“Hay una absoluta ausencia de libertades laborales, económicas y sindicales”, señala la dirigente sindical de Únete, Marcela Máspero
Carlos Díaz
“La crisis económica más grave de la historia está acabando con el bienestar y la felicidad de los trabajadores y sus familias”, afirma Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) en entrevista con “La Razón”.
Señala que el 90% de los venezolanos no tiene acceso a la canasta alimentaria y solo en este 2016 se han perdido más de 300 mil puestos de trabajo.
“Somos el único país que se aterroriza cuando incrementan los salarios porque se sabe que, de inmediato, los alimentos se encarecen más y se dispara la inflación”, indica.
Agrega que los trabajadores venezolanos se empobrecen cada vez más y deben enfrentar el incremento continuo de los servicios públicos tales como electricidad, el cual ha aumentado más de 2 mil por ciento en un año, igual que la televisión por cable y los teléfonos fijo y celular.
“La crisis económica más grave de la historia acaba con los trabajadores”
“Todos estos elementos están conspirando en contra de los trabajadores. Y en ese marco hay una absoluta ausencia de libertades laborales, económicas y sindicales. El tema alimentario se ha agravado porque no se está produciendo suficiente alimento en el país”, dice.
“Conseguir alimentos es una hazaña”
¿Qué opina sobre la nueva oferta de alimentos que se venden a precios internacionales?
El problema es que nuestro salario no compite a escala internacional, no ganamos ni siquiera 100 dólares. Por tanto, para acceder a productos tales como azúcar, aceite, harina y caraotas se debe contar con un salario de al menos 1.200 dólares que es lo que gana en promedio un trabajador en Suiza. De hecho, los precios de los alimentos en Venezuela son más altos que en Suiza. Conseguir cualquier producto hoy es casi una hazaña. Los costos de esos alimentos son totalmente inaccesibles. Las alacenas ahora están llenas en los establecimientos pero no tenemos cómo comprar.
¿Cuál es la situación con el acceso a las medicinas?
En esa materia de medicamentos la situación es más grave: recientemente denunciamos el caso de cargamento de medicinas donado por Cáritas que permanece en el puerto de La Guaira y que están a punto de vencerse. Son, entre otros, hipertensivos que son muy difíciles de conseguir en el país y, mientras tanto, el Gobierno no ha querido liberar el container. Paralelamente, estamos frente a una realidad que es la disminución de la producción por parte de la industria farmacéutica. Aparte de eso, los hospitales públicos, prácticamente, están en el suelo y que no reciben mantenimiento; y, además, el Gobierno ha venido arrebatándoles a los trabajadores el derecho del seguro médico con las clínicas privadas y las cuales, además, también se encuentran colapsadas y carentes de insumos.
“Bolsas del CLAP no llegan a los trabajadores”
¿Los trabajadores están pasando hambre?, ¿cómo sigue el problema de la baja de peso y talla?
Eso es lo que todos llaman como la “dieta de Maduro” y la cual está afectando a toda la población, especialmente, a las personas de la tercera edad y los niños quienes han disminuido 20 o 30 % de su peso corporal. Cada vez vemos más personas comiendo basura en las calles de las ciudades o pidiendo un pedazo de pan. El único que no pareciera estar observando esta situación es el Gobierno nacional a quien no le interesa para nada las penurias que sufre la población con el tema económico. Los problemas de los altos funcionarios del Gobierno están resueltos porque sus hijos estudian en los mejores colegios; cuando deben atender su salud seguramente saldrán por la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar; y cuando necesitan comprar alimentos lo hacen en el exterior. Esto es parte de los privilegios de una dirigencia política que disfruta a costa del sufrimiento de los trabajadores y toda la población venezolana.
¿Las bolsas del CLAP están llegando a los trabajadores?, ¿están activados plenamente los CLAP obreros?
Los CLAP se han constituido en un mecanismo de exclusión que es utilizado por el Gobierno con fines electorales para intentar mantener a su lado un sector de la población a través del tema alimentario. Sin embargo, los CLAP no cubren ni siquiera el 10 % de la población. Por ejemplo, los trabajadores del Metro de Caracas han denunciado que eso es puro show del Gobierno: suministran alimentos dos o tres días y luego aparece el corporativismo sindical o las gerencias para llevarse los alimentos, secuestrando así un derecho que les corresponde a los trabajadores. En el caso de los ministerios, sucede que los gerentes, descaradamente, se quedan con 100 y hasta 200 bolsas. Es decir, se mantiene la misma discrecionalidad y la corrupción en la distribución de las bolsas del CLAP y, prácticamente, no llega a los trabajadores.
Hay flexibilización del salario
El Gobierno ha aumentado el salario mínimo en cuatro ocasiones este año y, según destaca, el salario integral se ubica en 90.812 bolívares, ¿este monto es suficiente para alimentar a la familia durante un mes?
Por supuesto, no. Esos son aumentos pírricos que en lugar de contentar a los trabajadores, por el contrario, los aterroriza. Sin embargo, lo más grave de esta situación es la flexibilización del salario cuando el ticket de alimentación queda por encima del salario. Además, con un ticket diario ya no puedes comprar un almuerzo porque ya estos valen hasta 3.500 bolívares. Esto atenta contra el concepto del salario que está establecido en la Ley del Trabajo, la Constitución y los convenios internacionales.
¿Cuál debe ser el monto del salario mínimo?
