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Con una minoría fanática y fundamentalista, dispuesta a aniquilar a su adversario político, es inviable cualquier negociación
Humberto González Briceño
Decir que Venezuela atraviesa su peor crisis política, económica y social no caracteriza con precisión la situación de hoy. Venezuela es una república que se derrumba ante el quiebre de sus instituciones y la incapacidad de articular una salida democrática y constitucional al dramático conflicto político. Existe un Gobierno nominal que carece de toda legitimidad y que también se ha apartado de la legalidad para poder sostenerse. La ausencia de claros mecanismos institucionales para corregir las desviaciones de la camarilla en el poder ha degenerado en la desintegración de los poderes públicos incluida la Fuerza Armada.
La Fuerza Armada que ha podido jugar un rol decisivo en la pacificación del país opera como el brazo armado del grupo en el poder. Desde esa posición jamás podrá inspirar respeto y menos imponer autoridad en un país donde reina el caos y la violencia.
Innumerables han sido los llamados que dirigentes y pueblo le han hecho a la FANB como institución para que sus miembros más honorables y decentes se amparen en el artículo 350 de la Constitución y dejen de reprimir al pueblo. Pero el complejo entramado de prebendas, favores y espionaje que montó Chávez en la FANB liquidó las fundaciones y símbolos de la institución para reducirla a un grupo armado que por obediencia o miedo debe ejecutar órdenes tan ominosas como dispararle a población civil desarmada.
El civilismo de la MUD le ha llevado a insistir en la negociación con el régimen como una forma de evitar la tragedia. Pero ese civilismo tuvo un costo político elevado para la MUD al revelarse que el régimen nunca tuvo la intención real de suscribir un acuerdo de entendimiento nacional y por el contrario sólo buscaba ganar tiempo para atornillarse más en el poder.
Con una minoría fanática y fundamentalista, dispuesta a aniquilar a su adversario político, es inviable cualquier negociación. Los partidos de la MUD han cambiado la táctica por una de manifestar en la calle para exigir la salida del régimen. Pero aún así la respuesta del Gobierno ha sido la más brutal de las represiones como preámbulo a una mortandad que podría superar las bajas civiles durante la Guerra Federal.
Políticos, analistas y periodistas han ponderado múltiples combinaciones de posibles desenlaces a una crisis que ya no solo es de Venezuela sino que se ha convertido en un conflicto con impacto en la región. De todos los escenarios hay uno que particularmente sigue ahí en la carpeta, obviado intencionalmente hasta ahora por sus graves implicaciones. Pero los ataques sostenidos de un ejército convencional a la población civil desarmada solo para mantener un régimen político son hechos que la comunidad internacional, y en especial la OEA, no podrán seguir ignorando por mucho tiempo.
El día esta cerca cuando diplomáticos tendrán que discutir si lo que conviene para detener esta masacre de todos los días es el envío de una fuerza multinacional que brinde protección a la población civil venezolana y ayude a restaurar la legalidad secuestrada por una minoría criminal. Una fuerza de este calibre podría detener el genocidio y abrir un canal directo y expedito de ayuda humanitaria para la población civil.
El tema es muy sensible porque implicaría un acto directo contra la soberanía de un país y seguramente tendría un impacto telúrico en la política interna. Este es un debate que hay que afrontar sin hipocresías. Pronto los venezolanos tendremos que decidir qué es lo fundamental: El derecho político a la soberanía o el derecho universal a la vida o lo que de ella queda en Venezuela…
