Mónica Duarte
El profesor universitario asegura que la Constituyente va a “institucionalizar la dictadura” y quien designen como su presidente puede sustituir a Maduro como jefe de Gobierno, así, esta instancia “tendría la misma legalidad y legitimidad de un golpe de Estado”
Mónica Duarte
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido el protagonista de los “últimos” 121 días de la democracia, en los que ha comenzado por una “ruptura del orden constitucional” hasta llegar a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), punto cumbre de un “golpe continuado” que se da de la mano a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y del Presidente Nicolás Maduro. Tulio Álvarez, abogado constitucionalista y profesor universitario, es preciso al identificar esa ruta que ha elegido el “régimen” para “institucionalizar la dictadura” y montar un nuevo Gobierno.
“Al final, los individuos electos a la ANC no tendrán ninguna legitimidad y el resultado sería la transformación del régimen actual a un régimen asambleario, es decir, donde el Gobierno se va a ejercer a través de esa Asamblea únicamente”.
Esta instancia, asegura el jefe de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela, sería una vía de facto para instaurar el “Estado forajido, autoritario, narcotraficante, violentador de derechos fundamentales y delincuencial”.
“Si ellos pretenden gobernar a través de la Asamblea, se tendrá la misma legalidad y legitimidad de un golpe de Estado. En consecuencia, ellos pueden hacer lo que quieran. No nos estamos jugando la sustitución o perpetración de Maduro, nos estamos jugando la sustitución o perpetración de un régimen opresivo de injusticia manifiesta”.
«Habrá una transformación del régimen actual a un régimen asambleario, es decir, donde el Gobierno se va a ejercer a través de esa Asamblea únicamente»
PERSECUCIÓN MILITAR A LA DISIDENCIA
¿Cómo ve la situación de Persecución de los nuevos magistrados del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional, la detención de tres de ellos, entre ellos el profesor Ángel Zerpa que fue llevado ante un tribunal militar?
– Las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron de forma muy contundente con el tema de Ángel Zerpa. Al profesor primero lo secuestran y lo detienen de forma ilegítima, esta detención ilegítima configura dos manifestaciones muy graves que se han dado en las diversas dictaduras que han sufrido los pueblos de América: las desapariciones forzosas y la tortura. Según las regulaciones internacionales la desaparición forzada es cuando, bajo el anonimato, sin que las autoridades tengan orden de aprehensión y sin siquiera saber si son autoridades legítimas o cuerpos paramilitares, la persona es secuestrada, como lo fue Ángel, y, además, es sometida a torturas, que no solamente son físicas sino psicológicas. El otro elemento es que Ángel fue sometido a una jurisdicción militar. La jurisdicción militar en Venezuela depende del Presidente de la República, tampoco es imparcial, no garantiza el debido proceso e impide la defensa legítima. Estos son procesos signados por la parcialidad y son clandestinos, son juicios cerrados donde ni siquiera familiares y abogados saben qué está pasando.
Lo de Ángel denota una política sistemática que tiene este régimen de someter a civiles a jurisdicción militar. Esto no solo violenta el artículo 261 de la Constitución, que establece claramente que los jueces militares no pueden juzgar a civiles, sino que violenta la propia doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia última en este sentido que es del 16 de diciembre de 2016, e inclusive el criterio que había confirmado la Sala Constitucional en esta misma línea.
¿Existen precedentes en el país del uso de tribunales militares para juzgar a civiles? ¿En qué delito se está incurriendo con esta acción?
