A pesar de nuestros problemas, en Venezuela seguiremos cultivando esos sentimientos de hermandad hacia el sufrido pueblo de Colombia
Manuel Isidro Molina
Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República de Colombia, dio rienda suelta a su brutalidad oligárquica anti venezolana. Miserablemente dijo, reiteró y reafirmó con inocultable odio y menosprecio hacia nuestro gentilicio, el insulto hijueputa que nos tienen allá a los venezolanos: “venecos”, nos llamó en plena calle, ante los medios de comunicación que proyectaron al mundo su desgraciada expresión. Inaceptable expresión en boca del segundo al mando del Estado colombiano.
Para quienes no lo saben, “veneco” es contracción de “venezolano coño de madre”. Así nos llamó el hijo de puta vicepresidente de Colombia, por su odio ancestral y su visión oligárquica de la vida. No basta con las evasivas que ha pronunciado después del insulto proferido a un pueblo solidario y grancolombiano como el venezolano.
Hasta que Vargas Lleras se retracte y ofrezca disculpas a nuestro pueblo, lo seguiré llamando “el vicepresidente hijo de puta de Colombia”, para que respete y retome el trato decoroso hacia sus vecinos y especialmente hacia el pueblo de Venezuela, por mil razones históricas y por otras tantas de la realidad contemporánea, que no es indispensable enumerar.
El pueblo colombiano ha sido históricamente víctima de esa oligarquía codiciosa, criminal y engreída que representa ese hijo de puta vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. La solidaridad entre colombianos y venezolanos no está en duda, la cultivamos y la honramos, aquí y allá; en Venezuela, la practicamos con amor y camaradería, como bien lo saben más de 5,5 millones de compatriotas colombianos llegados a nuestras tierras huyendo de la violencia fratricida, la pobreza y la criminalidad mafiosa de los narcotraficantes, sicarios, paramilitares y cuerpos represivos del Estado. A pesar de nuestros problemas, en Venezuela seguiremos cultivando esos sentimientos de hermandad hacia el sufrido pueblo de Colombia, sin importarnos que existan hijos de puta como Vargas Lleras.
Las exigencias de la Cancillería venezolana al gobierno del presidente Juan Manuel Santos son válidas y tienen respaldo nacional. Encontrará Santos, de forma expedita, desautorizar por escrito a ese hijo de puta vicepresidente que se atrevió a agredirnos tan gratuita y desmesuradamente. Eso aspiramos y exigimos.
EL CONFESIONARIO
SAN CRISTÓBAL ESTÁ MINADA DE CASINOS ilegales que funcionan al amparo de la gobernación del estado Táchira, la alcaldía, el consejo legislativo regional y los concejales de la municipalidad capitalina. No solo que funcionan sin los permisos requeridos, sino que operan sin control alguno haciendo de los jugadores y jugadoras, especialmente los de la tercera edad, víctimas de estafas continuadas. ¿Está funcionando la Comisión Nacional de Casinos?
SE HA HECHO “COSTUMBRE” EN LOS CENTROS HÍPICOS del país, operar máquinas traganíqueles descaradamente, sin duda, bajo auspicio de funcionarios matraqueros tanto del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de la Comisión Nacional de Casinos, adscrita a ese despacho ministerial, y de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y las policías regionales y municipales.
TAMPOCO LA SUPERINTENDENCIA DE ACTIVIDADES HÍPICAS cumple con sus funciones de control sobre este tipo de negocios, que bajo la legalidad introducen actividades ilegales con el caldo de cultivo de la corrupción de funcionarios de todo tipo y nivel, fenómeno que se fue hipertrofiando desde 1999 hasta el presente.
ESTE ES UN SUBMUNDO DELICTIVO en el cual los ilícitos van tras la codicia o la ingenuidad de la gente, extendiendo habitualmente sus redes con la trata de mujeres para la prostitución, el tráfico de drogas y delitos conexos, pero a las autoridades robolucionarias no parece importarles mucho esta parte de la destrucción moral de la República, ya que altos oficiales militares activos y retirados están involucrados, igual que funcionarios nacionales, regionales y municipales: “Todos guisan”.
