En Venezuela, en el primer trimestre del año, ha ido gestándose un golpe de Estado, pero no ya perpetrado con los fusiles, tanques y cañones al servicio de civiles y militares corruptos, sino de unos seudomagistrados mafiosos
Manuel Malaver
Una suerte de nostalgia tenue pero clara empieza a minar el inconsciente colectivo de los venezolanos que dejan el primer trimestre del 2016 para entrar en el segundo: es la de aquellos dos primeros meses que siguieron al 6D, cuando un Henry Ramos Allup tonante, y 112 diputados opositores, hablaban con voz fuerte, le hacían bajar la cabeza a Maduro, Cabello y Padrino López y, con la Constitución en la mano, le prometían a 7.704.424 electores que no terminaría la mitad del año sin obligar a los neototalitarios a respetar la Carta Magna o abandonar el poder.
Hoy, es cierto que Ramos Allup y los no ya 112, sino 109 diputados, siguen hablando con voz fuerte, pero también “los tres cochinitos” del poder (Maduro, Cabello y Padrino López) han recobrado la suya, y no solo para no aceptar el mandato constitucional que les llegó vía la voluntad popular, sino que están desafiándolo e, incluso, suplantándola.
Revancha que, les llegó no por el uso tradicional de la fuerza que significa lanzar los tanques, fusiles y cañones a la calle (como conviene a cualquier dictadura tradicional) sino que es legitimada inconstitucionalmente por un poder espurio, archimafioso y corrupto como es el TSJ que ha echado al traste a la constitución y las leyes.
Ese TSJ que es el mismo que Ramos Allup, tan pronto fue electo presidente de la Asamblea Nacional, prometió desconocer y destituir al otro día de iniciarse el Año Judicial del 2016, alegando de que habían sido nombrados por la AN anterior fuera de lapso y, lo que es más grave, no portaban las credenciales suficientes para ejercer sus cargos.
Sin embargo, ya en diciembre, la nueva mayoría parlamentaria aceptó que el ilegal TSJ produjera un fallo que desincorporaba a tres diputados opositores para arrebatarle a la oposición la mayoría absoluta, en enero declaró la constitucionalidad “irrevocablemente incólume” de un decreto de Maduro estableciendo la “emergencia económica” que había rechazado la AN y, para colmo de colmos, empezó febrero produciendo una escandalosa e inadmisible decisión “reinterpretando las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y despojándola de muchas de sus facultades de control sobre otros poderes y órganos del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional”.
En otras palabras que, en Venezuela, en el primer trimestre del año, ha ido gestándose un golpe de Estado, pero no ya perpetrado con los fusiles, tanques y cañones al servicio de civiles y militares corruptos, sino de unos seudomagistrados mafiosos, también corruptos, que han fungido de “brazo armado” de una estado forajido y delincuente que los usa como sicarios con togas para desconocer la voluntad popular.
Un poder delegado, y enfrentado a otro poder que tendría que reclamar y pronunciarse sobre su ilegitimidad, el mismo poder que sí representa a una mayoría parlamentaria de 7. 707.424 electores y no puede bajo ninguna argucia aceptar que sus facultades les sean cuestionadas y arrebatadas.
La gran pregunta es: ¿Por qué el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, los 109 diputados de la bancada opositora, la MUD y las comisiones de juristas que los apoyan, han legitimado a un Poder Judicial inconstitucional, espurio, incompetente y corrupto como el TSJ, “brazo armado” de la dictadura de Maduro, permitiéndole, no solo frustrar el mandato y los logros del 6D, sino darle respiración boca a boca a una dictadura cuyo final no parecía que traspasaría el primer trimestre?
La respuesta podría estar en no haber entendido a cabalidad la autóritas que emanaba de los votos mayoritarios emitidos en diciembre, y la cual hablaba, no de una solución judicial, ni legislativa, sino política de la crisis que corroe las entrañas de Venezuela y determinaba a llamar los electores a la calle para obligar a Maduro a rectificar el rumbo económico y social y respetar la constitución.
Y no hablamos de un golpe de estado oposicionista, o de una explosión social, o de una insurrección popular, sino de la aplicación del artículo 350 de la Constitición que establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos”.
Por el contrario, pensamos que la AN y la MUD, en vez de aplicar el 350 o llamar al revocatorio, han recurrido a los cabildeos para buscarle una solución a la crisis, como si el gobierno de Maduro fuese una democracia y no la dictadura totalitaria que en realidad es, en donde el estado y el gobierno son uno y donde no existen las instancias imparciales y sujetas a la legalidad, encontrándose con una “judicialización impuesta” de la misma, que, al apartarse de la política, ha dejado todas las cartas en manos de un gobierno que ha perdido la calle, pero no las armas.
