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El Gobierno ha llegado a un estado de deterioro ético y moral que lo único que quiere es mantenerse como sea, al costo que sea, en el poder
Luis Fuenmayor Toro
El desacato es un término que se aplica, entre muchas otras condiciones, al no cumplimiento de una sentencia judicial obligatoria. La sentencia, sin embargo, debería estar apegada a derecho para que el desacato sea real. Para que un tribunal pueda tomar decisiones y sentenciar disposiciones obligatorias tiene que ser competente y actuar sometido a las leyes y a la Constitución. Ésta nos dice que todo acto que provenga de una autoridad ilegítima es inválido. Adicionalmente, si la sentencia es además violatoria de la Carta Magna y de las leyes, pues mayor grado de invalidez tiene y deriva en responsabilidad administrativa e, incluso, penal. Tal es la situación del Tribunal Supremo de Justicia, cuya integración ha sido cuestionada con argumentos sólidos y cuyas decisiones no sólo son ajenas a nuestras leyes y violatorias de la Constitución Nacional, sino totalmente extrañas al derecho contemporáneo de todo el hemisferio terráqueo donde vivimos.
El TSJ declara en desacato a la Asamblea Nacional por la incorporación de los diputados de Amazonas, cuyas designaciones fueron suspendidas por la Sala Electoral del mismo. Es evidente que esta politiquera decisión obedeció a quitarle a la MUD la principal mayoría calificada a la Asamblea Nacional, dos tercios de los votos totales, la cual fue legítimamente obtenida en comicios libres organizados, supervisados y controlados por el Poder Electoral. Esos comicios son tan válidos como los que eligieron a Nicolás Maduro como Presidente. Además, al ser mucho más recientes, dan una mejor idea de las posiciones de los electores del presente. Debo señalar, en forma enfática, que la Sala Electoral no tenía ninguna potestad para hacer lo que hizo en el momento en que lo hizo. Los diputados de Amazonas ya habían sido proclamados por el CNE y sus nombramientos aparecidos en Gaceta, por lo que gozaban de inmunidad parlamentaria y no podían ser destituidos sin que la AN los despojara de su investidura.
El desacato de la Asamblea es por lo tanto inexistente, lo que destruye el argumento base de toda la inconstitucionalidad vigente. Se la despoja de sus funciones porque estamos en la “Dictadura del Siglo XXI” que, sin embargo, tiene la misma base de apoyo que las convencionales: las armas, la represión y los tribunales. Es la Fuerza Armada Nacional, hoy Bolivariana, quien sostiene esta dictadura, por lo que es este organismo quien hace válidas las sentencias inconstitucionales del TSJ y garantiza la eliminación en la práctica de la Asamblea. Es ella la que mantiene los presos políticos, la que hace que el generalote del SEBIN desatienda las boletas de excarcelación, la que permite los maltratos de manifestantes por los cuerpos de seguridad y las acciones delictivas de los colectivos. La que permite hoy convocar a una constituyente espuria sin el necesario pronunciamiento del pueblo.
Hay otros que ayudan a mantener a esta dictadura en el poder: quienes desde la prensa, los medios audiovisuales y electrónicos y otras instituciones, elaboran material desinformativo, propagandístico y de opinión, que busca torcer la realidad y presentar una distinta a los venezolanos y al mundo. Son quienes explican lo inexplicable, entienden lo inentendible, racionalizan en lugar de razonar, siguiendo el ejemplo y la experiencia de 60 años de los funcionarios cubanos, a quienes directamente oí decir que “todo puede ser explicado para que la gente lo acepte”. Estos mercenarios del engaño y de la manipulación se valen de dos tretas principales: la desinformación a través de las medias verdades, mentiras y calumnias, y la comparación con un pasado muy negativo y nocivo para Venezuela, cuya podredumbre fue vital para la llegada de los nuevos depredadores y que, lejos de ser erradicada como lo prometieron, han extendido y profundizado.
Hoy afirman que la Fiscal está en desacato, porque no atendió las sentencias del TSJ, que estaba precisamente objetando como generadoras de la ruptura del hilo constitucional. Pretenden crear una matriz de opinión que presione a Luisa Ortega Díaz a renunciar o a convertirla en funcionaria decorativa. Otros, más primitivos, más viscerales y más ignorantes, llegan a la estupidez de decir que “la Fiscal no se leyó las sentencias del TSJ” o que renunció a la revolución. No creo que la posición de la Fiscal se deba a una renuncia de sus principios, todo lo contrario; tampoco pienso que actuó sola y sin ningún respaldo. Su posición expresa la de un sector del Gobierno y de fuera del Gobierno, que no está de acuerdo con los atropellos a la Constitución y que desean algunos acuerdos que ayuden a salir del pantano actual.
El Gobierno ha llegado a un estado de deterioro ético y moral que lo único que quiere es mantenerse como sea, al costo que sea, en el poder, para seguir chupando la teta petrolera, añadir otra en el Arco Minero y continuar los negocios con el dólar barato. Si además pueden legitimar sus actuaciones con una nueva constitución, pues muchísimo mejor. En esta antinacional tarea, hasta ahora lo ha acompañado la FANB, único poder restante de un Gobierno, que perdió el apoyo popular al echar por la borda las esperanzas de la mayoría de los venezolanos. Y lo peor es que quienes se aprestan a sustituirlos dentro de la MUD no son mejores, ni van a rodearse de los mejores. Vimos su actitud hace 15 años, cuando pensaron que tenían al toro de nuevo agarrado por los cachos. Somos testigos de su sectarismo, al despreciar y agredir a grupos opositores distintos en un esfuerzo vano por mantenerse como única oposición al régimen.
Sin lugar a dudas, hace falta una nueva alianza de fuerzas fundamentalmente patrióticas, para llevar a Venezuela por derroteros de desarrollo, bienestar y paz.
