Luis Martínez Hernández: “Tribus judiciales son un maleficio de la IV”

— No, solo serían anuladas las firmas que no sean legítimas pero las auténticas sí conservarían su validez, es decir, quedan vivas. Si luego de este descarte no se reúne la cantidad exigida por la ley, entonces, no queda activado el referendo.

— Es, realmente, una opción que tenemos todos los venezolanos pero se deben cumplir los requisitos porque, en caso contrario, no existe obligación por parte del funcionario a participar. Si se cumplen los requisitos, entonces, el revocatorio tiene que realizarse.

«Los rectores deben dejar a un lado el rol protagónico»

— Este proceso exige que el organismo electoral sea muy diligente, responsable y serio. Al respecto, pienso que los rectores deberían dejar tantas declaraciones a los medios de comunicación, deben dejar a un lado el rol protagónico y la apetencia por las cámaras de televisión. El CNE tiene que tomar el proceso con calma y llevar esto a feliz término.

— La SE ha perdido competencia sobre el tema del referendo revocatorio

— La SE debió resolver este tema a favor o en contra. Ha transcurrido un tiempo razonable para que se haya pronunciado. Que esa decisión cambie la correlación de fuerzas en la AN sería la consecuencia jurídica, es decir, este tema tiene un elemento de naturaleza política.

— Conozco muy poco sobre quiénes forman parte de la SE.

— Durante los años que estuve en la SE hubo los casos de mayor complejidad y en algunos de ellos yo fui el ponente, por ejemplo, cuando se recolectaron firmas para un referendo consultivo que querían convertirlo en revocatorio. En ese tiempo jamás hubo petición alguna por parte del Ejecutivo y ni siquiera porque yo tenía amistad con el presidente Chávez. Pongo en duda que el presidente Maduro llame a la SE para dar instrucciones.

— Ha habido decisiones controvertidas en esos casos y quizás haya decisiones demoradas en cuanto al destino de esos partidos políticos.

— El TSJ siempre ha sido objeto de múltiples ataques por parte de sectores nacionales e internacionales. No creo que los magistrados no puedan tener una posición política en la actualidad venezolana. El asunto es que sigan cumpliendo su función pública con justicia. Los máximos tribunales de los países tienen una carga política muy importante y la misma siempre generará conflicto.

— Todos los poderes públicos están sometidos a la ley; es decir, no es el Estado de los hombres sino de la ley. Por tanto, cualquier elemento que vaya en contra del estado de Derecho y los principios de la legalidad es una desviación de poder.

— Tengo tiempo que no voy al TSJ y no puedo constatar si ello es así.

— No, eso no ocurrió mientras yo fui magistrado.

— Allí hubo un mal cálculo en términos de tiempo. Ese proceso debió culminarse antes de las elecciones parlamentarias. Eso precipitó algunas designaciones pero ya esas decisiones fueron tomadas. Muy pronto se vencerá el período a otros magistrados y con la nueva composición de la AN quizás cambie la correlación de fuerzas en el TSJ. Esto es algo inevitable.

— El objetivo para ampliar la SC no sería la celeridad en los procesos y decisiones sino buscar una correlación de fuerzas que fuese distinta.

— Sí porque es el principal intérprete de la Constitución.

— Con ellos compartí varios años como magistrados. La posibilidad de que unas personas se jubilen depende de las necesidades del Estado. Estas personas pudieron haberse negado a aceptar la jubilación pero dónde está la prueba de que los presionaron para recibirlas. Ha habido al menos dos casos de magistrados que se negaron a recibir su jubilación y continuaron en sus cargos. En derecho siempre es bueno tener las pruebas.

«algunos Magistrados cobran más porque se jubilaron con una prima adicional»

— Ojalá mi jubilación fuese dorada, creo que no llega ni a bronce. Una jubilación dorada rompería con el principio de la igualdad de beneficios para los magistrados. Sin embargo, algunos cobran más que otros porque se jubilaron con una prima adicional debido a que desempeñaron la presidencia del TSJ o de alguna Sala. La jubilación se paga de acuerdo con el último sueldo devengado y esto, además, es algo que debería ser revisado para hacer justicia.

