ALBERTO NAVAS BLANCO*
El tema de las elecciones y su vinculación al problema del asalto al Congreso en el año 48 del siglo XIX lleva a la tentación de hacer comparaciones anacrónicas y mecánicas con la situación actual. Y no es que no exista un sustrato estructural similar o, por lo menos, compartido entre las dos situaciones o que no existan elementos coyunturales y hasta episódicos que permitan hacer comparaciones, porque las comparaciones siempre son posibles, sino que estas no son cómodas y no siempre son ciertas.
En el caso del año 1848, que es el que nos corresponde contextualizar desde el punto de vista electoral, nos vamos a encontrar con una situación de predominio oligárquico. Las oligarquías en Venezuela han sido una constante, y no solamente aquellas definidas como oligarquía liberal y conservadora, también están la oligarquía castrogomecista-andina, que gobernó Venezuela durante casi medio siglo hasta el año 1945; las oligarquías o cogollos políticos, que dentro del período democrático también actuaron; y las oligarquías del llamado socialismo del siglo XXI, que actualmente monopolizan el mercado de dólares, el petrolero y la violencia de las armas; es decir, generan un problema estructural en el proceso histórico-político venezolano.
Sin embargo, es difícil quitarle el remoquete de consagratorio a los procesos electorales. El proceso electoral parece ser un medio que consolida situaciones, hechos en los cuales las autoridades militares eran prácticamente un partido político. Ustedes pueden comprobarlo en la Memoria de Guerra y Marina del año 1850. Si revisan el documento, pueden ver que el ejército regular estaba compuesto apenas de 2850 hombres, y la milicia, que era prácticamente un grupo movilizable, de alpargatudos, desconocedores y desarmados, pero muy violentos, estaba formada por alrededor de 65 mil hombres en pleno periodo del monagato.
Dados los elementos derivados del proceso emancipador, el grupo dominante de la época era el militar; se le daba la prioridad en la toma de decisiones políticas, en el control de las armas y de la psicología patriótica. Esto hizo que, desde los tiempos del general José Antonio Páez, se le permitiera el acceso y control de los mecanismos electorales de una manera abrumadora. Notaremos que ese sistema controlado de las instancias fundamentalmente oligárquico-militares era por grado; es decir, estaba basado en las tesis liberales de que quien paga impuestos es el que tiene derechos políticos. En las revoluciones del siglo XIX, las declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaban separadas, pues no todo hombre era ciudadano. El derecho al voto era uno de los factores fundamentales en el acceso a la ciudadanía.
En la Revolución francesa, donde el régimen fue muy duro al principio y después mucho más, así como también en nuestro régimen constitucional (ver José Gil Fortoul) vamos a encontrar aristas muy cerradas; por ejemplo, para una elección presidencial, primero, existía un estamento de características parroquiales, donde un juez parroquial, con unos conjueces y unos elementos notables elegidos por el Concejo Municipal, limpiaban las listas de ciudadanos y decidían quién era y quién cumplía la característica de ciudadano para votar en las elecciones o en las asambleas parroquiales. Este primer filtro reducía de una manera significativa el número de personas con acceso al sistema electoral y por eso en Caracas hacia 1850, de 44000 habitantes, solamente unos 1437 tenían cualidades para poder participar como electores. Es decir, en las parroquias se elegían electores y los electores que iban a las asambleas cantonales y después provinciales para elegir al presidente de la República debían cumplir con requisitos muy complejos y limitados.
Dicho filtro permitía que, al llegar la votación a nivel de los cantones y las provincias, el grupo de votantes fuese muy fácil de manejar desde las instancias gubernamentales. Esto llevó de una u otra forma a un control oligárquico o quizás oligocrático que se vio mucho más claro en los tiempos de Guzmán Blanco y en el cual resalta la existencia de mecanismos muy fluidos de estabilidad política, por lo menos hasta 1846. El deterioro de situaciones, que tenían que ver con la caída de los precios del café y con situaciones de emergencia social y ocupación urbana que generaban una masa con capacidad de protesta y movilización, fue aprovechado por los partidos liberales fundados por Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán. Ello generó una situación de inestabilidad y violencia, en la cual el general José Antonio Páez, quien había logrado controlar, incluso en los años 1834 y 1835 la elección de José María Vargas y su reposición en el cargo, después de la Revolución de las Reformas se fue desmoronando.
Este hecho convirtió las elecciones del año 46 en un momento crítico en el cual el Partido Liberal era visto como una amenaza revolucionaria, pese a que desde el punto de vista cuantitativo uno lo estudia y no lo encuentra realmente.
El Partido Liberal, encabezado por Antonio Leocadio Guzmán, se vinculó con un movimiento armado de una manera no muy clara, ni comprobada tampoco, pero que es aprovechada por el régimen, a los efectos de relacionarlo y sacarlo del juego político.
Antonio Leocadio Guzmán, apresado y condenado a muerte en la cárcel de San Jacinto, recibió un indulto de Monagas e incluso llegó a la Vicepresidencia de la República durante el gobierno de este. El Partido Liberal no representaba un peligro o una amenaza para el control militar del poder político. Si ustedes ven los resultados electorales obtenidos en el Congreso de la República, van a notar que en esas elecciones hubo solamente 319 votantes a nivel de los colegios electorales provinciales.
