Un homicida impune no puede encabezar el Poder Judicial en ningún país del mundo. Ocurre en Venezuela, hoy
Manuel Isidro Molina
Esperaba que el presidente Nicolás Maduro tuviera un mínimo de recato moral y ético al digitalizar la escogencia del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La responsabilidad es suya, principalmente, como jefe maltrecho del chavismo disminuido que se aferra al poder obstaculizando las consultas democráticas al pueblo soberano, para no sufrir una derrota igual o mayor a la que el pueblo le propinó el 6 de diciembre de 2015.
No tengo que referir detalles de la historia de homicida impune que llevará el magistrado Maikel Moreno sobre sus hombros, por el resto de su vida. Fue en tiempos de su adscripción a la DISIP (Dirección de Inteligencia Policial) durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien mandó a excluirlo de la escolta civil de la Casa Militar por “gatillo alegre”. Un homicida impune no puede encabezar el Poder Judicial en ningún país del mundo. Ocurre en Venezuela, hoy.
Luego, el manejo de la justicia que ha hecho como juez de la República, tampoco lo califica para presidir el TSJ, cuando ya era mucho que presidiera su Sala de Casación Penal. De hecho fue echado del Poder Judicial por arbitrariedades a favor de delincuentes y desconocimiento de mandatos jerárquicos que se lo impedían. Es el segundo caso de persona expulsada del Poder Judicial por ignorancia del derecho, que llega a presidir el TSJ: la primera fue Luisa Estella Morales, cuyo historial el país también conoce, destituida dos veces con sentencia firme de la Sala Políticoadministrativa de la Corte Suprema de Justicia de entonces, e impuesta por el presidente Hugo Chávez Frías, como ahora lo hizo Maduro con Moreno, su viejo amigo.
Tampoco lo engalana su manifiesta riqueza abrupta y gigantesca, que no puede justificar con sus ingresos como empleado público de escasa trayectoria, tanto del Poder Judicial como en el servicio diplomático, cuando el entonces canciller Nicolás Maduro lo envió a nuestra representación diplomática en Italia. En Miami, Estados Unidos, dejó huella al casar temporalmente con ciudadana cubano-estadounidense en procura de residencia inmigratoria y relacionarse con sectores antichavistas, que hoy no se explican la evolución ultra oficialista de este juez con empeño brutal contra opositores al Gobierno del PSUV.
Este grave capítulo de esta hora aciaga de Venezuela, trasciende el Poder Judicial y alimenta el descalabro moral que sufre la República. No tiene idea, Maduro, de las consecuencias que sobre la sociedad descarga su decisión de apadrinar las desbocadas apetencias de poder de Maikel Moreno, quien hizo una perfecta proyección de personalidad en su primera declaración como presidente del TSJ: dijo estar comprometido en “acabar con la corrupción y la impunidad”.
Su auctóritas es nula en Venezuela, como abogado y como juez, aunque empuñe la autoridad administrativa y judicial de sus dos cargos en el máximo tribunal de la República. Esta particular historia del absurdo, apenas comienza, incluyendo a los 30 magistrados que junto con Moreno votaron su investidura.
El debilitado Gobierno de Maduro comienza a morderse la cola, a pesar del camino dictatorial escogido el año pasado por las cúpulas civiles y militares que tratan de garantizarle continuidad, al margen de la Constitución y del amplio sentir popular que lo rechaza. El control perverso de los poderes Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano junto con el poderoso esquema represivo policíaco-militar y parapolicial impuesto, no detendrá el avance de las fuerzas transformadoras de Venezuela que, con dificultades ciertas, apunta a la superación de las miserias del bipartidismo del siglo XXI, hoy con dos polos disminuidos de escasa capacidad de convocatoria.
No es Maikel Moreno con su poder administrativo y judicial, quien va a atemorizar más a nuestro sufrido e inconforme pueblo, que mayoritariamente clama la superación de esta macro crisis moral, ética, política, económica y social que nos asfixia. Logrado su ansiado objetivo —gracias a un nuevo dislate del presidente Nicolás Maduro—, al nuevo presidente del TSJ le corresponde actuar con la mesura que le exige la crítica observación nacional e internacional que lo rodea. Debe entender que no tiene “carta blanca”, para nada, y menos para dar rienda suelta a sus frustraciones, rencores y abusivas pretensiones.
EL CONFESIONARIO
N UNA VERDADERA “GUERRA CIBERNÉTICA” están desarrollando factores del gobierno que pretenden “tapar el sol con un dedo”. Lo confirman, los ataques que han sufrido recientemente dos portales informativos y de opinión política en la web: aporrea.org y laclase.info, el primero perteneciente a sectores del autodenominado “chavismo crítico”; y el segundo, medio oficial del Partido Socialismo y Libertad (PSL) que lideran Miguel Ángel Hernández, Orlando Chirino y José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y aspirante a su presidencia.
N CON EL CERCO ECONÓMICO PUBLICITARIO hacia todos los medios independientes o críticos al gobierno, las políticas restrictivas de Conatel y el vulgar chantaje del Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) con la asignación esporádica de papel prensa a los periódicos que hacen periodismo y no propaganda gubernamental, como pretende el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, de acuerdo con el libreto soviético-cubano impuesto por Hugo Chávez y reforzado por Nicolás Maduro, el PSUV pretende eternizarse en el poder desconociendo la inconformidad nacional.
N SE LE SUMA EL CONTRO MONOPARTIDISTA del sistema público de radio y televisión que encabezan Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela, con censura, manipulación informativa y propaganda burda, atosigante, las 24 horas del día, todos los días.
N LA CENSURA DEL GOBIERNO en los medios públicos y privados bajo su control es simplemente aberrante, monopartidista, dictatorial, contraria al espíritu de la Constitución que manda pluralismo, diversidad, libertad de expresión, derecho a la información veraz y oportuna, entre otros valores democráticos por los que los periodistas venezolanos hemos luchado históricamente y han sido anulados por los gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
N LA CENSURA IMPUESTA abarca la función pública: todas las fuentes informativas gubernamentales han sido cerradas, realmente clausuradas, constituyendo una monstruosidad contemporánea solo vigente en países como Cuba y Corea del Norte. Este rasgo se compadece con la opacidad generalizada del gobierno, tanto en la era Chávez como en la era Maduro: no hay cuentas, no hay cifras, no hay transparencia ni pulcritud administrativa; pero también existe segregación política, que se expande a la negación del derecho al trabajo, a la libertad sindical y a la libre elección de los organismos sindicales independientes.
N ERNESTO VILLEGAS tiene un serio problema de conciencia, democráticamente hablando, en términos constitucionales; y un serio problema ético, profesionalmente hablando, en términos gremiales, sobre la base de la Ley de Ejercicio del Periodismo y nuestro Código de Ética del Periodista Venezolano. No le es fácil, hoy, “cantar como gallo”.
N LOS CASOS DE REPRESIÓN A LA DISIDENCIA contra el ex ministro Raúl Isaías Baduel y el profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, son brutales, simplemente brutales. Al presidente Nicolás Maduro y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les debería dar vergüenza esos encarcelamientos por motivos políticos. ¿Meterán presos a los millones de venezolanos y venezolanas que exigimos un cambio de rumbo en el país, y que haya elecciones libres en los debidos lapsos constitucionales? Toda mi solidaridad con Baduel y Guevara, a quienes no conozco, seguramente no comparto algunos de sus planteamientos, pero defiendo sus derechos democráticos a pensar, expresarse y actuar políticamente a conciencia, dentro de los parámetros constitucionales.
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