Mónica Duarte
“Quitar las competencias legislativas es un acto más de un autogolpe de Estado por vía jurídica, por parte de una Constituyente impuesta simplemente para evitar que este Gobierno caiga”, afirma el jurista Fernández Toro
Mónica Duarte
Tras 20 días de instalada, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha asumido el rol del Parlamento, ha destituido a la fiscal general de la República, nombrado un sucesor de este cargo, integrado una Comisión de la Verdad y aprobado el proyecto de Ley Constituyente para la Convivencia Pacífica y en Contra de la Intolerancia.
Pero en menos de un mes esta nueva instancia también perdió a cinco de sus constituyentes más representativos por ser ahora candidatos a Gobernadores en las próximas elecciones regionales: Carmen Meléndez, Aristóbulo Istúriz, Jheyson Guzmán, Héctor Rodríguez y Víctor Clark.
Ante esto, la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, y el resto de los dirigentes de la oposición han decidido mantener su rechazo y postura confrontacional a los actos que emanan de este órgano por considerarlo “ilegítimo”.
“Esta Asamblea Nacional Constituyente simplemente se viene dedicando a asuntos de orden político, lo que ha venido haciendo es apoyar al presidente de la República. Es evidentemente que hay una situación de dictadura, donde no hay Estado de derecho y donde la Constituyente la crearon para justificar políticamente esa destrucción del Estado, para que el poder pueda actuar sin ningún tipo de control jurídico y político“, afirma Julio César Fernández Toro, abogado constitucionalista, profesor universitario y excoordinador de la Comisión Jurídica redactora de la Constitución de 1999.
A su juicio, la ANC es una instancia “fraudulenta” que ha puesto de manifiesto la “tiranía” y que ha roto el Estado de derecho por completo. Aunque Fernández defiende el poder constituyente como la capacidad que tienen los pueblos para reorganizarse en momentos de crisis, asegura que ahora lo que se ha hecho es una imposición violenta.
“Es una especie de caja de resonancia del Gobierno, funciona para apoyarlo. No es un órgano de debate nacional, es un órgano unicolor donde hay un monólogo, y donde todo lo que dice el presidente de la República es aclamado. No hay debate, no hay discusión, hay discursos y se aplauden los discursos. No hay un intercambio real entre distintas posiciones políticas y éticas, no existe ese debate”.
“Esta es una ANC que ha sido llamada para concentrar poder”
La ANC ha asumido oficialmente las funciones legislativas que le corresponden a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esta acción era previsible?
—Era absolutamente esperable porque no es un hecho aislado sino que ha sido un comportamiento que el Gobierno ha mantenido desde que aprobó por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia las famosas sentencias 155 y 156. Por lo tanto, hay dos hechos precedentes a esta decisión de la ANC. El primero tiene que ver con el decreto de emergencia económica, porque según la Constitución de 1999 los tres tipos de estados de excepción tienen un procedimiento que implica que el residente, en Consejo de Ministros, apruebe la solicitud del Estado de Excepción y la Asamblea Nacional, como Poder Legislativo legítimo, tiene que autorizar ese decreto, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia revisa la constitucionalidad. Y lo que ocurrió es que como la Asamblea Nacional en mayoría lo negó, la Sala Constitucional del TSJ, a pesar de que se negó, dijo que el decreto estaba vigente. Con esto, la Sala Constitucional le quitó competencias a la Asamblea Nacional de hecho y produjo una concentración de poder destrozando el sistema de separación y de controles interpoderes que existe en la Constitución. Además, se da el caso de las sentencias 155 y 156, en las que la Sala Constitucional por el supuesto desacato de la Asamblea Nacional termina quitándole competencias, le da competencia nuevamente al presidente de la República e incluso se da funciones a sí misma que no tiene.
Lo que hace la Constituyente en este momento es exactamente lo que se hizo con el decreto de emergencia económica y las sentencias 155 y 156, solo que la primera no tuvo un efecto político ni social importante. Por lo tanto la Asamblea Nacional Constituyente no es sino darle una vuelta a lo mismo, la finalidad es la misma que estos precedentes, que es concentrar los poderes del Estado en el presidente de la República, servir de órgano de amedrentamiento, de amenaza, de represión, en definitiva no es otra cosa que un acto más de un autogolpe de Estado por vía jurídica y en este caso por una Constituyente impuesta y de facto simplemente para evitar que este Gobierno caiga.
