razonnet
Rechazo la violencia innecesaria, la imprudente y la inconveniente
Luis Fuenmayor Toro
Hemos venido insistiendo que tanto el Gobierno como la MUD, actores de la confrontación que vivimos y que ya lleva más de 70 muertos, miles de lesionados y centenares de detenidos, deben deponer sus posiciones intransigentes y evitar, de esa manera, que la violencia escale a niveles no vistos y se haga un proceso indetenible. La principal responsabilidad la tiene el Gobierno, pues es su responsabilidad garantizarle a la gente el ejercicio de sus derechos en condiciones en las que no corra ningún peligro por ello, cosa que no sólo no ha hecho sino que ha actuado aviesamente violando derechos humanos fundamentales e impidiendo la protesta ciudadana, mediante la utilización malsana de los organismos de seguridad del Estado.
Adicionalmente, el Gobierno de Maduro, que tanto cacarea sobre la necesidad de diálogo, fue el principal responsable de la ruptura de las conversaciones anteriores, al incumplir los acuerdos a que había llegado en las mismas, en presencia de los llamados mediadores, según lo dijo en forma clara el propio Papa Francisco públicamente; a partir de ese momento es absurdo que el Gobierno siga eludiendo sus responsabilidades y persista en su manipulación de culpar a la MUD de haberse levantado de la mesa de negociaciones. Repito, un testigo de excepción, el Papa, cuya intervención como mediador o facilitador fue solicitada por el propio Maduro en El Vaticano, ya se pronunció al respecto.
Al Gobierno le correspondería dar el primer paso en el avenimiento con su enemigo acérrimo, aunque tampoco se trata de presionarlo a ir más allá de donde pueda, en relación a la indisposición que pueda generar en sus cada vez más escasos seguidores. Sin embargo, entendiendo que se trata del Gobierno, cuya fuerza es más que clara (La Razón, A-5, 28-5-2017) y que, contrario a la opinión de los sectores radicales de la oposición, no está a punto de derrumbarse, y en todo caso podría arrastrarnos a todos al fondo del precipicio en su lucha por defenderse, la MUD podría ser la primera en enviar un mensaje claro que abra las puertas de un posible convenimiento o, si les parece mejor, plantearlo en las conversaciones que se llevan a cabo en la actualidad.
La MUD debería dejar de exigir la salida inmediata de Maduro y entender que, a menos que tengan una carta militar importante debajo de la manga, esa posibilidad es muy poco probable. No debería seguir planteando una elección general que no está en la Constitución vigente y que requeriría precisamente de un acuerdo previo con el Gobierno, que es lo que hasta ahora no se ha logrado. Pensar que éste va a convenir algo que lo saque del poder inmediatamente es más que ser iluso. Además, la Mesa debería de evitar las acciones violentas durante las movilizaciones y efectuar un compromiso serio en este sentido, para lo cual debe derrotar a los sectores radicales que piensan que esos enfrentamientos, que resultan en jóvenes heridos, detenidos y muertos, son la chispa que derrocará al régimen de Maduro.
Ante estas consideraciones, el Gobierno suspendería la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y se daría inicio a la nueva ronda de conversaciones, en las que deberían ser incluidos los grupos políticos no polarizados y nuevos facilitadores o mediadores. Con seguridad, El Vaticano aceptaría de nuevo participar, ante una real posibilidad de acuerdo que yugule definitivamente la violencia. La Mesa no debe por ningún motivo suspender las movilizaciones de calle, independientemente que el Gobierno se lo solicite. Voy más allá, se deben concertar esfuerzos para tratar de extender la protesta a otros grupos sociales e incrementar la incorporación numérica de la gente, pero en absoluto con la meta de lograr una salida del presidente Maduro antes que finalice su período constitucional.
Inmediatamente debe dejarse claro en las conversaciones que se participará en las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales, saliéndole al paso a algunas voces que ya se oyen planteando una abstención suicida en dichos comicios. Se debería exigir desde ya un cronograma completo de las elecciones de alcaldes y concejales, para mediados del próximo año, y la fijación de la fecha de las elecciones presidenciales para diciembre de 2018. Aunque lo que planteo no se logre llevar adelante, es un esfuerzo que vale la pena hacer y, en todo caso, que sean otros los culpables del fracaso de estas gestiones y de sus nefastas consecuencias.
Son muchos los sectores que acompañarían una proposición de este tipo, comenzando por los grupos chavecistas que se han deslindado del gobierno de Maduro, entre otras cosas por su traición al legado del comandante eterno. La propia Fiscal General de la República estaría de acuerdo con este regreso a la constitucionalidad, lo que ayudaría al Gobierno a mejorar su imagen nacional e internacional y disminuiría la conflictividad interna, dándole en todo caso una salida electoral, que a su vez aliviaría las presiones sobre el Gobierno, como las amenazas recientes de Trump contra PDVSA y otras empresas estatales, que de llevarse a cabo añadirían más deterioro y sufrimientos a la vida del pueblo venezolano.
Dentro de este marco no luce clara la decisión de la MUD de llamar a aplicar los artículos 333 y 350 de la Constitución. No digo que no haya causas para tal aplicación. Causas sobran. Las violaciones de la Carta Magna son inmensas y más que evidentes. El Presidente, el TSJ, el CNE, el ministro de interior y justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor, la mayoría de los gobernadores y alcaldes que se dicen chavecistas, violan continuamente la Constitución. Pero pedir la aplicación del 333 y del 350 implica preguntarse si la MUD tiene fuerzas para ello, más allá de las hasta ahora desplegadas. ¿Hay grupos militares respaldándola o los grupos en armas son los paracos uribistas y mercenarios del hampa común? ¿Tiene su dirección capacidad de dirigir operaciones militares o se trata de simples amenazas?
Aplicar el 333 y el 350 significa, en principio, el abandono de utilizar sólo la protesta pacífica. No estoy entre quienes rechazan toda violencia. Pero sí rechazo la violencia innecesaria, la imprudente y la inconveniente.
