Es evidente que esas medidas no surtirán ningún efecto que contribuya a solventar la crisis económica que padece el país
Oscar Battaglini
El gobierno chavista-madurista tomó la decisión de hacer algo para encarar la crisis económica general que ha sometido a la sociedad venezolana a innumerables calamidades y padecimientos. Lo dispuesto hasta ahora constituye al menos un reconocimiento de que la crisis es real –cosa que no se había hecho antes- y que la misma se debe en una medida determinante a las políticas que el gobierno ha venido aplicando en el área económica. De otra manera no hubiese sido posible materializar la concertación de algunos acuerdos y compromisos contraídos con los sectores empresariales que acudieron a la convocatoria formulada por el gobierno madurista. Sin embargo es necesario decir que esas medidas: (1) llegan con un retraso considerable que en mucho reduce y anula su eficacia; (2) que tienen un carácter contingente y circunstancial, es decir, que no atacan los problemas existentes en sus raíces originales y en sus manifestaciones estructurales; (3) que no forman parte de un plan, de un proyecto estructurado con pleno y cabal conocimiento de la problemática planteada y de cómo hacer para comenzar a resolverla. Todo esto quiere decir que con esas medidas que fundamentalmente tienen un claro propósito fiscalista, no se va ni siquiera conseguir una reducción de los efectos nocivos de la crisis económica en desarrollo; todo lo contrario.
Ese es el resultado inevitable al que se llega cuando se revisan meticulosamente las medidas tomadas por el ejecutivo. Veamos el contenido y las características de algunas de ellas: aunque invitan al empresariado a participar en las actividades productiva del país, e incluso se firmaron más convenios con empresarios de la industria farmacéutica , no obstante eso, se mantiene vigentes la inseguridad jurídica de la propiedad privada y la prédica incendiaria de las expropiaciones y la estatización de la economía, lo que seguirá incidiendo negativamente en la actividad productiva nacional. Paralelamente se tomó la medida de introducir una modificación en el control de cambio que ha regido en el país desde el año 2003 , el cual no sólo ha implicado una nueva devaluación de nuestro signo monetario, sino que dejó las cosas exactamente como estaban, con un dólar paralelo que ya sobrepasa los 1000 “BF”, y que en la práctica sigue determinando el precio de todos los bienes y servicios en el mercado interno. Se comprende perfectamente que este hecho, junto con el aumento de precios de la gasolina , seguirá presionando, ahora con más fuerza, las incidencias inflacionarias que gravitan criminalmente sobre el conjunto de la población venezolana. En cuanto al “aumento de un 20%” en el salario, lo más que puede decirse es que, en nada contribuirá a mejorar el ingreso salarial de los trabajadores, si lo comparamos con los niveles que día tras día registra la creciente inflación.
Es evidente que esas medidas que fueron tomadas en medio de la emergencia económica decretada por el gobierno, no surtirán ningún efecto que contribuya a solventar la crisis económica que padece el país. Es más, puede afirmarse que antes que constituir un factor que influya en ese sentido, lo previsible es que tenga un efecto contrario que incida en el mayor agravamiento de la crisis en desarrollo. Son medidas económicas que además, han sido tomadas por un gobierno que acaba de recibir una contundente derrota en las elecciones parlamentarias que no sólo le arrebata al chavismo el control hegemónico que éste venía ejerciendo en el poder legislativo nacional, sino que lo despoja de todo reconocimiento ante la sociedad (consenso), y la legitimidad político-ideológica que se requiere para el cabal desempeño del gobierno y para continuar en el espacio del poder púbico en Venezuela.
Se trata de un gobierno caído que carece por lo tanto del atributo, la capacidad y el tiempo que se necesita para llevar a cabo un plan económico global que saque o que libere a nuestra sociedad de la magnitud de la crisis en la que se encuentra inmersa. Al lado de estas limitaciones es necesario tener en cuenta otras carencias que igualmente imposibilitan la capacidad del gobierno para llevar a término o para ejecutar efectivamente su paquete de medidas económicas:
(1) El déficit fiscal provocado por el gasto exponencial que se ha venido imponiendo en la Administración Pública, y ahora por la caída abrupta d los ingresos petroleros. Esto ha determinado que no haya dólares para importar, por lo que las empresas en Venezuela seguirán careciendo de todo tipo de insumos para producir; situación que se agrava todavía más porque los proveedores del exterior se niegan a autorizar nuevos suministros de insumos hasta tanto no se cancele la deuda que los productores venezolanos han contraído con ellos. (2) El hecho de que de las 1500 empresas expropiadas por el gobierno, la mayoría no estén produciendo y las que si están activas tienen una producción muy baja y presentan niveles de calidad que dejan mucho que desear. (3) El mantenimiento de una política de precios al consumidor que al no permitir al empresariado privado la recuperación de los costos de producción y la correspondiente ganancia, se ha convertido en un serio obstáculo de la actividad productiva en general.
Frente a ese cuadro al gobierno madurista no se le ocurre otra cosa que dar vueltas como una noria alrededor de él; sin saber qué hacer y en espera de un milagro que lo salve de la debacle (Dios proveerá). En estos últimos días se ha dedicado afanosamente a dos tipos de eventos que no tienen otro propósito que el de ganar tiempo mientras llega el tan anhelado milagro. El primero de ellos son las reuniones que se han llevado a cabo con distintos sectores empresariales en los que el gobierno ha venido a ensayar la comedia de “los motores económicos”, que como los anteriores, lo más previsible es que no enciendan y se queden arrumados e inservibles como los anteriores. Y el segundo son las reuniones con inversionistas internacionales que han culminado –entre otras negociaciones- con la venta a una empresa rusa de una mayor participación en el paquete accionario en una de las empresas petroleras (Petromonagas) que opera en la faja petrolífera del Orinoco. Simultáneamente el gobierno ha negociado con una empresa canadiense, una concesión para la explotación del oro venezolano por 500 millones de dólares, lo que constituye una verdadera entrega de la soberanía económica del país.
La intención de esto es muy clara, recabar recursos para atender las urgencias financieras más inmediatas del gobierno. Lo previsible es que esos recursos sean devorados por la política de gastos improductivos del chavismo oficial, lo que significa que muy pronto quedará en una situación mucho más precaria. En conclusión, puede afirmarse que muy poco o nada, podemos esperar de las nuevas medidas económicas del gobierno chavista, de ahí la necesidad de agilizar lo antes posible su salida para bien de la nación.