– Hay precedentes en las décadas del 60 y 70. Pero la extinta Corte Suprema de Justica había establecido el criterio que hoy se está ratificando, que había sido recogido por la Sala de Casación Penal en 2001 y 2016, pero ellos van en contra de esa línea, simplemente porque no quieren que el ministerio Público no intervenga. Esto lo que hace es reflejar un esquema de persecución donde han sido víctimas cientos de ciudadanos que son colocados bajo tribunales militares porque quieren evitar, primero, la actuación del Ministerio Público, y, en segundo, una defensa legítima de los imputados. Quieren detener a las personas como un mecanismo de presión y disuasión, y saben que en los tribunales penales ordinarios no pueden hacerlo, porque tendrían que controlar tanto al juez como al fiscal. En cambio, en los tribunales militares no hay imparcialidad, son tribunales jerarquizados en cuanto a quienes intervienen como defensores, acusadores y jueces. Son oficiales activos que están subordinados a mandos superiores que están en manos del Ministerio de la Defensa y del propio Presidente de la República, es decir, los verdugos están juzgando.
«Se denota una política sistemática que tiene este régimen de someter a civiles a jurisdicción militar»
Más recientemente, el 25 de julio el alcalde de Lecherías, Gustavo Marcano, fue sentenciado a 15 meses de prisión y destituido de su cargo por la Sala Constitucional del TSJ ¿Qué sucede con este caso? ¿Es el mismo esquema de persecución que se tiene con los magistrados?
– Es distinto, este caso tiene precedentes y se construyeron de la misma forma. La Sala Constitucional, sin base legal ni constitucional, procedió a abrir en forma sumaria una investigación contra alcaldes que son electos por la voluntad popular. Determinan un esquema que ellos denominan “desacato” en la orden de evitar protestas en sus municipios, y sobre esa base, sin derecho a la defensa y sin un procedimiento acorde a los parámetros del debido proceso, lo condena y destituye. Esto es un ejemplo de un mecanismo que está absolutamente viciado. Desde el punto de vista principista la misma Sala Constitucional había establecido que el único método para que perdieran su mandato funcionarios electos por la voluntad popular era el referendo revocatorio de mandato. En el ámbito municipal, las antiguas leyes de régimen municipal permitían la destitución de alcaldes cuando una mayoría calificada del Consejo Municipal improbaba su gestión, pero la SC estableció que ese mecanismo perdía vigencia y validez en virtud de que la Constitución de 1999 había previsto un mecanismo específico que era el referendo.
Ese esquema anterior se intentó aplicar con el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos…
– Ese es el punto, que la sala Constitucional con sus avances y retrocesos crea un Estado de indefensión y violenta el principio de la confianza legítima. Es decir, los ciudadanos deberían tener la certeza de que su caso va a ser juzgado en las mismas condiciones de igualdad que casos precedentes. Aquí lo que hace la Sala Constitucional es estar cambiando su doctrina adecuándola a problemáticas jurídicas y a conflictos que ella misma ha creado. En consecuencia, estos mecanismos que estamos presenciando son una mezcla de arbitrariedades en la práctica y violentan todo el debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, en específico al juez natural y al derecho a la defensa; y los principios más elementales del proceso constitucional. En consecuencia, este es uno de los ejemplos más patéticos de la desfiguración constitucional que viene ejecutando la Sala Constitucional.
¿Considera que, con estas muestras, la función penal del sistema judicial se ha desviado con fines políticos?
– Del sistema judicial militar específicamente, pero es evidente que encontramos una resonancia en los tribunales penales ordinarios, porque no hay que olvidar que esos tribunales en buena parte responden a la Sala de Casación Penal que los dirige jerárquicamente. Pero, a pesar de eso, ha habido jueces que han tenido el valor de reconocer que les han presentado personas que no cometieron ningún delito, y el Ministerio Público también ha entendido que no puede imputar a personas inocentes. Entonces, donde se ve con absoluta certeza una definición de persecución política es a través de los tribunales militares.
“En los tribunales militares no hay imparcialidad. Quienes intervienen son oficiales subordinados a mandos superiores y al propio presidente. Es decir, los verdugos están juzgando”
AUTORIDADES ILEGÍTIMAS
¿Con los nombramientos de autoridades paralelas como los nuevos magistrados o los dos vicefiscales, se está consolidando la confrontación de dos Estados, uno nombrado e iniciado por la AN y otro por el TSJ?
