El Parlamento advierte a las embajadas y a las empresas extranjeras que los convenios y contratos firmados respecto al Arco Minero no tienen “validez alguna”, al no ser autorizados por la Asamblea Nacional
Enrique Meléndez
La comisión mixta que nombró la Asamblea Nacional para evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, reiteró la advertencia de que los convenios, contratos y cartas de intención firmados por el Ejecutivo nacional, el presidente de la República, ministros y otros funcionarios, con entidades financieras y empresas en ejecución de dicho proyecto, son absolutamente írritos, sin validez alguna.
Esta advertencia se deriva de un extracto de las conclusiones del informe de la comisión mixta del 13 de diciembre de 2016, presidida por el diputado Américo de Gracia y con Julio César Reyes como vicepresidente. Gladys Guaypo, Luis Parra, Carlos Andrés Gonzales, Ezequiel Pérez, Fernando Sucre y María Gabriela Hernández son los otros parlamentarios que integran la comisión.
“La comisión mixta especial advierte, siguiendo el mandato de la Asamblea Nacional, en el acuerdo aprobado el 14 de junio de 2016, a las embajadas que hacen vida en el país y las empresas, organismos multilaterales o a personas naturales, que los convenios, contratos, cartas de intención firmados por el Ejecutivo nacional, el presidente de la República, ministros, y otros funcionarios, con entidades financieras y empresas en ejecución del llamado Arco Minero, son absolutamente írritos, sin validez alguna, al no ser autorizados por la Asamblea Nacional, según lo establecido en los artículos 150 y 187, numeral 9 de la Constitución y, en vista de que además afectan la megareserva nacional de agua dulce de Venezuela y las más importantes áreas bajo régimen de administración especial o áreas protegidas del país, las cuales poseen protección constitucional”.
A continuación expresa que se participa y se informa debidamente a los órganos como el Banco Mundial y el CIADI y los tribunales, empresas y entidades de todos los países donde se han ventilado demandas contra la República por presuntos incumplimientos de convenios y contratos, demandas que, luego el Gobierno nacional acuerda pagar con los intereses respectivos, para posteriormente reasignar los contratos o concesiones a las empresas, en un arreglo con nuevos préstamos que son lesivos al país, en lo que podríamos caracterizar como “deuda odiosa”, contraída en forma fraudulenta, ilegal e inconstitucionalmente por funcionarios públicos en forma irresponsable, en actos de lesa patria, que éstos son responsables en forma personal; bajo ningún concepto esa responsabilidad recaerá sobre la República Bolivariana de Venezuela.
“La República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes no son responsables de los endeudamientos contraídos por el presidente de la República Nicolás Maduro, su vicepresidente, sus ministros, embajadores, cónsules, funcionarios, presidentes de Pdvsa, Banco Central de Venezuela, CVG, Corporación de Desarrollo Minero, empresas mixtas para explotar oro, diamante, coltán o cualquier otro mineral, irrespetando y violando la protección a perpetuidad, que tienen las aguas y áreas bajo régimen de administración especial, sin contar, además, con las autorizaciones constitucionales respectivas y la aprobación del Poder Legislativo nacional, relacionados con las concesiones, contratos, cartas de intención, préstamos, financiamientos, exploración, explotación, operaciones bursátiles en las bolsas de valores internacionales, vinculadas con la ejecución de decreto presidencia 2248 del 24 de febrero, de creación de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco (zdenamo), publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela”.
