Una jornada más en la Asamblea con varios “toques particulares” y es que la sesión del martes 5 de abril, sesión en la que además la Asamblea arribaba a su primer trimestre, se caracterizó por una agenda movida
Gabriela González
Primero contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para presentar, tras dos suspensiones, su Memoria y Cuenta, que se caracterizó por la cita de poemas en varias oportunidades y hasta un exhorto a la oposición para «dejar el camino de la violencia”.
Dos horas y media después inició el debate en primera discusión de varios proyectos de ley entre ellos cuatro reformas a leyes orgánicas.
Problemas en casa
Tal y como ocurriera con la bancada oficialista en días pasados, durante la segunda discusión del proyecto de Ley de Bonos en la que situaciones tensas, cuando hubo caras largas y hasta “manoteo de brazos”, una situación similar se vivió en la bancada opositora.
La incorporación del proyecto de reforma parcial a la ley orgánica de la Contraloría trajo discusiones, dentro y fuera del hemiciclo, entre los diputados Juan Andrés Mejías y Julio Borges.
La versión extraoficial es que se habría cambiado el texto a presentar sin consulta. El diputado Mejías, suplente de Freddy Guevara, se mantuvo fuera del hemiciclo hasta el momento de presentar la Reforma, que tiene como artículo medular el número 105 que le elimina facultades al Contralor para que ya no pueda “utilizar la ley para perseguir gente mediante la inhabilitación”, como aseguró Ismael García (MUD).
En este mismo tenor de modificar leyes que “perjudican” la carrera de políticos, es la Reforma Parcial al Código Orgánico Procesal Penal cuyo artículo a modificar es el 380, que establece:
“Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido o suspendida e inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”.
A esto se le agregó en la reforma que:
“Si durante el proceso el imputado o la imputada asumiera algún otro cargo, de los enumerados en el artículo siguiente, no será necesario cumplir con los trámites agotados con antelación, cuando esos trámites se refieran a los mismos hechos que motivaron la querella interpuesta por la o el Fiscal General de la República”.
El artículo 381 aclara quiénes son Altos Funcionarios, estableciendo que:
“A los efectos de este Título, son altos funcionarios o funcionarias: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Ministros o Ministras del Despacho, Procurador o Procuradora General de la República, Miembros del Alto Mando Militar, Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República”.
En ambos casos de reformas, el oficialismo alegó que lo que se busca es “proteger a corruptos” como Manuel Rosales, Richard Mardo y Juan Carlos Caldera y que con estos cambios se violan los tratados internacionales contra la corrupción.
La respuesta de la oposición es que esta reforma pretende “beneficiar” a todas aquellas personas que han sido inhabilitadas de ejercer u optar a cualquier cargo público ya que, afirman, como esta actualmente la Ley se viola la presunción de inocencia.
De acuerdo a las cifras que manejan, desde 2001 hasta 2015, 283 personas han sido suspendidas de su cargo sin goce de sueldo; 14 han sido destituidos de su cargo; 77 han sido destituidos e inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y 656 personas han sido inhabilitadas para el ejercicio de funciones de carácter público, totalizando 1030 personas afectadas por la Contraloría. A juicio del bloque opositor ésta “ha sido usada junto con el COPP como herramienta de disuasión política en contra de políticos opositores al gobierno”.
El Ejecutivo vs la Constitución
Otra de las Reformas polémicas es la relacionada a la reserva al Estado de las actividades de exploración y explotación del oro así como las conexas y auxiliares a estas.
Esto tras la Reforma que sufriera la ley vía Habilitante en diciembre e 2015, que le quitaba competencias a la Asamblea sobre revisar contratos de interés públicos, norma establecida en la Constitución e su artículo 187.
Con esta nueva reforma, para poder operar las empresas mixtas deberán regirse por los términos establecidos en el acuerdo de la Asamblea en el que se autorice su constitución y funcionamiento.
Así, se busca con la reforma “controlar la discrecionalidad en la gestión y asignación de permisos para la explotación de recursos auríferos de la Nación por parte del Ejecutivo”.
De acuerdo al diputado Elías Matta, solo por concepto de la actividad minera, ingresan actualmente al país 3414 millones de bolívares, lo que representa un 0,22% de ingresos al Presupuesto.
