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Cofavic ve con profunda preocupación que en el país se incrementa cada día el descontento social por causas estructurales y coyunturales que no son atendidas eficiente y empáticamente por el Estado
Nota de prensa
En vista de la profunda crisis económica, política y social que vive el país Cofavic, organización integrada mayoritariamente por las víctimas del Caracazo, apelan en un comunicado a su deber histórico de hacer un llamamiento al Estado venezolano y a la sociedad para que los hechos de la revuelta popular ocurrida en Caracas el 27 de febrero de 1989 no se repitan nunca más en Venezuela.
La organización no gubernamental expresa en el documento que ve con profunda preocupación que en la nación se incrementa cada día el descontento social por una serie de causas estructurales y coyunturales que no son atendidas eficiente y empáticamente por el Estado venezolano. Bajo su perspectiva, «la frustración y la rabia en amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizados ni desatendidos y mucho menos enfrentados con represión y profundizando la intolerancia política».
En el mismo comunicado recuerdan que, tal como la ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido.
Además añaden que el uso excepcional de las armas de fuego debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler.
Ante los hechos de represión ocurridos en las últimas semanas, Cofavic insta al Estado venezolano a:
1.- Investigar de manera independiente, exhaustiva y conclusiva los crímenes que se han cometido en el marco de manifestaciones públicas, entre ellos los de: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años, quien cayó al recibir disparos de perdigones en el rostro, presuntamente por parte de funcionarios de Politáchira, en medio del saqueo de un camión de carnes en Táchira; José Antonio Tovar, de 21 años, quien murió cuando presuntamente la Guardia Nacional intentaba controlar los saqueos que sucedieron el pasado 9 de junio Petare, hecho en el que varias personas resultaron heridas de bala; y Luis Josmel Fuentes de 21 años, asesinado en Cariaco, cuando presuntamente funcionarios de la Guardia Nacional intentaron controlar los conatos de saqueo que se registraron en la zona.
2.-Derogar el Decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dado que el mismo no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en nuestra Constitución, abriendo la posibilidad de una suspensión del Estado de Derecho no previsto en la Carta Magna y que coloca en graves riesgos a los derechos humanos y las libertades públicas, lo cual es absolutamente contrario al artículo 337 del texto constitucional.
3.-Dar cumplimiento efectivo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de agosto de 2002 en relación con la adecuación de los mecanismos de Control de Orden público a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumplir con la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
4.- Tomar las medidas de carácter humanitario imprescindibles para disminuir los niveles de desabastecimiento, polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole.
5.-Como sociedad estamos obligados a tomar lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, los medios de comunicación, y las organizaciones civiles, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir a la escalada de violencia política que está en desarrollo en el país en la actualidad.