LA FISCALÍA XXIII DEL ESTADO TÁCHIRA mantiene engavetado el caso de la paralización de las obras de remodelación del terminal de pasajeros del Aeropuerto Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, en el cual están planteadas “presuntas irregularidades atribuidas a los ciudadanos Teresa del Valle Camero Loreto, en su condición de funcionaria del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo; y Wolfang Camero Gómez, con ocasión al contrato Fundenap-2013-025”.
EL CASO ESTÁ SERIADO “MP-378348-2015”, pero desde que fue pasado desde Caracas por la Directora Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, Ana Ysabel Hernández, a la fiscal Yuli Osorio en San Cristóbal, nada ha ocurrido: lleva 18 meses inmovilizado el expediente, y los denunciantes no han sido recibidos ni atendidos telefónicamente. ¿Órdenes superiores o desidia cómplice?
LOS MINISTROS CASTRO SOTELDO Y MARCO TORRES tienen mucho en común, a pesar de sus diferencias personales y pecuniarias: “Profesionales de los ministerios de Agricultura y de Alimentación acusan descontento con los resultados… La producción agrícola y pecuaria sigue en el foso, y en relación al abastecimiento de alimentos la situación es crítica porque no hay producción nacional y porque las importaciones no han sido bien programadas y se asignan caprichosamente a testaferros o reempaquetadores que ‘se bajan de la mula’ en diversos niveles de la cadena”.
SON PRECARIOS LOS INVENTARIOS DE CARNE, LECHE, AZÚCAR, TRIGO Y MAIZ… “y con los precios disparados solo se han beneficiado los militares importadores con dólares preferenciales y licencias de importación amañadas” para beneficio de esas mafias hambreadores del pueblo, en nombre del “socialismo” y la “revolución” con los bolsillos pudrimillonarios.
ESTAS MAFIAS “CHAVISTAS” REVENDEN LOS ALIMENTOS IMPORTADOS al equivalente especulativo de “dólar paralelo” con ganancias no solo obscenas sino realmente criminales contra la gente que ya no está en capacidad de comprar alimentos básicos a miles y miles de bolívares por kilogramo: carne Bs. 8.000 y más; café Bs. 16.000 a 24.000; azúcar Bs. 4.600 a 6.500; harina de maíz Bs. 3.000 a 4.000, etcétera.
NÓTESE QUE COMPRAN DÓLARES A Bs. 10,00 pero tasan sus ventas en el país a 1$ a Bs. 3.200 y más, dependiendo de la dinámica especulativa que ha pulverizado el bolívar, en “una gigantesca triangulación de comisiones y sobreprecios que afecta tanto a la ciudadanía como consumidores finales, como a las empresas de la industria de los alimentos”.
EL RESULTADO ES CLARO Y DOLOROSO: robolucionarios civiles y militares ultra ricos, pudrimillonarios, y la industria nacional en el suelo, más una población pasando hambre, desnutrida y totalmente empobrecida. ¿Así es que se gobierna?
OTRA QUEJA FUERTE EN LA ECONOMÍA ALIMENTARIA es que “la pequeña y mediana industria encuentra trabas de todo tipo en la burocracia chavista, que mantiene un trato preferencial a beneficio de transnacionales como Nestlé, Plumrose, Bimbo o Parmalat en cuanto a otorgamiento de licencias de importación y dólares preferenciales… Los gestores de esas transnacionales se ufanan de su influencia en los ministerios de Alimentación, Agricultura y Finanzas”.
“RAFAEL CALDERA: estadista y pacificador” es un magnífico libro compilado y prologado por Rafael Arráiz Lucca. Independientemente de las orientaciones ideológicas y formaciones profesionales de sus ilustrados 24 ensayistas, es obra elevada, crítica y estimulante. Cuando ambos todavía vivían escribí una apreciación que desató pasiones: “Caldera es el político más eminente del siglo XX venezolano, y Carlos Andrés Pérez, el más novelable”. Este libro confirma la primera parte de mi juicio; la segunda, está por verse, seguramente cuando entre las nuevas generaciones surja un literato audaz, culto y honesto que lo refleje.