Administración financiera tampoco se salva
La Reforma planteada a la ley orgánica de Administración Financiera busca darle “transparencia fiscal” y evitar así el mal uso de los recursos públicos. O así lo argumenta la bancada de mayoría opositora en la Asamblea.
Esta ley también fue reformada vía Habilitante por el presidente Maduro en diciembre de 2015 y es una ley que ha sufrido no menos de 10 reformas a lo largo del tiempo.
En esta nueva modificación del texto legal, la oposición propone, entre cosas, que en el Presupuesto de Egresos de la República se cree un crédito denominado “Rectificaciones al Presupuesto cuyo monto no podrá ser inferior a uno por ciento (1%) ni superior a dos por ciento (2%) de los ingresos ordinarios estimados en el mismo presupuesto. Y el Ejecutivo podrá disponer de este crédito para atender gastos imprevistos.
Además, el ministerio con competencias en planificación deberá practicar evaluaciones del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y de desarrollo del país así como una proyección de variables macroeconómicas y estimaciones de metas físicas del ejercicio fiscal.
Hay problemas, no crisis
Esa fue la premisa que utilizó la bancada oficial durante la discusión de un proyecto de ley especial para atender la crisis humanitaria en el sector salud, en la que salvaron su voto.
Los oficialistas aceptaron que en el país existe una situación “delicada” en cuanto al tema de medicamentos, su adquisición y distribución pero se mostraron a calificarla como de crisis, título que se le da a los países que viven en guerra o posguerra, según los diputados del autodenominado Bloque de la Patria.
Mientras, la oposición dio cifras alarmantes sobre cómo ha afectado la escasez de medicamentos. De acuerdo a José Manuel Olivares, quien presentó el proyecto de ley, 96 recién nacidos han fallecido por falta de medicinas e insumos en tres meses.
Según las cifras que maneja, serían 872 los medicamentos que hoy no se encuentran en el país. Asimismo criticó el manejo que se esta haciendo con la firma de ciertos acuerdos con Cuba en materia de salud.
Sin embargo, un tímido pañuelo blanco se asomó, ya que la bancada del Gran Polo Patriótico señaló que estaban dispuestos a discutir la situación que se vive en el país en materia de medicinas, con la condición que se revise la calificación de “crisis humanitaria”.
En tal sentido, este proyecto de ley especial le otorga la facultad a la Academia Nacional de Medicina de calificar si existe o no la crisis y de solicitar dicha calificación.
Además, el proyecto de ley obliga al Ejecutivo a formular un plan de atención prioritaria cuando se configure una situación de “crisis humanitaria” establecida por la Academia.
Una luz azul iluminó al parlamento
Como ya es habitual pero no ya tan frecuente, en los alrededores de la Asamblea se encontraban afectos al oficialismo protestando e incluso acusando de “bachaquero” a todo aquel mortal que pasaba y mostraba ser contrario al gobierno.
La presencia de estas personas significó incluso que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, no pudiera ingresar al palacio durante varias horas.
Sin embargo, la lluvia y el cansancio lograron vencerlos. Mientras, dentro del parlamento se encontraba la Fundación de Autismo y Asperger para conmemorar el Día Internacional de esta condición.
Como homenaje, la Asamblea se “vistió” de azul mientras los niños y personas con esta condición recorrían el Palacio Legislativo.
Esta es la primera vez que un parlamento hace algo similar, recordemos que meses atrás, la AN aprobó un acuerdo con motivo del Día Internacional del Asperger en el que , entre otros considerandos estaba el de aprobar una ley que permita concientizar y sensibilizar así como proteger a quienes tengan dicha condición.
Materia perdida por inasistencia
A tres meses de instalarse la Asamblea varios diputados tienen un récord negativo de asistencias.
Hector Agüero encabeza esta “lista negra” de ausentes. Diputados como Cilia Flores y Diosdado Cabello tampoco se salvan. Este último no acudió a una sola sesión en el mes de marzo, mientras que la Primera Dama fue a una.
Por parte de la bancada opositora encabeza la lista Timoteo Zambrano.
