas y esta última, Camimpeg, con el visto bueno del presidente Nicolás Maduro.
“Un Presidente mucho más débil que Chávez, evidentemente, le permite a los militares abrazar muchos más espacios, no solo en el mando directo sobre diferentes instituciones, sino también estableciendo una estrategia corporativa”.
«el chavismo, finalmente, en su versión de derecha y de extrema derecha, se acerca cada vez más a un nacionalismo militarizado»
Se trataría entonces de un “clarísimo juego de correlaciones de fuerza dentro del Estado”, apunta Denis, donde el presidente Maduro ha ido cediendo espacios a los militares por un interés “obvio” de mantener a los militares lo más apegados posible a su obediencia, aunque esta sea una “obediencia negociada”.
Aclara que estos manejos de fuerzas se han dado en otros países, y explica el caso de Egipto y Turquía, donde el poder civil y el poder militar son dos espacios que compiten y equilibran sus fuerzas corporativas, donde los militares dejaron de ser parte del Estado para convertirse en un Estado propio, con un aparato económico propio y que derivaron en una casta militar tan poderosa que va más allá de la nación y del Estado, y les permite asegurar su poder independientemente de quien esté al mando del país.
Que eso ocurra en Venezuela es una posibilidad con la creación de Camimpeg, por ello no duda en decir que “el chavismo, finalmente, en su versión de derecha y de extrema derecha, se acerca cada vez más a un nacionalismo militarizado, tomando el esquema y el modelo de estos países”, a través de un proceso que –asegura- ha ocurrido rápidamente, de manera soterrada, en los últimos 3 años durante la presidencia de Nicolás Maduro. “Es un chavismo nacionalista de derecha completamente anticomunista, como lo son Turquía y Egipto”.
Así, con esta compañía anónima los militares se estarían asegurando una continuidad y un poder propio que no va a depender de quien ocupe en el futuro la silla del Ejecutivo, dice el exviceministro de Planificación, quien identifica entonces una arista táctica que responde a la situación que se está viviendo y otra estratégica, pues esto cambia el modelo actual del Estado para convertirlo en un “modelo autoritario, nacionalista, de derecha militarizado”, al que solo le faltaría una enmienda constitucional, considerando que todos los recursos naturales son de todos los venezolanos y no de grupos exclusivos como los militares.
“Esta empresa es un bodrio, es un exabrupto político, inconstitucional. No le puedes dar al Colegio de Abogados, por ejemplo, el manejo del petróleo, el manejo petrolero es del Estado en su conjunto, es de todos los venezolanos”.
¿Transferencia de activos?
Para el general retirado Guaicaipuro Lameda, uno de los dos militares que han estado al frente de Pdvsa (el primero fue Rafael Alfonzo Ravard, fundador y presidente de la industria durante sus primeros ocho años de existencia), no tiene ningún sentido lógico, organizacional e institucional la creación de esta empresa, a la que califica como “adefesio imperdonable”.
Que Camimpeg esté adscrita al Ministerio de Defensa implica que será manejada por “un clan de corruptos”, asegura Lameda, pues a su juicio quienes forman parte de la institución «no son militares, son ladrones que visten de militar, que se apropian de manera fácil e indebida de las riquezas del país”.
También considera que su creación está al margen de la Constitución, pues rebasa las competencias de la Fanb, previstas en el artículo 328, donde si bien se habla de la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, esto no quiere decir que los militares sean protagonistas ni ejecutores, asegura Lameda.
«Este caso es como darle una empresa petrolera a los farmacéuticos, por eso uno piensa que quizás es una medida para calmar a los militares»
“Hay especulaciones, hay quienes dicen que se está haciendo para tratar de evitar que la República tenga que honrar algunos compromisos que Pdvsa tiene con terceros, haciendo unos traspasos de activos; otros dicen que es un golpe de estado que le están dando a Maduro. Esto no va a salir de las especulaciones porque quienes lo están haciendo no le han hablado claro al país”, asegura el expresidente de Pdvsa.
Sobre el traspaso de activos, Roland Denis señala que Pdvsa puede entrar en default o quiebre en cualquier momento porque internamente ya no genera ganancias, y en esas circunstancias surge la hipótesis de si Camimpeg es una apuesta para hacer dichos traslados de recursos y evitar que se los expropien a Pdvsa.
