razonnet
La Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, la primera Ley desde la instalación del parlamento con nueva mayoría. Se trata de la Ley que regula el uso de celulares en las cárceles
Gabriela González
Oposición y oficialismo, contagiados por la unanimidad, también sacaron humo blanco para aprobar, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, estado Falcón.
El Arco Minero, los hechos en Cariaco y los trabajadores de Corpoelec no contaron con igual suerte.
El instrumento legal recién aprobado, que fue discutido artículo por artículo, busca minimizar los índices de crímenes de extorsión que se organizan desde las cárceles y que se ubica en 85% según cifras extraoficiales.
Al presentar el proyecto, Delsa Solórzano expresó el trabajo coordinado de ambos bloques parlamentarios para lograr una ley que permita «la primera acción para garantizarle seguridad a nuestra gente desde la Asamblea». Asimismo, indicó que en países en los que se han implementado estos bloqueadores de señal, se ha logrado reducir en 80% los delitos “extorsivos” organizados desde los recintos penitenciarios.
Esta Ley, que podría ser la segunda en correr con la suerte de que el TSJ no la declare inconstitucional y la primera en no ser objetada por el presidente Maduro, tuvo algunas modificaciones importantes con respecto a su primera discusión.
Uno de los cambio fue su título. Que al cambiar la palabra «limitar» por «regular» protege los derechos de la comunidad reclusa a estar comunicados.
Por otra parte la Disposición Transitoria Primera establece que el ministerio para Servicios Penitenciarios tendrá ocho meses contados a partir de la publicación de la ley para instalar y activar, en todos los establecimientos penitenciarios del país, estos bloqueadores. Mismo lapso que tendrá Cantv para instalar y poner en funcionamiento teléfonos alámbricos fijos.
Sin embargo, la bancada oficialista mantiene que ya el ministerio tiene el trabajo adelantado en un 68% de las cárceles. Ambas bancadas esperan que estén al 100% en marzo de 2017.
Hay que recordar que el texto legal pretende desarticular a las bandas delictivas que operan desde las cárceles, instalando equipos bloqueadores de señal así como instalar teléfonos públicos en los que, antes de cada llamada, suene una grabación que indique el nombre del penal.
Estos bloqueadores no afectarán la señal de comunidades aledañas. Tampoco se colocaran en los calabozos de las policías municipales entendiendo que éstas no son cárceles.
Impacto económico
El gasto no recurrente de este proyecto de Ley se estima en nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos cuatro bolívares con ocho céntimos (9.472.604,8). De estos, ocho millones ochocientos ocho mil (8.808.000) representan el costo de los equipos de bloqueo de señales. Este monto es el equivalente al 0,000569% de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016.
Los seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro bolívares restantes (664,604) serían el monto estimado para la instalación de teléfonos públicos fijos.
Aquí, estima el proyecto, se hablaría de 10 unidades basados en el 1% de la población reclusa que maneja el ministerio como cifra oficial.
En cuanto al gasto recurrente, este asciende a treinta y dos millones trescientos ochenta y cuatro mil setenta y un bolívares (32.384.071).
Este monto se divide en la actualización, adquisición e instalación de software, el cual se ubica en trece millones setecientos cincuenta mil trescientos veinticinco bolívares (13.750.325), es decir, un 0,00089% del presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2016.
Para el personal calificado se destina un monto en el proyecto de ley de dieciocho millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y seis bolívares (18.633.746). El proyecto de ley estima que haya dos técnicos por cada centro penitenciario, es decir, estaríamos hablando de 50.
El proyecto de ley representaría, de acuerdo a estas cifras, un impacto económico de cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco bolívares con ochenta y un céntimos (41.856.675,81).
A estos números hay que agregar el gasto por concepto de “comunicación externa para la formación educativa” y “la capacitación para el trabajo de os privados de libertad así como la comunicación del personal de los recintos carcelarios”, los cuales ascienden a un monto de cincuenta y ocho millones setecientos diez mil cuarenta (58.710.040) por conceptos de teléfonos y tres mil quinientos millones por concepto de servicios de comunicaciones.
De acuerdo al informe de impacto económico y presupuestario que acompaña al proyecto de ley, al ministerio de Asuntos Penitenciarios se le asignó, vía presupuesto, Bs 6.751,67 miles de millones, lo cual representa un 0,084% del PIB presupuestado y un 0,44% de la Ley de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016.
Sanciones penales y pecuniarias
Esta nueva ley también tuvo modificaciones menos significativas en cuanto a las sanciones para quienes violen el ordenamiento jurídico. El artículo 13 que establece que aquellas personas que “introduzcan o faciliten teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos” a los reclusos, serán sancionados con prisión de tres a cinco años. La pena será de cuatro a seis años si el autor del delito es funcionario o empleado público.
El artículo 14, por su parte, establece penas que van de cuatro a seis años de prisión para aquellas personas que “dañen, apaguen u obstruyan de alguna forma” el funcionamiento de equipos. La pena será de seis a ocho años si la persona fuese funcionario o empleado público.
El artículo 15 establece sanciones pecuniarias que van de 2.000 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) a las personas jurídicas que “instalen redes alámbricas destinadas a prestar servicios de voz y datos para la comunicación de reclusos”. Estas multas serían aplicadas por Conatel. En caso de reincidencia, la multa será de 3.000 a 5.000 UT.
Sin duda es una ley que, además de marcar un récord por ser la primera aprobada por unanimidad, cada uno de sus 15 artículos y 30 puntos del proyecto, demuestra que, a pesar de la polarización, se puede lograr la voluntad política de cara para atender los problemas que aquejan al país.
