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La macolla de los cinco trabaja para que Maduro se quede como presidente y el PSUV siga detentando el poder más allá de 2019
Luis Fuenmayor Toro
Son muchos los sucesos políticos que se han producido últimamente, lo que unido a su importancia obliga a detenerse en sus implicaciones para la vida futura de nuestra nación. En mi artículo de la semana pasada, en este mismo semanario, discutí sobre la posibilidad de una negociación entre el Gobierno y la MUD. La reduje inicialmente a estos dos actores, porque son los principales enfrentados en la Venezuela de hoy y por ser quienes disponen de fuerzas para negociar. Gústenos o no, la polarización construida por ambos en estos 18 años ha dado sus frutos y ha disminuido la participación de otros actores en la vida política del país, a pesar de que dentro de este sector marginado existan proposiciones y proyectos, muchos ensayados exitosamente por lo menos durante tres décadas, y personas con mayor idoneidad que quienes han copado la escena nacional hasta ahora.
Debo dejar claro a mis lectores, que hice una proposición porque había que hacerlo, había que darle a la paz y a los enfrentados a “muerte” esta última oportunidad, no porque pensara que la proposición tenía una probabilidad alta de instrumentarse. Se trató de un último esfuerzo que nos ahorraría más sangre de venezolanos jóvenes, más presos, más madres llorando a sus hijos; una posibilidad de reducir la desesperación y la incertidumbre existentes y que abriera el camino de rescate de la democracia y del reinicio de un proceso de recuperación institucional y del bienestar. Que no se diga después que no se hicieron todos los esfuerzos. Pero, como ya dije, la probabilidad de su ocurrencia es muy baja. Las decisiones recientes del Gobierno de traspasarle funciones de la Fiscalía al Defensor del Pueblo y de eliminar al Vice Fiscal designado por Luisa Ortega Díaz significan que van a fondo.
Decidieron deslastrarse del poco ropaje democrático que les quedaba. Sin importarles la ausencia de apoyo popular a su desgobierno, el caos de todo tipo en que tienen al país y la escalada violenta que viene, están decididos a perpetuarse y no hacer más elecciones como las que hemos conocido desde 1947. Lo que ya no pueden hacer por los votos lo harán por las armas, ha debido ser la sentencia de Maduro en lugar de la efectuada, muy mal construida en castellano. La macolla de los cinco trabaja para que Maduro se quede como presidente y el PSUV siga detentando el poder más allá de 2019. Irán cortando las libertades políticas y exterminando primero a los grupos que crean más peligrosos, para luego hacer lo mismo con los que restan. Así lo harán con quienes continúan siendo chavecistas, con los integrantes de la MUD y con la oposición no alineada.
El Gobierno no está nada interesado en la paz ni en acuerdos en los que tenga que hacer concesiones, y van por el camino dictatorial, represivo y violador de los derechos políticos y humanos en general. Esta claque dirigente es de lo peor que hemos tenido en varias décadas: ignorante, sectaria y codiciosa. No le interesa la nación venezolana, ni el destino de la patria, ni mucho menos el pueblo, sólo quieren eternizarse en el poder y seguir disfrutando las prebendas y privilegios adquiridos hace años. La MUD, por su parte, es presa de una verborrea radical y de acciones violentas organizadas por algunos de sus integrantes, que le impiden asumir la propuesta señalada so pena de dividirse. Hay integrantes de esta coalición opositora que están de acuerdo con lo dicho, pero se inhiben de asumirlo plenamente ante el chantaje de los partidos y grupos más radicales.
De no aparecer otros actores en la escena o de no modificar sus posiciones los actores existentes o no lograrse una alianza de todos quienes se oponen a la Constituyente, el domingo 30 de julio se efectuará la tramposa elección de los diputados a la Asamblea Constituyente que, al no tener un quorum de votantes que la valide, elegirá fraudulentamente a unos diputados así sólo voten Maduro y Escarrá. La lucha tendrá que cambiar entonces, pues se tratará de un enfrentamiento con una asamblea plenipotenciaria, que según los sectores más radicales oficiales, la ya mencionada macolla de los cinco, tiene poder para ponernos desde una boleta de tránsito hasta condenarnos a prisión perpetua, pasando por la destitución de nuestros empleos, la perdida de nuestros derechos políticos y ciudadanos y la confiscación de nuestros hijos y bienes.
La Constituyente reforzará las disposiciones contra la protesta popular, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, lo que dejará pálida a la Ley Patriota estadounidense; coartará las libertades, entre ellas el derecho a elegir en votación universal, directa y secreta, y con representación proporcional; eliminará los artículos 333 y 350 actuales, matizará las disposiciones de protección del ambiente y las que reservan al Estado la explotación de las riquezas naturales; modificará cualitativamente el carácter de la FANB, como ya lo ha señalado el Ministro del ramo; incorporará al partido de gobierno dentro del aparato del Estado, lo que hará que la participación política sólo pueda hacerse a través de la militancia en esta organización, lo que significará la desaparición de los partidos políticos; eliminará la división republicana de poderes, la descentralización, las organizaciones gremiales y sindicales y cambiará el sistema político según el modelo cubano.
Por supuesto, lo anterior se cumplirá según la correlación de fuerzas que nazca de las nuevas alianzas de quienes se oponen al Gobierno y de sus influencias al interior de éste y de la FANB, además de las presiones externas económicas y políticas que se ejerzan. Uno de los aspectos clave es la consulta al pueblo de la Constitución elaborada, la cual el Gobierno tratará de hacer, si es que decide hacerla, en forma parecida a como hará la elección de los constituyentistas, pues de lo contrario la perdería. Esta será una de las grandes batallas futuras. Otra batalla es la de la elección de gobernadores y consejos legislativos regionales, las cuales van a ser influidas por el sistema político aprobado en la nueva Constitución. A pesar del dilema sobre las mismas, se debe participar en ellas, pues de lo contrario sería dejar todo en manos del Gobierno sin hacer resistencia. Nuevos retos, nuevas políticas.
