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La madrugada del 8 de mayo quedará en la memoria de muchos por los hechos que ocurrieron. Autoridades militares y policiales desmantelaron cuatro campamentos que se ubicaban en dos municipios de Caracas: Baruta y Chacao. Tres de ellos tenían más de un mes de existencia.
Por Gabriela González
Cerca de las 3:00 am el campamento Resistencia, ubicado en la plaza Alfredo Sadel; el campamento Javu, asentado en la subida de Santa Fe Norte; el campamento Javu, localizado en la plaza Bolívar de Chacao; y el campamento de Jóvenes Venezolanos, emplazado en la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas (PNUD), fueron desalojados y con eso, detenidos 243 jóvenes. Una cifra récord en materia de detenciones.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres ofreció una rueda de prensa en la que mostró parte de lo incautado en los desalojos. Indicó que se incautó dinero en efectivo, tanto en bolívares como en dólares; máscaras antigas; bombas lacrimógenas; “miguelitos”; guantes; teléfonos; tarjetas de teléfono; escudos y bombas molotov; y quizás, lo más relevante, dos armas de fuego y droga.
Sobre la droga incautada, el Ministro señaló que habían encontrado marihuana, cocaína y “perico”. Además, realizó in situ, una prueba de pureza a una muestra, lo que resulta atípico pues la droga incautada es evidencia. Al realizar esa prueba, Rodríguez Torres pudo romper la cadena de custodia y los pasos legales para preservar dichas evidencias.
A media mañana, muchas personas se concentraron en Chacao y en otras partes de la ciudad, para reclamar por ocurrido en los campamentos. En el casco de ese municipio protestaron sin incidentes, salvo una escaramuza entre vecinos.
Pero en Altamira y Los Palos Grandes hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional Bolivariana. La actuación del cuerpo policial fue muy dura, pues dispersaban a cualquier grupo que se encontrara reunido.
En la zona de Los Palos Grandes, específicamente en Parque Cristal, varias personas fueron rociadas con gas pimienta, solo por estar paradas viendo lo ocurrido. La prensa también fue atacada con este gas, cuando hicieron dos de las cuatro detenciones generadas por las protestas. Además varias personas resultaron heridas de perdigones.
Irregularidades
En el caso de las 243 personas detenidas, reinó el caos entre familiares y amigos. Muchos se encontraban en Catia o en la morgue pero sus detenidos estaban en Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional.
La mayor parte de los detenidos fue trasladada al CORE5, mientras que un grupo más pequeño fue llevado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Catia. Personas relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos denuncian que muchos de estos jóvenes fueron golpeados durante los desalojos. La denuncia está basada en los testimonios de los campistas.
Solo 36 detenidos, presumiblemente del campamento Javu de la Plaza Bolívar, fueron reseñados ayer en el CICPC de Parque Carabobo y luego trasladados hasta la morgue de Bello Monte para practicarles exámenes médicos forenses, que terminaron a media noche, pues solo había un médico de guardia. De acuerdo a información oficial, serán llevados a la sede de la PNB en Catia nuevamente.
Se pudo conocer que, a tempranas horas de este viernes, los detenidos del campamento Javu de Santa Fe fueron trasladados a Bello Monte para practicarles la misma rutina de exámenes médicos.
Para este 9 de mayo está planteada la presentación ante tribunales, según lo estipulan los lapsos legales. Sin embargo, hay muchas dudas de cómo serán estas presentaciones debido a la cantidad de detenidos.
También, como ya se ha hecho habitual, hasta altas horas de la noche abogados no conocían los cargos imputados ni los nombres y datos exactos de los detenidos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que los 17 menores de edad involucrados habían sido puestos en libertad. Cabe destacar que en los cuatro campamentos, muchos de los campistas eran del interior del país.
Es decir, sus familiares no se encontraban presentes al momento de ser detenidos. Otro detalle que salta a la vista es que había un grupo de campistas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intergéneros (LGBTI) a quienes es importante preservar sus derechos.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, informó durante la mañana de este viernes que cuatro personas con discapacidad auditiva, que también fueron detenidas durante la ‘Operación Desalojo’, fueron puestas en libertad.
Las preguntas clave
Sobre el operativo, que fue calificado por el ministro Rodríguez Torres como «impecable» porque no hubo heridos ni enfrentamientos, llama la atención que las autoridades hablen de flagrancia, cuando las detenciones se produjeron en la madrugada, hora en la que no había protestas ni hechos de violencia.
Otra pregunta que surge es por qué las autoridades esperaron tanto para intervenir los campamentos si sabían, como aseguró el Rodríguez Torres, lo que allí ocurría.
Muchos de los elementos presentados como pruebas son públicos y notorios. En el caso de las máscaras, las que presentaron las autoridades estaban nuevas. Los guantes e, incluso, las bombas molotov han aparecido en medios desde que iniciaron las protestas.
Sobre las bombas lacrimógenas, no hay que olvidar que, durante los enfrentamientos con los manifestantes, a muchos oficiales se les caían los tobos donde las portaban.
Otra pregunta que hay hacerse es por qué si había armas, éstas nunca fueron accionadas durante las protestas donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad.
Habrá que esperar lo que ocurra con las audiencias y el curso de las investigaciones.
