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Pese a que en la Constitución se establece claramente que «ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», la policía y la Fuerza Armada Nacional la aplican tanto para obtener confesiones o como método de castigo, según lo denuncia la ONG Amnistía Internacional.
En un informe titulado «Tortura en 2014: 30 años de promesas rotas», publicado este domingo, Amnistía asegura que en Venezuela, así como en México y Chile, «es habitual que las fuerzas de seguridad cometan abusos durante las operaciones policiales realizadas en el contexto de manifestaciones».
Para sustentar su señalamiento, la organización puso como ejemplo el caso de Juan Manuel Carrasco, joven detenido en Valencia (Carabobo) el pasado 13 de febrero por participar en manifestaciones y que denunció que los guardias nacionales que lo aprehendieron lo golpearon, obligaron a ponerse en posición fetal y mientras lo amenazaban de muerte le bajaron la ropa interior y le introdujeron algo por detrás.
En un primer momento la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que esta denuncia era falsa y lo hizo bajo el siguiente argumento: «¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada (…) pueda sentarse en la audiencia de presentación?». Pese a estas palabras, el pasado 11 de abril el Ministerio Público anunció que acusaba a tres uniformados por infligir tratos crueles a Carrasco y otros jóvenes más.
El caso de Carrasco es uno de los 142 de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante las protestas que han sacudido al país en los últimos tres meses. Hay 19 policías y militares detenidos.