Lameda explica que, en el caso de las demandas internacionales, pueden ser contra Pdvsa o contra la República. Si son contra la República no importa lo que Pdvsa haga pero si los contratos han sido a favor de Pdvsa podrían maniobrar, puede acudir a cualquier tribunal y alegar que no tiene activos para pagar porque los vendió, aclara el general. “Ahí se puede dar la discusión de que el dueño de la empresa es el Estado, tendríamos que ver cómo evoluciona eso en mano de los tramposos que dirigen el país”.
El economista y exdirectivo de Pdvsa, José Toro Hardy, recuerda que Pdvsa ha venido perdiendo numerosos arbitrajes internacionales y que actualmente la mayor de todas las demandas es la de ConocoPhillips por el monto de $ 30.000 millones.
“Si llegan a aplicar los mismos lineamientos de todos los demás arbitrajes pareciera que este también lo perderían, y esto crearía un conflicto económico enorme para Venezuela. Eso no lo van a resolver con esta empresa militar”, asegura.
Toro Hardy también cuestiona que los militares tengan esta “prebenda” de manejar una empresa petrolera, minera y gasífera porque en general no tienen ninguna formación especial para saber de petróleo, geofísica, geología, economía y gerencia.
«Es un proyecto profundamente de derecha, de élite empresarial militar, en donde estarían preparándose para tomar la industria petrolera»
“No los veo capacitados en materia energética, salvo algunos que pudieran tenerla. Los dos presidentes militares que ha tenido Pdvsa tenían formaciones específicas para eso. Este caso es como darle una empresa petrolera a los farmacéuticos, por eso uno piensa que quizás es una medida para calmar a los militares”.
Y sobre esa capacitación cuestionada, Roland Denis hace una observación. “Si no tienen personal técnico, ingenieros, especialistas para manejar petróleo, gas y minería ¿qué harán los militares? Obviamente contratar empresas privadas que esta empresa anónima manejará como le dé la gana. ¿Y de quién serán esas empresas privadas? De los propios militares que montarán sus empresas, y las de otros empresarios. Ese sería el arreglo. Se nota una clarísima estrategia de articulación entre el gran capital y la corporación militar. Eso es un proyecto profundamente de derecha, de élite empresarial militar en donde estarían preparándose para tomar la industria petrolera”.
Además está seguro de que una decisión como esta, donde los militares además de tener el poder sobre las armas ahora tendrán poder sobre la renta del subsuelo, “no se puede hacer sino bajo amenazas”, tratándose de “un golpe interno”.
No rinden cuentas
Camimpeg se suma a la lista de empresas en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), unas con décadas en funcionamiento –como Cavim y Seguros Horizonte- y otras más recientes creadas en los últimos años, cuyo desempeño ha sido cuestionado al menos por la falta de transparencia.
Tanto José Toro Hardy como Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, coinciden en que una de las preocupaciones ante la creación de Camimpeg es que termine como el Plan Bolívar 2000, que estuvo en manos de militares y dejó de existir por problemas de corrupción, donde estuvo involucrado el militar Victor Cruz Weffer.
Por ello San Miguel asevera que la presencia de militares en entes del Estado no ha tenido un balance positivo, pues también están los uniformados que han pasado por ministerios y han huido del país por escándalos de corrupción, y el desempeño de Cavim, que ha tenido “pésimos negocios con Rusia, donde no se ha podido honrar la deuda que tiene Rusia con la construcción de la fábrica de Kalashnikov en el país, entre otros esquemas de desarrollo de militares empresarios que han sido claramente fallidos”.
“No luce nada alentador esta decisión de poner en manos de militares esta empresa”, agrega San Miguel. Pero en los últimos tres años, más allá de los señalamientos de corrupción, la Fanb ha dado pasos certeros en la creación de varias empresas para configurar su “zona económica militar”.
