razonnet
Nos deslizamos hacia una situación de violencia terrorista, pero no la propagandística gubernamental que convierte vandalismo en terrorismo, sino la que sufren Siria e Irak por las acciones de ISIS
Luis Fuenmayor Toro
Estamos casi en un callejón sin salida. Y digo casi para no desterrar alguna opción pacífica que pudiera aparecer. Y no estoy hablando de la economía, ni de la salud, los servicios ni de la seguridad personal. En estos aspectos estamos muy mal pero siempre habrá formas de mejorar, corregir, cambiar… Algunas fórmulas serán más difíciles y largas y demandarán más sacrificios, otras pueden resultar mejores, pero en cualquier caso cumplirán su cometido una vez resuelto el problema central, que es eminentemente político. El Gobierno, con sus últimas decisiones, ha tomado un camino que en absoluto conduce a la paz, pues no puede haber paz cuando se trata de ir contra los deseos mayoritarios del pueblo y de aplastar a un adversario que cuenta con fuerzas suficientes para combatir. La MUD, por su parte, no puede hoy derrotar al Gobierno. Razones pudiera tener, pero no la fuerza.
El Gobierno ha decidido no dejarse tumbar sin pelear, pese a ya no tener ni el 20 por ciento de respaldo de la población. Cuenta con la FANB, la PNB, el CICPC, SEBIN, CNE, TSJ, la mayor parte del Poder Inmoral, casi todas las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías y grupos para militares violentos. Pero con la FANB basta. Si ésta no se fractura, lo que implica una fractura del Gobierno, Maduro se queda, y a lo peor, hasta más allá de 2019 y en un país con menos libertades que las hasta ahora disfrutadas. Y no estoy pensando en triunfos electorales legítimos, sino en comicios diseñados para que el Gobierno no pierda, como el propuesto para elegir los diputados de la Constituyente. Dispone además de cierto respaldo popular, poco pero lo tiene; de la estructura burocrática estatal, de suficientes recursos financieros y de gobiernos vecinos amigos, en especial el cubano, con décadas de experiencia y cientos de funcionarios de todo tipo en el país.
La MUD también tiene fuerzas importantes, suficientes para combatir. Moviliza cuatro veces más gente que el Gobierno, aunque no la requerida para ser determinante. Posee más del doble de respaldo electoral y también opera importantes recursos financieros de origen internacional y nacional. Dispone de un grupo de alcaldías y tres gobernaciones que le dan acceso a dinero, recursos policiales y burocráticos, que significan algo en esta suma. Tiene a su favor un elemento importantísimo: el odio del 80 por ciento de la población al Gobierno actual, el cual es real aunque el sector oficial no se dé por enterado. De su lado están la mayoría de las instituciones: universidades, academias, grupos empresariales, vecinales, sindicales, estudiantiles y los colegios profesionales. Y sobre todo un apoyo internacional que incluye a EEUU, Canadá, Australia, Europa y la mayor parte de nuestro continente, además de la OEA, el MERCOSUR y la UNASUR.
La existencia en el país desde hace más de una década de grupos irregulares armados de origen colombiano, con entrenamiento militar y experiencia de combate, muy afines al expresidente Uribe, es un factor que parece ser subestimado por el Gobierno. La nula experiencia militar del liderazgo de la Mesa puede ser suplida por estos grupos, que no han podido ser erradicados y que se extienden desde la frontera con Colombia hasta el centro del país. Sus actuaciones ya se sienten en los últimos enfrentamientos ocurridos. Tampoco ha sido valorada la participación de las bandas delictivas armadas extendidas en el centro del país, agresivas y con dinero producto de sus fechorías, fortalecidas por las políticas de impunidad del Gobierno en las cárceles y en las “zonas de paz”. Estas bandas, en búsqueda de extender sus dominios territoriales, ya han actuado en las protestas, coordinadas incluso por exagentes policiales y militares retirados. Los sucesos de El Valle, El Paraíso, Los Teques y Valencia, tienen su impronta.
No deberían quedar dudas de que nos deslizamos hacia una situación de violencia terrorista, pero no la propagandística gubernamental que convierte vandalismo en terrorismo, sino la que sufren Siria e Irak por las acciones de ISIS, la reciente de Mánchester y otras anteriores y para la cual no está preparada la sociedad venezolana. El Gobierno no se va a dejar aplastar y sus opositores tampoco y menos por maniobras y fraudes constituyentes, de una cúpula que perdió hace tiempo el apoyo popular. El perdedor será el pueblo de Venezuela, el Soberano que todos dicen defender, quien debería decidir su destino si el Gobierno le permitiera manifestarse en la única forma que puede hacerlo: en elecciones libres no manipuladas. Está en manos de Maduro, Padrino López, Jaua, Jorge Rodríguez, El Aissami y algún otro, interrumpir la ruta señalada de la violencia fratricida.
Unas pocas decisiones del Gobierno, que en absoluto significarían una derrota sino todo lo contrario, desarmarían el tinglado que se está articulando y le ahorrarían desgracias a ese pueblo, que dicen querer y defender. El CNE, responsable por su inacción de la violencia y del medio centenar de muertes ocurridas, puede devolver las bases comiciales de la Constituyente con su recomendación de apegarlas a la Constitución, para que el Ejecutivo las estudie y decida, no necesariamente a corto plazo. El mismo organismo debe presentar un cronograma electoral con elecciones regionales a finales de este año, pero sin Constituyente previa, y municipales para mediados del próximo y luego las presidenciales. Esto permitiría volver a la sindéresis y a la posibilidad de un diálogo que le juegue limpio al país.
Se discutiría luego, con la MUD y con sectores políticos opositores no polarizados, el cumplimiento de la Constitución, apegados a su letra y sin interpretaciones casuísticas; la elección inmediata de los diputados de Amazonas, el respeto de la legitimidad de todos los cargos de elección, cuyos mandatos deben durar el lapso establecido; la obediencia a la separación de poderes, por lo que ningún poder podrá usurpar las competencias de otro; eliminación de las inhabilitaciones inconstitucionales de la Contraloría, supresión de la práctica de someter a civiles a juicios militares y de acusar de traidores a la patria a la gente por manifestar. Se pasaría después a discutir las acciones para enfrentar la escasez de medicinas y alimentos y la libertad de los presos políticos.
El Gobierno debe dar el primer paso, lo que va a ser apoyado por toda la población y le significaría una ganancia política y electoral. La MUD no podría oponerse, pues ambos estarían haciendo concesiones y la gente quiere paz. Se debería buscar entre todos a unos garantes del cumplimiento de los acuerdos. No hacer todo esto abre paso al enfrentamiento virulento, la violencia desatada y el ensangramiento y destrucción de Venezuela.
