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¿Cómo supo Maduro que el pueblo, el soberano, quería que se convocara a una Asamblea Constituyente? ¿Recibió un mensaje divino?
Luis Fuenmayor Toro
Ante la elección el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente, que por lo fraudulenta e inconstitucional bien puede llamarse “prostituyente”, la gente se plantea qué más hacer para evitar su elección e instalación. Y no es ningún exabrupto plantearse estos objetivos, ni convierte a quien los asuma en un golpista, como lo señalan los oficialistas adulantes o con vocación represiva. La convocatoria de dicha Asamblea es inconstitucional; no hay sino que leerse el artículo 347 de la Constitución y tener un pensamiento lógico y no fanático o embrutecido por la abundante propaganda oficial, para darse cuenta de ello. ¿Cómo supo Maduro que el pueblo, el soberano, quería que se convocara a una Asamblea Constituyente? ¿Recibió un mensaje divino? ¿Se lo dijo el pajarito que le susurra cosas al oído? Seguramente no. No había otra forma de saberlo que preguntándole al pueblo y eso es el referendo consultivo. Lo demás es cháchara.
No se puede decir que si una parte del pueblo participa de la elección de los constituyentes, el soberano estaría dando su acuerdo con la convocatoria de dicha Asamblea; esto podría ser así sólo si las elecciones venezolanas tuvieran un quorum de instalación, que no lo tienen. Si en Venezuela tuviera que votar un cierto porcentaje de electores, digamos un 40 por ciento, para que las elecciones se consideraran válidas, el argumento podría tener cierto valor. Pero, estas elecciones son válidas vote el número de electores que vote. Bastaría teóricamente con que voten Maduro y unos pocos más para que sean electos los diputados que obtuvieron la mayoría de los poquísimos votos depositados. Y esto ha sido siempre así, no lo inventó Maduro; no lo cambió Chávez, como hubiéramos querido. Tampoco incluyó la doble vuelta para elegir gobernantes con un respaldo de votos mayoritario, actuó pensando en sí mismo y en su proyecto político, como lo hizo Betancourt en su momento, y no en función del interés de la nación venezolana.
Esta es una de las razones de que la abstención electoral en Venezuela no tenga mucho sentido ni mayor éxito. Al no haber quorum para su validación, no importa si se abstiene más del 50 por ciento de los electores o incluso el 80 por ciento de éstos, la elección sigue siendo válida. La posibilidad de invalidar la elección por la vía de votar en blanco tampoco es viable. Primero porque no existe el voto en blanco en los procesos comiciales bolivarianos. Este voto significaría decir que no se está de acuerdo con las proposiciones sometidas a consideración del votante, por lo que no vota por ninguna de ellas, expresando de esa forma su desacuerdo con las mismas. La máquina de votación no tiene esta opción, que debería existir para conocer una opinión que incluso puede ser en algún momento mayoritaria. Pero aun si existiera el voto blanco, serviría para deslegitimar el proceso electoral pero no para invalidarlo desde el punto de vista de sus efectos legales.
La otra opción de protesta no anatemizada ni perseguida todavía por el Gobierno sería la de anularse el voto, votar nulo, bien votando en una forma que no deje clara la voluntad del elector o bien no votando en el lapso estipulado por el CNE y ejecutado automáticamente por la máquina de votación. En general, el voto nulo se supone algo involuntario, es un error del elector. El elector vota mal y en consecuencia le anulan el voto. Hay un número de votantes a quienes normalmente les ocurre esta situación, la cual está estudiada y se sabe aproximadamente a qué proporción de electores afecta. Si la proporción es mucho mayor que la esperada en condiciones normales, se puede intuir que se trata de una opinión negativa de los votantes sobre el proceso al que fueron convocados. En cualquier caso, los votos nulos no invalidan el proceso que, como ya hemos dicho, no tiene un quorum de validación.
El otro mecanismo es impedir el acto de votaciones, lo que ha sido calificado como sabotaje por el régimen para darle una connotación delictiva, que le facilite la represión. Para el Gobierno toda protesta en su contra es un delito. Aunque alguien ha dicho que el sabotaje electoral es inédito en Venezuela, en las elecciones de 1963, en las que fue electo Raúl Leoni, la izquierda radical llamo a la abstención militante y organizó actos para estropear, dañar, arruinar e inutilizar el proceso electoral, es decir para sabotearlo. Estos “saboteadores” participaban en la lucha por la liberación nacional, aunque no tenían fuerza suficiente para ser exitosos en el boicot electoral. Como tampoco la tuvo en 1992, un teniente coronel del Ejército con un golpe de Estado contra un Presidente constitucional, acto de mayor gravedad que un sabotaje ordinario y que, sin embargo, hoy se lo conmemora todos los 4 de febrero como gesta continuadora de la lucha por la independencia.
Este golpe fue un sabotaje al Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, aunque más efectivos como saboteadores fueron Escovar Salom y las jefaturas de AD y COPEI, que lograron inconstitucionalmente salir del presidente y abrirle el camino del poder a Chávez. De allí que no me asusta la calificación de sabotaje, para las acciones de quienes quieran impedir las elecciones de la Constituyente. Si la gente, organizada o no, está convencida de que es su derecho, y bastantes argumentos hay en este sentido para sustentar esta posición, y si tiene la fuerza para hacerlo, pues lo hará, a pesar de las amenazas periodísticas o del CNE o, peor aún, las que les haga el Plan Republica, que quiero recordar no lo lleva adelante la Guardia Nacional (no la llamo bolivariana por el respeto que le tengo al Libertador) sino el Ejército, supuestamente más respetuoso de las vidas de los venezolanos.
Aunque políticamente las acciones señaladas son válidas, sigo pensando en dar una última oportunidad a la sensatez. Regresemos a la Constitución: Maduro termina su período y la Constituyente se suspende. La gente ya tienen muchas penurias con el hambre, la escasez de medicinas y de muchos otros bienes, las enfermedades, el desempleo, la inseguridad personal, los bajos salarios, la falta de servicios, las cadenas de radio y TV, la represión, la prisión y tortura de familiares, las acciones terroristas de los paramilitares maduristas, el extrañamiento y la incertidumbre. No agreguemos otras más.