Quiere decir, que la AN debe volver a la promesa u objetivo original de desconocer el TSJ, quitarle toda legitimidad, dejar a Maduro en una extrema indefensión constitucional, de modo que resulte más legal, expedita e inevitable su salida del poder y uniéndose tras el llamado a referendo revocatorio, que de paso está siendo boicoteado por el también espurio y corrupto CNE, al demorar la fijación de los plazos para su realización.
Y sí esta es la solución, ya sea recurriendo al 350, o al Referendo Revocatorio, lo demás le será dado por añadidura, ya que el apoyo popular está incluido en los resultados del 6D, así como el apoyo de la comunidad internacional y de gobiernos e instituciones partícipes de las multilaterales que claman a diario por el diálogo y una ruta para ponerle fin a la grave crisis nacional.
Lo que no puede permitirse es darle más largas a la salida, ya que, el tiempo no corre a favor de la oposición sino del gobierno, siempre apertrechado de recursos, argucias, miedos, despistes y barajos para prolongar su agonía hasta el fin de los tiempos y arrastrarnos a todos con ellos.
Por eso, no debe establecerse “que todas las vías son buenas para salir de Maduro”, porque eso es no pronunciarse por ninguna y al no fijar una posición única caemos en la confusión, las postergaciones y las dudas que favorecen a la dictadura, sino que debe trazarse una sola y en el entendido que debe ser aceptada por todos los factores opositores, y con la misma convicción, seguridad y entusiasmo.
Tampoco debe aplazarse la fecha alegando que, si no se puede ahora, podemos esperar hasta las elecciones de gobernadores en diciembre, donde el gobierno será barrido del poder regional, siendo que, diciembre está muy lejos y con toda su debilidad y parpadeos, Maduro puede conseguir un “segundo aire” o continuar violando la constitución como lo viene haciendo.
O sencillamente, perpetrar un monstruoso fraude, que está en la naturaleza del régimen, o en la posibilidad de que una parte del país admita que se recuperó, porque llegó hasta diciembre.
Al respecto, nada más oportuno que citar el caso de la dictadura comunista de los hermanos Castro en Cuba, los cuales, no solo vieron caer al poderoso imperio comunista soviético que los mantenía, sino a aliados como China y los países de Europa del Este, mientras que, ya casi nonagenarios y esperpénticos, dedican sus últimos alientos a subvertir el continente y recibir homenajes de casi todos los jefes de estado del mundo, incluido el de los Estados Unidos.
No cesa la tiranía de los Castro mientras marchan a sus tumbas y les preparan túmulos y lápidas, no cesa y los cubanos siguen abandonando la isla “de los diablos” en balzas, canoas, a nado o lo que sea, porque ya hartos de la asfixia totalitaria para de una satrapía de los siglos de antes de Cristo, donde, junto con la represión feroz, se aplican técnicas de psicología social o psicosociología experimental para que el pueblo cubano opte por la pasividad, la resignación y la sumisión.
“La aplicación de técnicas de psicología social o psicosocilogía experimental” escribe Gonzalo Guimaraens en la Revista Guaracabuya “para mantener inerte y aterrorizada a la población cubana es uno de los puntos menos abordados, pero sin embargo, más eficaces para mostrar la cruel naturaleza del comunismo cubano…A través de ellas, se provoca en los cubanos el “Síndrome de Desesperanza Inducida”, o de “Indefensión Aprendida”, que les hace tener la falsa impresión de que la realidad totalitaria es una situación monolítica, sin salida y sin posibilidad de cambio”.
Infierno al cual se llega después de la destrucción de la sociedad civil y el reino de la estatolatría se impone con su régimen de pensamiento, partido y jefe único y más y más microrganismos sociales y apolíticos, totalmente subvencionados por el Estado, ideologizados y fundidos con mafias delincuentes comunes para los cuales también trabajan a cambio de una paga, también contribuye al establecimiento de una realidad social inerte, sometida, muerta.
¿Cuánto de estas técnicas se han introducido en Venezuela, cómo operan, quiénes las dirigen, motorizan y dónde?, no lo sabemos, per existen.
Pero lo que si es cierto y preocupante es que mientras más se prolongue la agonía de Maduro y su élite de civiles y militares corruptos, más oportunidades tienen de mostrar sus garras e irnos convirtiendo en una sociedad de esclavos mudos, pasivos y aterrorizados tal como sucede en Cuba y Corea del Norte.
De modo que, diputados de la AN y líderes de la MUD, no hay tiempo que perder y más bien se debe recobrar el tiempo perdido, pues el totalitarismo bulle, pervive y se multiplica en el tiempo, que es su elemento, como una pústula que resulta difícil de extirpar, arrancar y cauterizar.