Allí Monagas obtuvo 107 votos, de esos 319 votantes; lo que implicaba el pase a una siguiente fase de perfeccionamiento por el Congreso, en la cual este votaba en sesión plenaria por los tres primeros candidatos, conforme a lo establecido en la Constitución de 1830, y elegía o perfecciona la elección del presidente de la República. Esto le daba a Monagas una debilidad cuantitativa, hasta cierto punto, pues el segundo candidato con más votos era el general Salom, con 97; el tercero, Antonio Leocadio Guzmán, con 57; y el cuarto era Blanco con 46 votos.
Entre ellos superaban y casi duplicaban la votación de Monagas. Pero ¿qué ocurrió? El control del Congreso por parte de Páez permitía que en el proceso de perfeccionamiento en la votación de los diputados y senadores en sesión plena ganase el candidato propuesto y apoyado por él. En este caso, el candidato era el general José Tadeo Monagas. Monagas era un personaje poco significativo desde el punto de vista político- electoral, con un liderazgo regional y una capacidad real que se le escapa de las manos a Páez, quien lo utiliza como una especie de instrumento de transición a los efectos de oxigenar la situación política y obtener ventajas en el próximo proceso electoral que se iba a plantear hacia el año 1850. Monagas, a pesar de ser un candidato militar muy débil, obtuvo una votación favorable y el control de la Presidencia de la República.
Luego, mantuvo una situación de enfrentamiento con los senadores de las tendencias de carácter conservador representadas en el Congreso. En ese sentido, la elección del general Monagas en 1846 va a ser el preámbulo del proceso de intervención violenta del Congreso del que vamos ser víctimas los venezolanos desde 1846 hasta casi 100 años después, cuando en la Asamblea Constituyente de 1946 hasta las mujeres obtienen el reconocimiento político con la inclusión en la Constitución de 1947 del voto femenino, elemento antecedido solo por la pequeña apertura que dio a nivel municipal el general Medina. En Venezuela no hubo elecciones confiables ni estables en términos de legitimidad y estabilidad política hasta la elección de Rómulo Gallegos en 1947.
De una u otra forma el daño causado por Monagas entre los años 1846 y 1848 tuvo consecuencias estructurales similares prácticamente a las de un sismo. Para el general Guzmán Blanco fue muy cómodo, en la década de 1880 con su constitución suiza, configurar un Consejo Federal, cuyos miembros lo elegían como presidente de la República. Los procesos electorales no lograron obtener la naturaleza que para nosotros en el siglo XX han tenido elecciones como la de Rómulo Gallegos o como aquellas que vivimos desde 1958 hasta el último presidente civil, el doctor Rafael Caldera.
Para cerrar, comentaré unos pequeños datos que ilustran cómo predominaron las candidaturas militares en el control de los procesos electorales desde 1830 hasta 1858. En 1830, de 165 votos emitidos por candidatos presidenciales, 163 fueron por militares; es decir, el 98,7 %.
Esto varió solo en 1834, cuando ganó el doctor José María Vargas. En 1846, de 319 votos emitidos por los colegios electorales, 259 fueron por candidatos militares; o sea, el 81 %. Al final del monagato, cuando
José Tadeo se hizo elegir por segunda vez como presidente de la República por el Congreso y por las asambleas parroquiales y provinciales, de 435 votantes, 434 votaron por él y un solo elector votó por Fermín Toro; es decir, Monagas ganó las elecciones con un 99,7 % de los votos.
En 1834, a pesar de lo dicho con anterioridad, también vamos a encontrar un predominio militar, pues Vargas, con todos los méritos políticos y académicos que tenía, fue en realidad un candidato de Páez y de la alianza de intereses militares y oligárquicos. Dada las circunstancias, Vargas tuvo que renunciar y prefirió dedicarse a la actividad docente y académica en la universidad.
Los procesos electorales, por importantes que fuesen en el siglo XIX, no tenían significación más allá de lo que el doctor Diego Urbaneja nos enseñó a través de sus publicaciones; estos eran procesos de naturaleza fundamentalmente consagratoria de los poderes establecidos, pues no contábamos con mecanismos modelos del poder como sindicatos, partidos y asociaciones, ni con estructuras centralizadas y autónomas como una vez llamamos al Consejo Supremo Electoral.
*Licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas por la UCV. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Historia de dicha universidad. Dentro de esta misma casa de estudios ha ejercido los siguientes cargos: director de la Escuela de Historia, director del Archivo Histórico, coordinador académico de la Facultad de Humanidades y Educación y coordinador del Vicerrectorado Académico. Sus investigaciones están dedicadas a la historia de la UCV, a la historia electoral de Venezuela, a la historia de las cárceles y de la policía en Venezuela y al análisis del tiempo histórico y político. Entre sus publicaciones destacan: El Claustro pleno de la Universidad de Caracas durante la primeras y segunda República 1810-1814, El comportamiento electoral a fines del siglo XIX venezolano, y La Rotunda de Caracas: configuración del Estado como aparato de violencia, 1840-1936.