Eso lo establece la Constitución de la República: el salario debe ajustarse al costo de la canasta básica.
“Los CLAP son un mecanismo de exclusión utilizado con fines electorales”
¿Ya los aguinaldos se volvieron sal y agua a la presente fecha?
Al respecto, nos preocupa, por ejemplo, que algunas cadenas están vendiendo, por ejemplo, leche en 32 mil bolívares y eso puede ser el aguinaldo de cualquier trabajador. Por qué en lugar de importar, nos ponemos a producir en el país y, de esa manera, mantenemos las fuentes de empleo con salarios dignos y condiciones decentes para los trabajadores, fortalecemos nuestro mercado interno y se mejora la economía. Pensamos que esta es una política del Gobierno para mantener en zozobra al país y crear dependencia en la mayoría de la población. Por otra parte, el presidente Maduro anunció como un gran logro el pago de 90 días de aguinaldo pero ese beneficio se alcanzó previamente a través del contrato marco. De igual manera, a quienes recibieron este beneficio, porque también hay muchos trabajadores a quienes no se los han cancelado, ya lo gastaron todo y especialmente pagando deudas que han venido contrayendo debido a la crisis económica. Esto hace casi imposible que los trabajadores puedan tener acceso a las compras navideñas. Recordemos también que a muchos trabajadores de la administración pública les adeudan beneficios tales como la guardería escolar, uniformes, entre otros.
¿Cuáles son los trabajadores de la administración pública más afectados en materia de derechos laborales?
Hay un caso emblemático con la empresa estatal Quimbiotec, que es una planta que procesa productos derivados de la sangre humana y la cual está ubicada en La Panamericana. Sus trabajadores disfrutaban del contrato colectivo del sector farmacéutico y se los arrebataron de un plumazo. En este momento ni siquiera les han honrado los incrementos de salario mínimo ni tampoco les están reconociendo otros derechos. Otro hecho grave es que esa empresa tampoco está produciendo y mientras tanto la ministra de Salud viene mintiendo en relación con esto. Otros trabajadores a quienes no se les han reconocido los dos últimos aumentos de salario mínimo son quienes pertenecen a las alcaldías y las gobernaciones.
“Hay persecución contra los trabajadores”
¿Cuáles son los contratos colectivos que están vencidos y los que tienen mayor tiempo sin discutirse?
Durante la última discusión del contrato colectivo del sector eléctrico se perdieron todas las conquistas laborales alcanzadas a lo largo de varios años. Allí se perdieron los tabuladores salariales, beneficios para los jubilados, entre otros. Es algo que ha pasado con el contrato marco de la administración pública, el contrato en el sector petrolero y del magisterio, en todos ellos ha habido una disminución de beneficios que habían sido adquiridos a través de la lucha de los trabajadores. En el caso del sector del aluminio, allí se alcanzaron una serie de beneficios laborales que todavía han sido honrados; en el caso del sector cemento ninguna de las 32 contrataciones colectivas han sido discutidas. En el sector salud hace años que no se discute el contrato colectivo. Esto es parte de la actitud de un Estado que está forajido.
“1.500 trabajadores fueron despedidos de la CVG, Seniat, Corpoelec, Seguros Federal por firmar contra Maduro”
¿Han recibido denuncias de persecución política o de otro tipo en contra de sectores laborales?
Hay persecución contra trabajadores del sector privado en los estados Aragua y Yaracuy en donde se han observado alianza entre inspectores, funcionarios del CICPC y del sistema judicial que se ponen de acuerdo para detener a trabajadores sin ninguna orden judicial. Esto está pasando en las empresas La Monserratina y Galletas Puig, ubicadas en Las Tejerías, estado Aragua, en donde se produjo un despido masivo de 40 trabajadores. Esta situación también está sucediendo en Laboratorios Copasa, en Yaracuy, en donde ha habido una absoluta impunidad con la negación de justicia y retardo procesal.
¿Qué opina sobre la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática de llevar los casos de persecución política, y específicamente de los trabajadores que fueron despedidos de la administración pública por haber firmado para convocar el referendo revocatorio?
No creo que la MUD esté capacitada en esa materia. En todo caso, ellos tienen que darle una respuesta electoral al país, que todavía no han dado. En relación a los 1.500 trabajadores despedidos de las empresas básicas de Guayana, del Seniat, Corpoelec, Seguros Federal, ya hay una decisión de la Organización Internacional del Trabajo que los ampara.
“Es una dictadura”
¿Serán afectadas las protestas laborales frente al fallo del Tribunal Supremo de Justicia que limita este derecho?
Estamos enfrentando una dictadura y los trabajadores no vamos a dejar de protestar.
¿De los 3 millones de venezolanos que se han ido del país durante los últimos tres años cuántos son trabajadores que necesita el país para su recuperación económica?
Son muchos trabajadores que se han ido del país para mejorar su situación económica y lograr mejores horizontes. Y aunque no logran desempeñar sus profesiones sí buscan la manera de estabilizarse y enviar remesas de dólares para que sus familias en Venezuela puedan alimentarse y subsistir.
¿En un eventual referendo revocatorio, el presidente Maduro recibiría o no el respaldo de la clase trabajadora?
Al Presidente ya no le quedan trabajadores, solo un corporativismo sindical que cada día está más separado de las bases de los trabajadores. El discurso del Presidente es obrerista pero en la práctica el Gobierno es explotador, clientelar y terrorista.