—Los profesores de derecho constitucional usamos como parámetro básico de todo lo que está pasando el evento del 16 de julio que es fundamental en el panorama político venezolano de hoy. Nosotros interpretamos, como efectivamente es, que el 16 de julio se produjo la manifestación de la voluntad soberana de la nación a través de un evento único en el que no solamente se produjo un rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente sino que se desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral y de los órganos judiciales que han violentado el Estado de derecho. Y esto necesariamente es así porque no hay que olvidar que es la Sala Constitucional la que abre esta crisis política con las famosas sentencias del 28 de marzo. Por consiguiente, todas las sentencias que han dictado la SC pierden relevancia jurídica, y se deben asumir como parte de ese golpe continuado que comenzó con esa ruptura del orden constitucional en marzo y que explica que se produzca una crisis política.
Además, el 16 de julio el mandato popular no era solamente designar 13 magistrados y 20 suplentes, para sustituir a aquellos escogidos de forma írrita, sino que ese mandato se refería a todas las autoridades ilegítimas. Y entre esas autoridades están el Consejo Nacional Electoral, que quedó patente que no se ha dedicado a garantizar la voluntad popular y que ha obstaculizado todos los procesos electorales; el contralor general de la República, que no fue designado de acuerdo al procedimiento constitucional sino que es una persona que fue nombrado por el criterio interno del régimen; el Consejo Moral Republicano, que su funcionamiento está impedido porque hay una controversia constitucional entre el defensor del Pueblo y la fiscal general de la República; y, por último, hay una declaratoria de que el señor Maduro abandonó el cargo. Entonces, todas estas autoridades son las que están usurpando funciones.
¿Cómo se le puede dar viabilidad a esas nuevas autoridades y al “mandato del 16 de julio” si no está claro ni siquiera si esa consulta es vinculante o no?
—Hay que entender que ese evento encuentra su base en la sustancia de la Constitución del 1999, en la democracia participativa, en esa participación política en la que el pueblo no solo interviene para elegir autoridades. Resulta que la Constitución establece de una forma muy clara y enfática, en el artículo 70, que los mecanismos de participación política son, entre otros, la asamblea de ciudadanos y esta puede ser una asamblea local, estadal o, como efectivamente se produjo el 16 de julio, una asamblea nacional. Y en la Constitución, dentro de todos los mecanismos que establece, el único que dice que sus decisiones son vinculantes es esa asamblea de ciudadanos. Eso significa que no se trata de un referendo sino de un evento soberano como asamblea ciudadana nacional, donde hubo inclusive una participación masiva, que valida una decisión que se sustenta a su vez en el artículo 333 de la Constitución.
Si partimos de la base de que el TSJ rompió el orden constitucional, entonces existe la necesidad de restituir ese orden y hacer una restauración democrática del país. Lo que se está jugando el país es de tal magnitud que, o se consolida el golpe continuado con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente o la Asamblea Nacional, ante el derrumbe de estas autoridades ilegítimas, procede a designar de forma transitoria a las autoridades mientras se organizan los procesos dirigidos a que el pueblo designe por sí mismo a las autoridades legítimas. Para hacer eso, por supuesto, no se le va a pedir permiso a los perpetradores de ese golpe, se tiene que hacer al margen.
“INSTITUCIONALIZAR LA DICTADURA”
¿Cómo cambia la naturaleza del Estado con la instalación de la ANC?
—Primero hay que decir que para que esto ocurra es necesario el estamento militar, sin ellos no se realiza el proceso, ellos son quienes están obligados a ejecutar ese proceso desde la perspectiva de la soberanía, y la Fuerza Armada Nacional participa en el proceso a través del Plan República. Si esos componentes de la FAN se ponen a resguardar este proceso están asumiendo la autoría del golpe continuado, ya no sería un golpe de Maduro sino de la Fuerza Armada. Si esto pasa, lo primero que van a tener que hacer es reprimir en forma violenta al pueblo que va a intentar impedir el evento y su instalación, mucho más de lo que ya lo han hecho. Este primer elemento preanuncia una grave crisis política y social que no se sabe cómo puede terminar.