¿Y por qué se sigue insistiendo en que no se disolvió la Asamblea Nacional?
—Porque con las sentencias 155 y 156 hubo un rechazo nacional e internacional absoluto, porque evidentemente son ajurídicas y son medidas absolutamente de facto que muestran la existencia de una tiranía, de algo que no es democrático ni constitucional, de algo que no es legítimo políticamente ni válido jurídicamente. Eso significa que todo lo que han hecho ha tenido unos daños importantes para la propia tiranía. El rechazo nacional e internacional es enorme. Este es un Gobierno mucho más débil que antes y es un Gobierno absolutamente aislado. Internacionalmente salvo Nicaragua, Bolivia y Cuba no hay otro país que realmente lo apoyen.
Además, hay un hecho en el mundo de hoy que es la idea de que el parlamento, los congresos o asambleas nacionales, son la más genuina y legítima representación democrática del pueblo en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el que se cierre o se disuelva un parlamento para toda la comunidad internacional implica un golpe de Estado, es el signo que se considera la medida de su régimen es democrático.
Por esta razón, como un subterfugio político la ANC decide asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional legítima y no la disuelve para justificar que hay una cohabitación de poderes. Eso es simplemente un engaño, porque en todo órgano del Estado su razón de ser son las competencias que le da la ley. No hay un solo ente del Estado que exista sin tener competencias.
“El que se cierre o se disuelva un parlamento para toda la comunidad internacional implica un golpe de Estado”
¿Qué significa que una instancia como la ANC, electa para redactar una nueva Constitución, pueda ahora cambiar las leyes y redactar un nuevo marco jurídico completo?
—Desde el punto de vista teórico, el poder constituyente es un poder ilimitado, omnipotente. Pero una cosa es el poder constituyente y otra cosa es un órgano que represente al poder constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano representativo y en 1999, por ejemplo, se produjeron dos preguntas a los ciudadanos en las que el pueblo directamente estaba convocando a la Asamblea Nacional Constituyente y además estaba diciéndole cuál era el poder que tenía. Esta Constituyente efectivamente no está para hacer nada, ya lleva casi 30 días de instalada y simplemente se viene dedicando a asuntos de orden político. Lo que ha venido haciendo es apoyar al presidente de la República. Dice que sí a todo lo que propone el presidente. No hay debate interno y no se ha dedicado a nada que tenga que ver con el cambio de las reglas de juego de la sociedad venezolana, no se ha dedicado para nada a hacer ningún cambio a la Constitución de 1999. Incluso ni siquiera ha logrado cumplir con la promesa del propio presidente, y luego de Héctor Rodríguez, sobre acabar con la inflación con una ley constituyente de precios justos. Evidentemente, una ANC no sirve, no es capaz y no tiene competencia para andar legislando en materias que son muy técnicas. El problema es que esta es una ANC que ha sido llamada para concentrar poder y para impedir que se produzcan las elecciones e intervenir en estos procesos, impedir que se den o poner obstáculos.
¿Pero formalmente no tendría más poder la Constituyente que cualquier otra autoridad y esta no podría prescindir de los poderes constituidos? ¿Esto puede pasar?
—Sí, lo que pasa es que si la Asamblea Nacional Constituyente hubiese sido convocada como en 1999 tendría, en mi opinión, ese poder. Claro, siempre y cuando haya sido legítimamente convocada por el pueblo, y el pueblo le haya delegado ese poder. Porque en un referendo consultivo el pueblo puede decidir que convoca a una ANC solo para redactar una nueva Constitución pero no para reestructurar el Estado; esta es una delegación que debe ser formalmente expresa por el pueblo. Pero como aquí no hubo referendo consultivo, esta es una ANC que se arroga un poder que no tiene porque el pueblo no se lo ha dado, así que formalmente no podría hacer absolutamente nada.
“Esta es una Constituyente que se arroga un poder que el pueblo no le ha dado”
¿Ha estado bien la posición de la Asamblea Nacional de no asistir a la Asamblea Constituyente, ni reconocerla, a pesar de ser una instancia que actúa y toma decisiones?
—Esto parece incoherente y paradójico pero hay que entenderlo. La ANC existe porque es de facto, porque son 545 personas que fueron electas a través de un sistema tramposo, pero que están ahí y están tomando decisiones. Igual que el presidente de la República está ahí simplemente porque obstaculizó un referendo popular revocatorio de mandato y está ahí porque no ha permitido que la Asamblea Nacional legítima actúe de acuerdo a la Constitución, ni que ejecute acciones de control sobre el Poder Ejecutivo. Entonces, también tenemos un Poder Ejecutivo de facto. Este es un Gobierno que se sustenta en las bayonetas y sobre eso impone sus decisiones.