En 2013, estando Carmen Meléndez frente al Min-Defensa, fueron creadas siete, seis de ellas detalladas en la Memoria y Cuenta del despacho de ese año: Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BanFanb); Empresa Militar de Transporte (Emiltra); Empresa de Sistema de Comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Emcofanb); Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Agrofanb); la Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Construfanb), Fondo de Inversión Negro Primero S.A y la televisora de la Fuerza Armada Nacional (TVFanb). Y en 2014 se creó la Empresa Mixta Bolivariana Cancorfanb S.A, encargada de la explotación de canteras y construcciones en general (51% de sus acciones son de Construfanb).
Todas son empresas del Estado y así se identifican en documentos oficiales. A estas se suman otras menos recientes como Financiadora de Primas Horizonte (de 2012), la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (2008), la Unefa y la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Cavim, Seguros Horizonte, Viajes y Turismo Ifamil e Inversora Ipsfa, unas 16 empresas sin contar los institutos, servicios autónomos y fundaciones.
San Miguel explica que las grandes empresas estatales, por ley, deben tener mecanismos de rendición de cuentas pero cuando se crean a la medida de las necesidades del Ejecutivo, estos controles democráticos y de rendiciones de cuentas “prácticamente se anulan y terminan siendo focos de ineficiencia y corrupción”.
En la Memoria y Cuenta 2014 del Min-Defensa se puede hallar una irregularidad con varias de esas empresas. Todas compañías creadas en 2013 aparecen reseñadas en la Memoria, donde se describen los proyectos ejecutados, logros y obstáculos, pero en la Cuenta no se incluyó ninguna, ni siquiera se incluyó a Cavim (Compañía Anónima de Industria Militares).
«Esos no son militares, son ladrones que visten de militar, que se apropian de manera fácil e indebida de las riquezas del país”
Las únicas que presentaron sus estados financieros fueron Seguros Horizonte, Viajes y Turismo Ifamil e Inversora Ipsfa, solo tres de 14 empresas citadas en la Memoria. Así no es posible ver el manejo de las finanzas del Banco de la Fanb, ni de los recursos manejados por TVFanb, que recibió una asignación de 5.902.813,45 dólares para la compra de equipos para estudios de televisión y una unidad móvil de producción, por citar dos casos.
Adrián Chirinos, economista y coordinador de Finanzas Públicas de Transparencia Venezuela, detalla que todos los entes de la administración pública tienen departamentos encargados de recopilar esa información financiera, por lo que la ausencia de estos datos en la Cuenta es irregular y da pie para que se hagan conjeturas nada positivas. Además comenta que la Memoria y Cuenta del Min-Defensa es una de las más difíciles de evaluar por como presentan la información.
Lo que suele plasmarse en este documento oficial son balances generales, flujos de caja e indicadores financieros que permiten hacer auditorías, mientras que en la Memoria se describen los proyectos y su ejecución. Una no sustituye a la otra, aclara.
La Ley de Administración Pública, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y la Constitución Nacional serían tres instrumentos legales que se estarían incumpliendo al no rendir cuentas al país, señala Chirinos. Con estos antecedentes, los cuestionamientos sobre el manejo transparente de Camimpeg tienen un piso sobre el cual sustentarse.
Asamblea Nacional solicitó información
El presidente de la comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, informó a La Razón que por los momentos no se pronunciarán sobre Camimpeg. Explicó que la semana pasada solicitaron formalmente, al Ministerio de Defensa, información oficial sobre esta compañía y están esperando recibirla para poder manifestarse.
La Gaceta Oficial detalla que la sociedad mercantil de Camimpeg tendrá una duración de 50 años, que su capital social será pagado por la República Bolivariana de Venezuela, que tendrá una junta directiva conformada por cinco miembros, designados por el ministro de la Defensa y que este será el encargado de realizar todos los trámites necesarios ante el Registro Mercantil correspondiente. Además indica que tendrá sede en Caracas y podrá hacer operaciones o establecer agencias y sucursales en cualquier parte del país y fuera de Venezuela.
Desde el chavismo crítico se está considerando acudir al TSJ para introducir un recurso contra esta compañía, dada su inconstitucionalidad. Pero para algunos, como Roland Denis, exviceministro de Planificación, esto sería una acción “simbólica” pues dudan que el máximo tribunal actúe. “El TSJ ya está subsumido dentro de los intereses de la corporación”, comentó.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
