Mientras el chavismo oficial se mantenga en el poder, no será posible emprender ningún tipo de medidas encaminadas a resolver la grave crisis
Oscar Battaglini
El resultado electoral del pasado 6 de diciembre, entre los muchos significados que tiene, incluye el de haberse constituido en una sabia y excelente guía para saber qué hacer en relación a la crisis política en desarrollo. Ese resultado ha señalado, con gran fuerza y precisión, que la superación de la crisis comienza por la expulsión radical y definitiva del chavismo de las posiciones que aún conserva dentro de la estructura del Estado y del poder gubernamental. Eso es lo que está contenido en el hecho de que la burocracia chavista haya sido desalojada por votación popular de las posiciones de poder que habían ejercido que durante 17 años en la Asamblea Nacional.
Se trata de un hecho que le ha devuelto a esa instancia de la Administración Pública su capacidad para legislar libremente y para ejercer control sobre las actividades de los demás poderes del Estado. Queda claro entonces que la inmensa mayoría del pueblo venezolano votó en la forma en que lo hizo para exigir no tanto la solución inmediata de sus problemas sociales y económicos más urgentes -dado que ello no es posible esperarlo del gobierno chavista- sino para marcar el camino a seguir, o que lleve a la defenestración definitiva de la burocracia chavista en el poder. Esto mismo dicho de otra manera significa que, mientras el chavismo oficial o lo que queda de él, se mantenga en el poder, no será posible emprender ningún tipo de medidas encaminadas a resolver la grave crisis económico y financiera planteada en el país. Esa posibilidad –es preciso remarcarlo- se hizo aún más cuesta arriba desde el momento en el que se establece la dualidad de poder que se ha constituido en Venezuela a raíz de los resultados electorales del 6D. La muestra más evidente de que eso ha ocurrido, es el impasse surgido con motivo de la puesta en vigencia por el Tribunal Supremo de Justicia del Decreto de “Emergencia Económica” gubernamental, después de que fuera rechazado por la Asamblea Nacional. Está suficientemente demostrado que ningún Estado ni ningún país puede funcionar política e institucionalmente en condiciones semejantes, máxime cuando se tiene ante sí una crisis general como la planteada en el interior de la sociedad venezolana.
No se exagera si se afirma que el país ha desembocado en una situación de parálisis que amenaza con llevarnos, en el corto plazo, a una catástrofe si no se toman a tiempo las medidas capaces de impedirlo. Si finalmente esto no ocurre, la perspectiva que se nos ofrece es bastante oscura y calamitosa. Veamos algunos indicadores: el año pasado el gobierno venezolano, que ha venido ejerciendo el control y monopolio de las divisas y las importaciones, exportó por el orden de los 37 mil millones de dólares, cuando venía de hacerlo por el orden de los 97.340 millones de dólares en el año 2012, según el BCV. Por esa razón, apenas se pudo importar 50 millones de dólares entre bienes y servicios. Este hecho es lo que explica que el país haya vivido una dramática situación en términos de desabastecimiento e innumerables colas para la adquisición de alimentos y medicinas. Con una caída además de la producción por el orden del 10% (PIB), una reducción del salario mínimo en un 51% y una inflación que ha estado rondando el 200%. Sin importaciones, no se tendrán las cosas que no se producen internamente. A los precios actuales del barril de petróleo (alrededor de 21 o 22 dólares por unidad) las exportaciones no llegaron a 22 mil millones de dólares, lo que generará un impacto demoledor en nuestras importaciones yen la dinámica general de la economía nacional.
A lo señalado habría que agregar que “con las obligaciones actuales, es imposible que el sector público registre un superávit en dólares con el agravante de que debe cancelar entre 10 mil y 16 mil millones de dólares en el servicio de la deuda externa”. Este es parte del drama en el cual nos encontramos y para el cual el régimen madurista no tiene ningún tipo de respuesta que pueda ser considerada medianamente válida. Lo que hasta ahora se conoce de lo dispuesto por el denominado “Consejo de Economía Productiva”, bajo el mando de Aristóbulo Isturiz, ni por aproximación da a entender que se tiene una cabal noción de la naturaleza de la crisis económica en desarrollo, ni de lo que hay que hacer en el corto y largo plazo para contrarrestarla.
En suma, se está ante una situación que ha puesto en riesgo la propia existencia de la sociedad venezolana y que en el mejor de los casos amenaza con obligar a declararnos en estado de emergencia humanitaria. En consecuencia, la situación del país ha llegado a un punto de quiebre que reclama sin más dilaciones el inicio de acciones institucionales dirigidas a provocar la cesación radical e inmediata del chavismo en el poder. En tal sentido le corresponde a la Asamblea Nacional , determinar cuál sería el mecanismo o el medio institucional más expeditivo para el logro de tal fin. Es imperioso insistir en esto, porque esa es la exigencia más importante y urgente que la inmensa mayoría de la sociedad venezolana dejó establecida con su decisión de votar como lo hizo el pasado 6 de diciembre.
Una cosa que debe quedar suficientemente clara desde el principio es que cualquier y es que cualquiera que sea el mecanismo constitucional que se instrumente para desalojar definitivamente al chavismo del poder, este debe estar basado estrictamente en un ejercicio de la soberanía popular. Si el pueblo venezolano fue capaz de expulsar a la burocracia chavista del poder que ejerció de manera onnímoda durante 17 años en la Asamblea Nacional, también tiene que ser capaz de terminar de expulsarlos de los resquicios que aún conservan en la estructura de los poderes públicos. Esta es la manera de impedir que el militarismo meta sus manos en la resolución de un problema que es de la estricta competencia de la sociedad civil. En tal sentido es necesario evitar por todos los medios posibles que aquí se repita la historia del 23 de enero de 1958, que habiendo sido el pueblo venezolano –y en particular el pueblo de Caracas- el que hizo todo el gasto para derrocar a la dictadura perejimenista, al final el poder terminó en manos de una camarilla militar que no sólo conservó el orden existente de relaciones económicas, sociales y políticas surgidas bajo la dictadura, sino que neutralizó –y en muchos casos suprimió- la presencia de muchos de los líderes naturales de esa gesta popular. En esta oportunidad eso debe ser impedido a todo trance. El pueblo venezolano debe asegurarse de que la expulsión de la burocracia chavista del poder, no implique la repetición de esa historia, y de que el nuevo poder que se establezca, al mismo tiempo que le ponga término de la manera más radical al oprobioso régimen chavista, implemente medidas que inicien la transformación del actual estado de cosas y la implementación de una democracia que apuntale ese proceso de cambio.