ACCIONES “CONTRA EL ODIO”
Las leyes que están aprobando la ANC son llamadas leyes constitucionales, ¿cómo se puede entender esta categoría y por qué no se habla de leyes orgánicas?
—Esto no es nuevo, una Asamblea Constituyente ordinaria que haya sido formalmente convocada, elegida e instalada con principios jurídicos y políticos sí podría hacerlo. Las leyes constitucionales son leyes transicionales, leyes creadas por una ANC para temas determinados o temas gruesos que se considera que el poder constituido no tiene la capacidad o no tienen la convicción de realizarlas. Sin embargo, nuevamente, cuando hablamos de una Asamblea Constituyente que es fraudulenta y usurpadora, simplemente estas leyes constituyentes son igualmente ilegítimas o son nulas. Son simplemente otra imposición más de un Gobierno dictatorial.
¿Qué significa que la primera de estas leyes constituyentes sea contra el odio, la intolerancia y la violencia política?
—Lo primero que es curioso es que a esta Constituyente usurpadora se le está pidiendo que resuelva problemas que su propio creador, que es el Gobierno, durante años no ha resuelto. Lo que se ha dicho es que esta ANC traerá paz, y una Asamblea impuesta a la mayoría de la población no puede traer paz. Evidentemente es una ANC que va a producir violencia, que va a ahondar en la diferencia de los venezolanos y va a producir rechazo. Pero además se ha dicho que la ANC iba a resolver los problemas económicos y sociales de los venezolanos y esto es falso. Una ANC no puede meterse a resolver problemas de políticas sectoriales, no puede resolver problemas de orden público, de seguridad, contra la criminalidad, de la educación, de salud, ni problemas de transporte, ni de políticas económicas. No tiene capacidad ni tiene sentido. Pero además, hay que decirlo, es una ANC absolutamente controlada por el Gobierno y es el Gobierno el que ha establecido esas políticas sociales de odio. Y sin embargo, este Gobierno que ha hecho todo esto, es quien está pidiendo a la ANC que resuelva.
“Una ANC no sirve, no es capaz y no tiene competencia para andar legislando en materias que son muy técnicas. El problema es que esta es una ANC que ha sido llamada para concentrar poder”
Otra de las promesas fue instaurar el Estado comunal. ¿Como podría hacerse esto desde la Constituyente?
—Esta idea viene del presidente Chávez que comenzó con unas comunas, muy en la idea de la comuna de París en la Francia revolucionaria, en las que el pueblo pudiese gestionar lo público a través de una democracia directa o participativa. Eso comenzó con lo que se llamó en su momento la legislación comunal. Se aprobaron una serie de leyes, entre ellas la Ley de las Comunas, y se llegó a modificar la Ley Orgánica del Poder Municipal a través de una modificación de un artículo que agregaba como entidades municipales a las comunas. Entonces, esto es algo curioso porque tiene una serie de contradicciones y en todos los casos violenta la Constitución de 1999.
En primer término tiene contradicciones ideológicas porque un Estado comunal implicaría, desde una perspectiva marxista, darle el poder al pueblo para que este se autogestione y tome decisiones de manera autónoma, resuelva por lo tanto sus propios problemas. Sin embargo, en la propuesta de la legislación comunal las comunas pasaron a ser entes municipales, por lo tanto pasaron a ser entes del Estado. Es decir, que en vez de transferir el poder del Estado a la sociedad, lo que se hizo fue que la organización autónoma de la sociedad se estatizó y las comunas demás son controladas por un ministerio, por lo cual han terminado siendo una especie de correa de trasmisión del Gobierno. Son mecanismos más de dominación del Gobierno.
Lo segundo es que hay que decir que la Constitución establece que Venezuela es un Estado federal de tres niveles: el nacional, los estado federados y los municipios. La legislación comunal creó de alguna manera un Estado paralelo, y al establecer que las comunas son entidades municipales, estas compiten con las alcaldías y los consejos legislativos. Y de hecho se le dieron competencias que constitucionalmente eran de los municipios, a las comunas.
Estas comunas, hay que decir, no han funcionado como se pensaba. No hay comunas autosostenibles y no han tenido la organicidad ni el funcionamiento óptimo para gestionar sus propios problemas, dependen absolutamente de lo que haga el Estado.