— No creo porque se trata ya de un caso que fue decidido. El CNE es el único órgano calificado para declarar la competencia o no de una persona en un proceso de elección. Y ya el CNE se pronunció sobre ese tema y, además, creo que se vencieron los lapsos porque han transcurrido tres años.

— El Ejecutivo lo que ha hecho es no acatarlas porque ha expresado que algunas decisiones o leyes de la AN tienen vicios o aristas inconstitucionales, y es por ello que lo ha remitido al órgano competente para que así determine su constitucionalidad o no.

— Eso fue durante un acto que dio inicio al año judicial. Ese día hubo participación de gente de la comunidad y fueron ellos quienes tuvieron manifestaciones impropias de estos escenarios solemnes.

— Sí, yo estuve presente.

— No, no participo en ese tipo de coros.

— La delincuencia se volvió un tema muy peligroso que se escapa ya de nuestras manos. Estamos casi confinados en nuestras casas. Las políticas de seguridad implementadas no han sido efectivas, se debe evaluar el funcionamiento de los cuerpos policiales y el sistema carcelario. Por ejemplo, no puede ser que en esos recintos carcelarios haya armamentos, licor, fiestas, mujeres y drogas. Es un problema que se debe resolver con urgencia.

— La gente está desesperada porque siente que no funcionan los aparatos represivos del Estado. Piensa que su seguridad personal no está siendo atendida por el gobierno y, por tanto, siente que debe hacer justicia con sus propias manos. Eso es algo muy grave que se debe detener a través de la participación de las comunidades y los organismos del Estado.

— Estoy en desacuerdo porque no se puede permitir que delincuentes de alta peligrosidad salgan a la calle.

— Sí supe sobre los Enanos mientras estuve en el poder judicial. Sí persisten las tribus judiciales y las mismas son un maleficio creado durante la IV República.

— Varios sobrinos míos participaron en el golpe del 27 de noviembre de 1992, entre ellos el coronel Jorge Garrido Martínez, quien era director de la Escuela de Aviación Militar. Me encargué junto al profesor Aquiles Monagas de la defensa de todos ellos y ganamos el juicio. Conocí al presidente Chávez mientras se encontraba en prisión y allí comenzó nuestra amistad. En las conversaciones compartíamos opiniones de carácter jurídico y de la vida. En los actos del inicio del año judicial siempre tenía una deferencia conmigo para saludarme con afecto.

— No, no participé en ese grupo. Compartí la defensa con Tarek William Saab quien recién se había graduado y en ese entonces era más poeta que abogado.

— Estoy incorporado a mis clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela.

— Estoy escribiendo sobre las sanciones administrativas. También escribí un libro sobre el Banco Central de Venezuela y otro sobre la Superintendencia de Seguros.

— Es necesario. Se deben retomar los concursos de cargos para que los profesionales de mejor capacidad ingresen al Poder Judicial, y de esta manera lograr que haya más jueces titulares que provisorios. Hoy laboran más jueces temporales que titulares y los cuales perciben una remuneración muy baja.

— Eso fue una aberración. Esa señora jamás debió llegar al Poder Judicial. A ella la botaron de los tribunales donde laboraba por ineficiente y corrupta. Esos hechos fueron comprobados. Cuando fue presidenta del TSJ se cometieron tropelías que nunca habían pasado antes. El daño que esta señora le hizo al Poder Judicial costará mucho tiempo para ser reparado.

— Son casos distintos. El caso de Eladio Aponte incursionó en el ámbito político, inclusive desde el exterior comenzó a denunciar al presidente Chávez. El caso de Velásquez Alvaray, por su parte, pasó por el tema de la corrupción. En la situación de Arrieche, quien era un gran procesalista civil, se determinó que durante su postulación había consignado documentos sin acreditación.

— Eso es falso, no existen pruebas, el presidente Chávez no tenía tiempo para eso.

— De acuerdo a un informe que para entonces nos presentaron a los magistrados la jueza Afiuni incurrió en un mal cálculo con el caso de Eligio Cedeño y, por tanto, fue destituida. Allí hubo varios excesos en su contra que fueron innecesarios.