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La ausencia de autoridad y el desprecio por la ley es deliberadamente auspiciado por el Gobierno para reinar en el caos
Humberto González Briceño
Por razones o por intereses a la oposición venezolana le tomó casi diecisiete años en calificar al régimen de Chávez como una dictadura. El cortoplacismo, la subestimación del adversario y la miopía siguen marcando la conducta de la oposición electoral reunida en la MUD. Pero de todas quizás la más grave es la miopía o la incapacidad para leer correctamente la coyuntura histórica que se vive. Y es la más grave porque con su lectura equivocada embarca a las masas por senderos de lucha inciertos y le concede al régimen ventajas inmerecidas.
En Venezuela se ve cada día, a cada hora, un proceso indetenible de desintegración de la República. El fracaso de las instituciones y la ausencia de Estado de derecho ha dejado a la sociedad indefensa en manos de un Estado forajido que comete crímenes contra sus ciudadanos para sostenerse. La ausencia de autoridad y el desprecio por la ley es deliberadamente auspiciado por el Gobierno para reinar en el caos y además poner el territorio venezolano a la orden de los carteles internacionales de droga, quienes son los beneficiarios primarios de la ausencia de leyes e instituciones.
Esta no es una crisis de gobierno como cualquier otra que podría ser resuelta simplemente con un cambio de administración. Es preciso provocar un cambio dramático de régimen político para salvar a la República y lo que quedan de sus instituciones.
Esto parece ser lo que la Mesa de la Unidad Democrática no ve o no entiende. Existe de parte de la MUD un empeño retórico para tratar de enfocar el problema en términos de un simple cambio de gobierno. Un cambio de caras en el Gobierno, dejando intacta la esencia del estado chavista corrupto y despótico, no resolverá la profunda crisis política. Pero ellos siguen centrados en el tema de la gobernabilidad, cuando quizás ya no haya país para gobernar.
El reciente documento que presentó la MUD como pacto para gobernabilidad no es más que un programa de gobierno para un país y un tiempo en situación de normalidad, donde se respeten los derechos y las instituciones funcionen. Ese país hoy no es Venezuela. De no existir un cambio en los poderes públicos y en la forma del estado cualquier propuesta de gobernabilidad es absolutamente inviable.
Esta postura miope de la MUD se complementa con su empeño en tratar de buscar soluciones jurídicas y legalistas a una crisis política y en ausencia total del Estado de derecho. Cuando a la Asamblea Nacional se le reclama porque no ha nombrado a los magistrados del TSJ y del CNE responden que las formalidades no se han cumplido. Cuando se les reclama cuándo nombraran al gobierno de la transición, dicen que eso no está en la Constitución. No entienden que el pueblo le otorgó un mandato expreso a la Asamblea Nacional que debe cumplirse al margen de una legalidad que en la práctica no existe.
Mientras la MUD se entrampa y nos entrampa con su visión cortoplacista y electoralista de la crisis, la ausencia de instituciones que aseguren la convivencia y de condiciones materiales para la vida hacen de Venezuela un Estado fallido incapaz de garantizar ningún derecho a sus ciudadanos.
La casi inevitable consumación del fraude Constituyente por parte del régimen sólo aumentará el caos en un país donde la lucha por la supervivencia básica obligará a agruparse informalmente en territorios al margen de un Estado inexistente. ¿Cómo se hace política en medio del caos? ¿Cómo se recompone la República? ¿Es acaso posible? Estas son la interrogantes para quienes quieren seguir haciendo política en medio de un Estado fallido.
