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La Defensoría del Pueblo no puede ser indiferente ante el mecanismo de asfixia al que son sometidos los medios de comunicación social
EDE
Alfredo Maneiro, un hombre libertario, luchador, pensador, filósofo y dirigente político que fue profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, no merece lo que están haciendo con su legado. A Maneiro lo recordamos también por su intensa actividad de combativo e irreverente editor, siempre desafiante del orden establecido. Fue el creador del periódico “Matancero”, vocero de los trabajadores siderúrgicos, “Bafle”, en la comunidad universitaria merideña, “Prag”, en la UCV, “Pro-Catia” en la lucha vecinal del Oeste caraqueño y la revista cultural “Agua Mansa”. Su filosofía de vida siempre fue en contra de lo que hace la empresa estatal que lleva su nombre y que actualmente es presidida por Hugo Cabezas. El Complejo Editorial Alfredo Maneiro (Ceam) es utilizado por el Gobierno para asfixiar a la prensa, en un atropello directo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa consagrados en nuestra Constitución. El papel para los periódicos nunca se ha producido en Venezuela y por eso ha tenido que ser importado históricamente. El Ceam se encargó de monopolizar la importación de ese rubro, tras el corte en la asignación de divisas para las empresas privadas que realizaban esa función. El Ceam se convirtió así en el único proveedor para casi un centenar de medios impresos en todo el país. Desde esa posición monopólica el Complejo, que en principio cumplió con las necesidades del sector, en este año ha degenerado no solo en un ente ineficiente, sino que además opera como verdugo de la libertad de prensa, consagrada en la Constitución Nacional. “Vamos a tener garantizado no solamente el papel de aquí a diciembre sino por lo menos el año 2017 lo estamos cubriendo desde ahorita”, dijo Cabezas a mediados de octubre. Desde entonces periódicos como “La Verdad” del Zulia o “La Nación” en Táchira se han visto forzados a dejar de circular durante varios días por falta de papel, por la ineficiente gestión del Ceam y del señor Cabezas, exgobernador del estado Trujillo y miembro del llamado “Estado Mayor de la Comunicación”, que preside el ministro Ernesto Villegas. Muchos otros no circularán en diciembre o han tenido que reducir drásticamente su paginación y tiraje. Existen medios que han prepagado el insumo, tal como exige el Complejo, y no lo han recibido con el paso de las semanas. En el caso de LA RAZÓN, el ente que dirige Cabezas, adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gobierno, ni siquiera ha enviado la orden de compra correspondiente a noviembre de 2016 en un acto evidentemente discriminatorio, ya que es LA RAZÓN uno de los poquísimos medios en no ser considerados en esta oportunidad, a pesar de las misivas que se han hecho llegar al funcionario y dirigente del partido de gobierno y las diligencias que en ese sentido ha adelantado la Cámara de Periódicos de Venezuela. La Defensoría del Pueblo no puede ser indiferente ante el mecanismo de asfixia al que son sometidos los medios, que atenta de la misma forma en contra del derecho a trabajar de nuestros periodistas, fotógrafos, personal de taller y administrativo. La actuación de las autoridades en este caso los convierte en unos auténticos depredadores de las libertades ciudadanas y ratifican el signo dictatorial que ha tomado el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no cierra periódicos sino que los compra, que impone la censura y la autocensura, pretende ahora aniquilar de facto a las pocas voces críticas en la Venezuela de esta hora menguada.