Al final, los individuos electos no tendrán ninguna legitimidad y el resultado sería la transformación del régimen actual a un régimen asambleario, es decir, donde el Gobierno se va a ejercer a través de la Asamblea. Ahí puede pasar cualquier cosa, entre otras, que se produzca la sustitución de Maduro por quien se constituya como el presidente de la Asamblea Constituyente, como parte de ese ejercicio de manipulación política que se pretende perfeccionar en Venezuela.
“No nos estamos jugando la sustitución o perpetración de Maduro, nos estamos jugando la sustitución o perpetración de un régimen opresivo de injusticia manifiesta”
¿En qué ilegalidades se ha incurrido en la convocatoria de la ANC? ¿Qué es lo más grave de esta instancia y qué se puede esperar luego de su instalación?
—Este es un evento que se produce diametralmente opuesto a lo que ocurrió en Venezuela en 1999. Primero, las bases electorales no las aprobó el pueblo. Segundo, Maduro usurpó la soberanía popular, llamando él al proceso en lugar de que esa convocatoria la hiciera la población. Además, no se produjo una elección de acuerdo a los principios básicos de universalidad e igualdad del voto.
Pero lo más grave es que, conscientes de la falta de apoyo popular, disminuyeron los centros electorales a la mitad, recolocando teóricamente a los electores en grandes centros donde no hay control, no hay padrón electoral, se favorece la multiplicidad de votos y en definitiva lo que se hace es un mecanismo para presionar a las personas, especialmente a los funcionarios públicos, para que participen en el acto. El nivel de fraude implícito es uno de los más flagrantes y grotescos que se pueda imaginar, es simplemente una vulgar manipulación que va a quedar evidenciada ante el mundo y a lo interno está más que probada.
¿Cómo funcionaría la Constituyente?
—Una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo al artículo 347 de la Constitución, puede transformar el orden jurídico, crear un nuevo Estado y aprobar una nueva Constitución. Todo parte de la base de que aprueben una nueva Constitución. Si ellos pretenden gobernar a través de la Asamblea, se tendría la misma legalidad y legitimidad de un golpe de Estado. En consecuencia, pueden hacer lo que quieran, como lo están haciendo ahora, pero hay que recordar lo que están haciendo ahora ha tenido consecuencias dramáticas en la pérdida de todo apoyo en lo interno y en el aislamiento internacional. Y por supuesto no está planteado un esquema de funcionamiento democrático, sino que se entenderá al Estado como un aparato que permite institucionalizar la violencia y la represión, en definitiva institucionalizar una dictadura. No se puede controlar una vía de hecho y esta Constituyente Comunal es una vía de hecho. La perfección del Estado forajido se materializa en esta Constituyente.
DETERIORO DE LA JUSTICIA
¿El deterioro del sistema de justicia y del TSJ es acumulado o es reciente?
—No, con etapas de deterioro. Hay que recordar que el primer TSJ que se designó en el año 2000, fue nombrado sin cumplir los parámetros de la Constitución, ni en los plazos ni en los requisitos. Pero aún así el régimen no controlaba al TSJ, en consecuencia, el 25 de mayo de 2005 aprobó una reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia que ampliaba el número de magistrados de 20 a 32 con el objetivo de controlar al TSJ de forma absoluta, lo cual lograron. Posteriormente, en 2015, con el reciente triunfo de los factores democráticos en la Asamblea Nacional, para que este nuevo parlamento no procediera a aplicar el mecanismo constitucional, en el último momento, sin cumplir plazos, requisitos ni parámetros, se designó a los individuos que hoy están designando decisiones. Desde que se aprobó la Constitución de 1999 se han violentado todos los parámetros organizativos con el tema del Poder Judicial.
¿Cómo sería posible la refundación del Poder Judicial en el futuro?