El modificar la Constitución para instaurar un Estado comunal significa que se sustituirá el Estado federal y se sustituirá la municipalidad para crear una estructura paralela completamente al Estado. Una ANC evidentemente puede cambiar la organización y estructura del Estado, pero hablamos de una Constituyente con el apoyo de un 20 % de la población que piensa imponer una estructura distinta del Estado, un régimen económico distinto e incluso una nueva carta de derechos. Así que lo que se haga no es válido desde un punto de vista jurídico.
RECHAZO ILUSORIO
El 16 de julio se produjo un rechazo a la Constituyente por más de 7 millones de personas que respondieron a una consulta de la oposición. Sin embargo, esto no se concretó y la ANC terminó por elegirse e instalarse. ¿Este rechazo fue solamente simbólico?
—Era previsible, y muchos lo advertimos, que la Asamblea Nacional Constituyente eligiera y fuera instalada para mantener el poder. Pero todo el movimiento que se había producido desde el primero de mayo, todas las marchas, toda acción de la oposición, se había enfocado en impedir que se produjera la ANC, y muchos opositores sintieron frustración, decepción, se desilusionaron, y con razón, porque pensaron que era posible. Y por eso hay alguna gente en la oposición, los que yo llamo los radicales irracionales, que proponen medidas heroicas, aventuras, le apuestan a la calle sin retorno, hora cero, están de acuerdo con que haya acciones militares, se ilusionan con que haya un golpe de Estado o buscan que haya una invasión de los Estados Unidos a Venezuela. Ese es un tipo de radicalismo virulento contra la tiranía, que también es entendible. Hay gente muy desesperada porque no puede vivir, y evidentemente su meta era que esta ANC no se eligiera, no se instalara y que el Gobierno cayera.
¿Nunca hubo posibilidad real de detener su instalación?
—No era posible porque este Gobierno está soportado totalmente en la Fuerza Armada, la represión fue terrible, ninguna marcha dejó de ser atacada, hay gente que fue detenida sin orden judicial, gente torturada. Impusieron todo a la fuerza. Pedirle a la población venezolana que se inmolara y pedirle a los dirigentes políticos que lograran unos objetivos que eran prácticamente imposibles no tenía sentido. Había que intentarlo, pero sin embargo vemos se instaló la Constituyente a la fuerza.
¿Qué pasó con el «mandato popular» de la tercera pregunta de la consulta opositora sobre crear un Gobierno de unidad nacional? ¿Se intentará nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral?
–Es promesa del gobierno de transición no existía, esa figura no existe en la Constitución, lo que había era un Gobierno de unidad nacional para el futuro. Eso sí contemplaba el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero luego de la orden de captura de los magistrados, que la mayoría se encuentran en la clandestinidad, exiliados o presos, esto demostró que es le Gobierno el que tiene la fuerza fáctica. Por eso, elegir rectores del CNE no tiene sentido porque es materialmente imposible que se reconozcan, sería una acción ilusoria. Designar un Gobierno de transición sería errado y nadie lo reconocería, la ONU y los países de la región ya lo han dicho que no lo reconocerían. Hay que jugar con las condiciones reales.
«Hay gente muy desesperada porque no puede vivir, y evidentemente su meta era que esta ANC no se eligiera»
El tiempo juega en contra del tirano
Con los obstáculos que se han impuesto ahora a las regionales ¿Qué le queda a la oposición? ¿Debe participar en estas elecciones?
—Allí hay tres escenarios posibles con tres resultados distintos. Primero, si el Gobierno impide la elección, pierde el Gobierno. Luego, si el Gobierno participa en las regionales y la oposición no, gana el Gobierno. Y tercero, si la oposición va y el Gobierno también, gana la oposición. Todo lo que haga el Gobierno lo dejará en evidencia inclusive para sus partidarios. El tiempo le está jugando en contra y si ahora la situación es terrible, en noviembre y diciembre será mucho peor. Algunos de los obstáculos que se han usado así lo demuestran, como prohibir la tarjeta de la MUD en algunos estados, como las inhabilitaciones políticas o la solicitud de una carta de buena conducta, que no es más que otra forma de inhabilitar. Otra estrategia será impedir testigos de oposición, pero las elecciones serán una contienda entre dos candidatos y se producirá un voto castigo porque la gente está obstinada. Todo lo que se haga será ganancia para el sector democrático.