—Lo que deberán hacer los factores democráticos, con más tino del que lo hicieron en este proceso reciente, es proceder a designar individuos que gocen de la confianza de la sociedad civil, que no armen parapetos representativos de una sociedad civil inexistente, que adicionalmente sean cuidadosos en la experiencia de las personas que piensan designar. Y además de todo, que sea un juez imparcial, justo y honesto. Esa es la única fórmula. Los partidos no pueden interpretar que las selecciones que se hagan en democracia puedan significar selecciones fundamentadas en el interés particular de algún partido porque la crisis de justicia en Venezuela ha tenido como consecuencia la impunidad, la violencia, la falta de controles.
Buena parte de lo que está pasando es responsabilidad de quienes han administrado el Poder Judicial en Venezuela. En este sentido, hay dos personajes que destruyeron el sistema judicial: Iván Rincón, desde la presidencia del TSJ, e Isaías Rodríguez cuando ocupó la titularidad de la Fiscalía General de la República. Porque a través de tribunales totalmente parcializados y a través de fiscales del Ministerio Público signados por un interés político partidista, permitieron la temática de la negociación con Cuba, no controlaron los contratos de interés nacional, no controlaron los empréstitos que han hipotecado el futuro de Venezuela y, sobre todo, crearon un clima absoluto de impunidad. La violencia que se vive en Venezuela es producto de ese mal manejo judicial.
¿Qué papel juega hoy la Fiscalía General en esa pérdida de autonomía del TSJ?
—El Ministerio Público tiene un rol fundamental en los procesos penales. Los delitos de acción pública responden a la imputación que hagan los fiscales del Ministerio Público. Si en Venezuela se habla de entre 25 mil y 30 mil muertes violentas en el último año, la pregunta que uno se debe hacer es dónde están las sentencias y las condenas a quienes perpetraron esos crímenes. Es evidente que, por la desviación de los fines de los tribunales y del Ministerio Público, se ha creado una generalización de la impunidad en Venezuela. Entonces, que la Fiscalía retome su función, que actué en resguardo de la constitucionalidad, que no se utilice la acción penal con efectos punitivos políticos, eso es un gran avance pero debe hacerse más. Precisamente la desesperación que tienen en el TSJ es que ya no están utilizando a la Fiscalía como el ariete para aplastar los derechos ciudadanos.
Financiamiento español a Chávez
En 2002 usted presentó un escrito ante el TSJ para investigar el financiamiento de la campaña de Chávez por parte del banco español BBVA. ¿Qué planteó y por qué fue rechazado?
—Ese es un ejemplo clave de lo que pasa en Venezuela desde el inicio de la Constitución de 1999. Yo intenté dos procesos, uno vinculado al Banco Bilbao Vizcaya, sobre dos financiamientos que se produjeron a la campaña de Hugo Chávez Frías, uno en diciembre del año 1998 y otro en julio de 1999. Esos financiamientos están certificados por el Banco de España, están certificados por el fiscal anticorrupción. Yo viajé a España y recabé todos esos elementos, los traje y los presenté ante el TSJ que cambió el criterio diciendo que un elector podía accionar en justicia cuando hay delitos electorales. Pero lo que hizo el TSJ en Sala Plena fue remitir el expediente a Isaías Rodríguez, quien ocupaba el Ministerio Público, y bloqueó la investigación, entre otras cosas, porque él formaba parte de ambas campañas electorales.
Por otra parte, yo manejé el tema del convenio con Cuba, planteé la forma írrita en que se asumió ese compromiso, sin autorización del Congreso en ese momento histórico, y la Sala Constitucional, en aquel tiempo, renunció al deber constitucional de controlar los contratos de interés nacional y los tratados internacionales. Estamos hablando, entonces, que desde su origen se ha mancillado y se ha pervertido la administración de la justicia, y hay muy pocas excepciones en ese Tribunal que lucharon por establecer algún parámetro de justicia, pero que fueron aplastadas por las manipulaciones políticas. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese controlado el convenio con Cuba y se hubiese dicho que hacía falta la autorización? El daño patrimonial que ha sufrido en Venezuela es gigante, la sangría de recursos que ha representado eso también hubiese impactado en otras decisiones como el convenio chino o las concesiones del Arco Minero.
